Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Programa gobierno genera en RD aumento sustancial crianza chivo
P. RICO: Max Puig insta a unir fuerzas frente al cambio climático
Raquel Peña encabezará caravanas este fin de semana en el Cibao
Presidentes comités de base del PLD y FP en SDO pasan al PRM
Candidatos al Senado por San Juan presentan sus propuestas
COPYMECON respalda denuncias de Fiscal General de New York
Autoridades detienen en hotel de Elías Piña a 72 haitianos ilegales
EU reanuda deportación haitianos y envía un vuelo con 50 migrantes
Leonel también lleva a Santiago el lunes encuentro con periodistas
Canciller de RD volverá al Consejo ONU para abordar crisis en Haití
Sentencias, leyes y el problema haitiano
La República Dominicana en los últimos tiempos ha sido sometida a una serie de críticas provenientes del gobierno haitiano, y ciertos organismos y entidades de la Comunidad Internacional por una parte de la política migratoria, que ellos consideran violatorias de los derechos humanos del pueblo haitiano.
Uno de los aspectos que sorprenden a quien conoce la legislación dominicana, y sobre todo la sentencia no.0168 de fecha 23 de septiembre del 2013 es la ignorancia que aparentemente demuestran quienes critican a la República Dominicana. Da la impresión que no les preocupa investigar seriamente lo que está sucediendo.
Para comenzar, se dice que se le quiere despojar de la nacionalidad a los haitianos nacidos en República Dominicana de padres sin residencia legal. Esto no es cierto, porque si bien en la sentencia No. 0168 de fecha 23 de septiembre del 2013, dictada por el Tribunal Constitucional, basándose en una interpretación derivada probablemente de un Tratado con Haiti del 1929, declaro de manera retroactiva que los hijos de haitianos ilegales nacidos en República Dominicana desde el 1929 hasta la constitución del 2010 no eran ciudadanos dominicanos esta no se está aplicando. Dada la poca claridad de la Constitución y los errores a la que esta había dado lugar con la Ley No. 169/14 Se rectifico esta declaración del Tribunal Constitucional estableciéndose que los nacidos en el país desde esa fechan serian acreditados como dominicanos.
Serian declarados dominicanos tanto los que figuraban en los registros civiles como aquellos que no habían sido todavía registrados en el Registro pero que podían demostrar que eran nacidos en el país.
En un artículo del “New York Times” titulado “La República Dominicana debe parar la expulsión de los haitianos”, escrito por unos profesores de Derechos Humanos Internacional de la Universidad de California, Berkeley, se señaló que había una crisis de los derechos humanos en República Dominicana por la deportación de cientos de ciudadanos haitianos que estaban allí trabajando en el área de la construcción, caña de azúcar y otros. Al parecer estos críticos no estaban enterados del plan de regularización de extranjeros que está haciendo el gobierno para regularizar la situación de haitianos ilegales. En otros países esto se hace a través de regularizaciones como por ejemplo en Italia a través de las denominadas sanatorias. Se legaliza la situación de inmigrantes clandestinos que están trabajando en ciertos sectores. Claro, para hacer esa regularización los países exigen ciertas documentaciones que deben ser presentadas y en su defecto estas personas continúan siendo ilegales.
La República Dominicana ha regularizado a quienes han presentado las documentaciones pertinentes, que se refieren sobre todo a la identidad de estas personas. No es culpa del país si muchas de esas personas carecen de documentaciones, esa es tarea de exigir a otros. Es por ello que muchos de los mismos haitianos indocumentados han regresado por su propia voluntad a Haití, porque saben a quienes deben exigir esos documentos de identidad. No puede haber una crisis de derechos humanos por que no se piensan hacer deportaciones masivas y estas hasta han sido suspendidas por un tiempo. Lo que es una concesión de nuestro país. En ningún otro país que deporta ilegales a su país de origen se les acusa de que están provocando una crisis de derechos humanos.
Otras de las críticas injustas y absurdas son las que ham hecho un conjunto de organizaciones que integran la plataforma “Dominicanos por Derecho”. Estos alegaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en la ejecución de las naturalizaciones en el caso de trece mil personas convocadas se pedían pruebas documentales y hasta la presencia de los padres y madres, cosa que, según ellos, no consta en la Ley. Lo que demuestra de nuevo la ligereza de los cuestionamientos. Cuando un documento presenta irregularidad, o no es muy claro, se deben pedir los documentos de identidad y confrontarlo con las personas a ver si coincide o no con lo que figuran en los actos.
Otro de los requerimientos absurdos de esta Comisión es al respecto de las oficinas habilitadas para este proceso por el Ministerio de Interior y Policía. Según ellos, estas no cubren importantes regiones del territorio nacional. Otra queja es que algunas de estas oficinas enfrentan numerosas precariedades. En fin, quieren imponer sus reglas de cómo hacer las cosas cuando esas son actuaciones que conciernen al gobierno, al Estado Dominicano, que es un país pobre con muchos gastos. El Estado no puede derrochar sus recursos cuando hay necesidades más perentorias de satisfacer dentro de nuestro territorio. Lo importante es que en dicho proceso las cosas se hagan con organización y ajustada al Estado de Derecho.