Un gobierno abusador prohijador de una mafia con GLP

           Este gobierno lamentablemente se ha caracterizado por haber prohijado y alentado la creación de una alegada mafia alrededor del transporte y  comercialización del  Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo que ha convertido a este combustible en un artículo de lujo de difícil acceso para los sectores más pobres de nuestra sociedad.

El precio del galón de GLP ha llegado a colocarse a niveles casi inalcanzable para la mayoría de la población al colocarse  a RD$127.60, cosa nunca visto en el país, lo que hace que las amas de casas peguen el grito al cielo porque le afecta el presupuesto familiar al reducir el poder de compra.

Ahora eso para el gobierno no es nada mientras esté recibiendo millones de pesos como recaudación por concepto del consumo de este combustible, considerado la basura del petróleo, es decir lo último que se extrae del petróleo, pero que a los dominicanos se lo vender como oro.

El consumo de GLP se ha masificado en el país porque los sectores más pobres lo han incorporado a sus actividades productivas como forma de abaratar los costos de producción principalmente en el transporte de productos agrícola y de pasajeros.

La existencia de una mafia

La alegada mafia existente entre el Estado dominicano y dos grandes empresas distribuidoras de GLP, la Coastal y Geogas, las cuales han servido de instrumentos para la conformación de la trama estatal-empresarial, a beneficio de sus dueños, la alta jerarquía del Gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Alrededor de la alegada  mafia se encontraría vinculado el exministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, apadrinado por el presidente Danilo Medina y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Del Castillo Saviñón habría ganado punto en el gobierno, debido a su eficiencia inescrupulosa en obtener fondos para la elección fraudulenta del mandatario Medina en el 2012, así como también de su adulterada reelección del 2016.

Coastal responde supuestamente  al Grupo Martí, fundado por Carlos Martí, dueño también de Tropigas,  Metro gas, Sunix y Volvo, mientras que Metro Gas está dirigida -con participación soterrada de ciertos jerarcas de PLD por el magnate Arturo Santana, quien primero se asoció al expresidente Leonel Fernández, Luis Manuel Bonetti, y luego pactó con Danilo Medina.

La ruptura de ese último acuerdo se produjo recientemente tras graves déficits que afectan al gobierno y la necesidad de obtener ingresos que hace unos años se le asignaron a la mafia del GLP

El informante señaló que el rompimiento contó con la insistente recomendación y el respaldo del empresario Pepín Corripio y otros grandes financieros disgustados por la “competencia desleal” para avanzar en ese sector.

Operación delictiva con el GLP

Esa operación delictiva con el GLP se basa en alteraciones a los precios de los fletes marítimos, en las tarifas de aduana y almacenamiento, y en los cálculos de los precios semanales de los combustibles. Apoyándose en una secuencia de resoluciones y en medidas que facilitaban abultar estos renglones, como son:

  • Costos de combustibles en barco.
  • Costos de transporte (fletes).
  • Valor de los seguros marítimos.
  • Costos bancarios.
  • Cargos en el manejo de la Terminal.
  • Gastos de administración de la ley.

El consumo de GLP ronda los 500 millones de galones anuales, el 30% en manos del Estado y el 70 controlado por las dos grandes importadoras denunciadas, y en esos 6 años esas resoluciones y medidas impuestas silenciosamente por el Ministerio de Industria y Comercio han servido para elevar artificialmente el precio de paridad de las importaciones de GLP de 110 dólares en el 2011 a 225 dólares en el 2015; lo que representa un alza del 324%, muy por encima del comportamiento real de los precios del petróleo en ese mismo periodo.

La sobrevaluación por tonelada de GLP asciende a los 174.5 dólares y el pueblo pagó 14, 385 millones de pesos por el GLP consumido anualmente, con un sobreprecio de 20 a 25 pesos por cada galón.

El  manejo posibilitó un robo al Estado, en perjuicio de los consumidores (familias humildes y medianas, choferes, usuarios del transporte y negocios que emplean GLP), de más de 12 mil millones de pesos en el periodo 2011-2017, equivalente a unos 1,000 millones de pesos mensuales que fueron a parar a las alcancías gigantes de las dos empresas mencionadas y de los jerarcas del régimen.

Con estos datos -cualquier Ministerio Público no comprometido con la impunidad-  tendría la primera base para construir un expediente criminal que metería en prisión al ex-ministro Del Castillo Saviñón, al propio Presidente Medina, y hasta a su secretario de asuntos turbios, José Ramón Peralta, así como a los representantes del grupo Martí y a Aturo Santana, quien comanda Geogas.

Pero como corrupción e impunidad son esenciales al gobierno de turno y a la institucionalidad vigente, con la reinante ausencia de justicia y vía electoral confiables, solo nos queda practicar la democracia de calle, demandar y lograr el Juicio Político y destitución de Danilo y construir la Constituyente Soberana, para alcanzar las grandes metas de Marcha Verde: fin de la impunidad, cárcel para los corruptos.

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