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Seguros de salud y exclusión social
Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son empresas que cobran por ser intermediarias entre el prestador del servicio de salud (PSS) y el usuario. Con frecuencia niegan al asegurado un servicio que éste ya ha pagado por adelantado, esta acción es cotidiana y no hay consecuencias por tal procedimiento.
Las farmacias tienen una lista para revisar los medicamentos indicados por los médicos y si no están en ella, el usuario se queda sin tratamiento.
No hay manera de entender tal comportamiento, pues se sabe que el asegurado tiene 8 mil pesos depositados por año para ser usados en fármacos. No se explica por qué tienen que ser los productos que están en un listado, cuando se supone que ese monto es destinado para ese renglón. Sería bueno que alguien explicara qué hace la ARS con ese dinero que no es gastado por el usuario, ni se acumula para sumarlo a los 8 mil del próximo año.
¿Dónde va a parar esa suma? Quizá si supiéramos la respuesta real a esa interrogante tendríamos la explicación de las trabas que se ponen para cumplir con las prescripciones del médico. Se supone que si ese dinero se deposita para adquirir medicamentos indicados por el facultativo, no importa cuál es el producto, siempre y cuando éste sea recetado por un médico.
¿Por qué los obstáculos para dar un servicio que se pagó por adelantado?
Las ARS, como administradoras de riesgo de salud, deben explicar, por qué si hay una gran cantidad de medicamentos elaborados con las mismas sustancias activas, para unas marcas cubren y para otras no. ¿Qué culpa tiene el usuario de que haya competencia comercial en el mercado farmacológico nacional? ¿Por qué la exclusión de algunas empresas involucradas en este negocio?
¿Por qué si el usuario paga para las atenciones de salud, la ARS tiene que escoger el facultativo para cubrir las necesidades del enfermo, cuando lo humano es que éste seleccione de manera libérrima quién le atiende? Es bueno aclarar que el dueño es el que pone el dinero, no el administrador de una empresa y en este caso el usuario es quien aporta el dinero para la salud, no la ARS.
Pasa algo parecido con los servicios de laboratorio clínico y de servicios de imagenología (radiografía, sonografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética y ecocardiografía).
Muchas administradoras de riesgo de salud no quieren incluir entre sus clientes a los adultos mayores, negándoles el derecho constitucional a la salud y a la seguridad social. En algunos casos un gran número de personas no quieren pensionarse porque quedan desamparadas, sin seguro médico, después que cotizaron durante años para este servicio, que casi todos están de acuerdo en seguir pagándolo de manera regular; pero un alto porcentaje de las empresas aseguradoras no quieren aceptarlos por su alto riesgo de enfermarse.
Por otro lado, las diferencias cobradas por los servicios de salud son tan grandes que muchos asegurados, cuando se enferman, prefieren ir a los hospitales públicos porque no soportan el elevado costo del servicio por el que pagan un seguro privado.
Si una indicación no tiene un acento, le falta una letra o el sello del médico es rechazada; pero si el usuario paga el servicio en efectivo se lo ofrecen aunque lo diga de manera verbal o lo anote en un papel de envolver en el colmado, sin importar que no lo prescriba un médico.
El usuario debe empoderarse de su salud y reclamar su derecho. Es tiempo de parar con este manejo tan inhumano de un servicio consagrado en la Constitución Dominicana vigente.
jpm