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Un político mediático y prófugo de la justicia
La palabra prófugo, sinónimo de huido y aplicado a la palabra Justicia, significa lejos del alcance de la acción de la justicia en un Estado de derecho, garante de la libertad. Una persona huida de la justicia, ya sea del derecho interno de cada Nación o del derecho internacional, es una persona que está de espalda a la Ley y su régimen de consecuencias.
Al respecto analizamos dos casos concretos que tienen como común denominador a España. En primer lugar; la huida del ex presidente Catalán Carles Piugdemont hacia Bélgica y más recientemente, la del ex Alcalde de Caracas, Venezuela Antonio José Ledesma Díaz, igualmente huido de la justicia de su país, primero hacia Colombia y finamente a España, donde ha sido recibido como un héroe por el Gobierno y gran parte de la clase política.
Mientras la justicia española está reclamando a Bélgica la extradición judicial del ex presidente la Generalitat de Cataluña, a instancia de la Fiscalía General del Estado por los delitos de Rebelión, Sedición y Malversación de fondos público en la realización del Referéndum ilegal del 1 de octubre pasado, que buscaba romper el orden constitucional, al mismo tiempo, el Gobierno español recibe y por la puerta grande, al ex Alcalde de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, acusado en su país igualmente de usar fondos públicos para organizar actos vandálicos en procura de desestabilizar el Gobierno constitucional de Venezuela.
Sin dudas constituye una paradoja del destino que a estas alturas del siglo XXI, España continúe creyendo que tiene un poder especial a título nobiliario sobre Latinoamérica y que este utópico protectorado, les garantiza el derecho de interferir en los asuntos internos de aquellos países sin que pase nada.
Bueno destacar que sobre el intervencionismo existen varias doctrinas que dan distintos puntos de vista sobre el principio de no intervención y aunque no se cumplan a cabalidad, su vulneración es constitutivo de una falta grave, según el derecho internacional público, que en temimos de política exterior exhorta a los Estados como únicos sujetos del derecho internacional, a no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro, con el propósito de afectar su voluntad.
En ese sentido, somos partidario de la doctrina Estrada, que aconseja ante cualquier tipo de intervencionismo, dejar de reciprocar diplomáticamente, a al menos de forma unilateral, reservándose el derecho de no expulsar de su territorio a los representantes diplomáticos extranjeros, aunque ordenase llamar a consulta a su embajador.
En consecuencia, el gobierno venezolano podría con toda seguridad, acusar al español de injerencia y esto significaría, un enfriamiento en unas relaciones bilaterales que podría quedar plasmada en la XXIV Cumbre Iberoamérica de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse los días 15 y 16 de noviembre del 2018 en la ciudad de Antigua, Guatemala.
En esa Cumbre coincidirán los presidentes Maduro y Rajoy. Igualmente destacar que en ese conclave internacional, el presidente Venezolano Nicolás Maduro acudiría en condición de Jefe de Estado, condición que no tiene Mariano Rajoy, dado que la Jefatura del Estado español, recae sobre el Rey Felipe VI, quien también acude a la cita.
La historia reciente registró el lamentable encontronazo diplomático entre el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías y el entonces presidente del Gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero.
De igual manera el intercambio de verbal entre el Rey Juan Carlos I y Hugo Chávez. Después de aquello, las relaciones entre las dos emblemáticas nacionales del mundo hispanohablante se enfriaron hasta la visita oficial que el último realizó a España meses después a solicitud reiterada del segundo para bajar tenciones.
JPM