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Un proceso complejo
La forma agresiva, degradante con que un hombre maltrataba públicamente a su esposa, en un comunicado a página completa de periódico, me marcó. Los insultos, agravios provenían de un marido y su abogado, que en trámites de divorcio procuraban denigrar a la esposa para además de desbaratar el matrimonio, poner a la mujer ‘en las cuatro esquinas’.
El doctor Baralt, abogado de Ultima Hora y experto en asuntos de prensa, fue siempre opuesto a que los temas judiciales, que estaban en manos de los tribunales, fueran dirimidos en los medios de comunicación. Apoyado en esa línea establecí, como director de Ultima Hora, que los casos judiciales en discusión en los tribunales no se dirimieran en comunicados pagados en el diario.
Estas líneas de procedimiento de discusión pública de los temas judiciales, las mantengo hoy.
Y lo pongo como suerte de preámbulo en este comentario para expresar lo que pienso del camino que va tomando el escabroso proceso del caso Odebrecht, que tiene muchos más componentes que el puramente judicial: es de gran impacto político, de mucha presión social, de morbo comunitario, de oportunidad para algunos vivos tratar de estar ‘en el medio’, de catapulta para esos insertados en grupúsculos de frustrados que reniegan de la sociedad y para los que nada ni nadie sirve, solo sus egos. Es un tema que da para mucho, que da para todo.
El caso Odebrecht parte de una realidad. Denuncias de corrupción admitida y resarcida en gran parte por la propia empresa constructora, mediante su mea culpa, prisión de sus ejecutivos, pagos millonarios en resarcimiento de los montos determinados por la denuncia inicial proveniente de la autoridad judicial norteamericana, país que entendiendo que la empresa se está reinventando sobres sus cenizas, le mantiene las puertas abiertas para que siga trabajando en sus ciudades, con grandes proyectos y con la eficiencia que la catapultó como una de las principales constructoras a nivel mundial.
Las denuncias de corrupción y soborno constituyen un caso sólido para la autoridad acusadora, la Procuraduría General, y un gran reto para los imputados y sus abogados, toda vez que al tiempo que el morbo demanda más acusados, ya a los encartados los han juzgado y condenado moralmente.
Paradójicamente, la oposición política y los grupos bullangueros que alzan la bandera de lucha contra la corrupción y la impunidad, prefieren torpedear el expediente judicial de la Procuraduría y sembrar desconfianza en la autoridad, antes que en apuntalar y exigir que en el caso se haga justicia, que los responsables paguen sus culpas, pero que los inocentes sean exonerados.
Es en este escenario que los abogados defensores y sus clientes imputados, se montan en este carro bullanguero de las declaraciones destempladas y desconsideradas, de unas redes sociales irresponsables y temerarias, de los comunicados de prensa desaprensivos con los que pretenden más que ayudar a sus defendidos, descalificar a la autoridad judicial y tratar de embarrar a muchos para procurar hacer del caso un tormentoso mar incapaz de ser sorteado.
Es por ello que los expedientes deben ser dirimidos en juicios oral, público y contradictorio, en las salas de audiencia de las cortes, dentro de los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.
Con lo que no comulgo, con que este ni ningún expediente, es que sea llevado por las defensas y acusadores a través de comunicados en los medios de comunicación, con acusaciones y contra acusaciones, amenazas y hasta injurias, mentiras, medias mentiras y medias verdades a través de los medios de comunicación, porque es claro que en ello lo que se pretende es echar lodo a todos, en el entendido de que si ‘todos’ estamos involucrados en la maraña denunciada, sería imposible dictar una verdadera justicia. Por demás, estaríamos asistiendo a la disolución de la sociedad.