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¿Se puede cambiar el paradigma del control de la criminalidad?
No cabe duda, que como los resultados de los esfuerzos que hasta el momento se han hecho en nuestro país y en muchos otros de América Latina, en materia de política pública para la seguridad personal y colectiva no han cumplido con las expectativas de los ciudadanos, urge la necesidad de un cambio de modelo, pues contrario a disminuirse la inseguridad pública que aqueja a todos los ciudadanos, las estadísticas nos muestran todo lo contrario.
El profesor Alberto Binder, en un trabajo titulado ´´El control de la criminalidad en una sociedad democrática´´ afirma que el tema de la inseguridad pública, socialmente es percibido como grave, es decir, que la gente, por medio de la impresión que le trasmiten sus sentidos, de tantos hechos delictivos que a diario se producen y resaltan en los medios de comunicación, termina con una percepción de que ciertamente es grave lo que está sucediendo.
Relativamente alejada de lo que piensa Binder, Yo soy de opinión que más que una percepción, socialmente la inseguridad pública se ha convertido en el principal problema para la convivencia social y pacífica de la mayoría de ciudades en América Latina, superando en algunos casos, temas como la salud pública, el alto costo de la vida, la corrupción, la impunidad e incluso el desempleo, de los cuales los gobiernos reciben ácidas críticas por parte de los ciudadanos a través de las mediciones que se llevan a cabo periódicamente.
La realidad de la inseguridad pública es que, como no se logra encontrar una respuesta efectiva desde las esferas de los aparatos de organismos de seguridad del Estado, termina provocando una especie de paranoia colectiva, que sumerge la mayoría en una impotencia tal, que le produce una sensación de pestilencia social, y el descarte definitivo de cualquier promesa que pretenda erigirse como solución salvadora y redentora de toda esta calamidad.
El problema del tema del control de la criminalidad y la necesidad de un cambio de paradigma para lograr una mayor efectividad contra el crimen, es que muchas veces, ese que está facultado y obligado a diseñar e implementar políticas públicas para disminuir los índices de criminalidad, y asegurarnos a todos los ciudadanos espacios públicos libres de violencia, me refiero al Estado, es el primero que actúa con signos delictivos y en connivencia con la misma criminalidad.
No es casual que el propio Claus Roxin, en su libro ¨ Política criminal y sistema de derecho penal¨, afirmara que cuando ese que está para garantizar la seguridad ciudadana, es decir, el Estado, actúa delictivamente, se convierte en un tipo de organización criminal, lo cual es mucho decir.
Yo pienso que los Estados deben revisar el origen, el poder del Estado desde donde se plasma, concibe y diseña verdaderamente la política criminal, es decir, el Congreso, que por medio del legislador, es que configura las normas penales, no solo describiendo las conductas que le estarán prohibidas realizar a los ciudadanos para que no delincan, sino también las penas o castigos que traen aparejadas para los infractores.
Es decir, que es competencia del Congreso, y luego del Gobierno, facilitar los medios económicos y tecnológicos, que permitan erradicar las dificultades que tan acertadamente describe el profesor Binder, en lo relativo a la información y el análisis de la información criminal, disponiendo en el presupuesto que cada año éste le aprueba al Gobierno Central, los recursos suficientes para los organismos de seguridad del Estado (Policía, DNI, DNCD, etc.) y del Ministerio Público, como diseñador de la política pública contra la criminalidad y persecutor del crimen y los delitos, puedan enfrentar con mayor eficiencia el flagelo de la criminalidad.
Yo no descarto que se trate, además, de voluntad política, es decir, que las élites políticas comprendan la importancia de controlar la criminalidad, como elemento catalizador de la gobernabilidad, reconociendo que sin recursos suficientes para los organismos que están diseñados para enfrenta el fenómeno criminal, la delincuencia, en sus expresiones de común y organizada, terminará ganándonos finalmente la batalla.
Yo creo que el cambio de paradigma deberá estar asociado con un cambio en la actitud de la clase dirigencial del país, es decir, en una clase política y una sociedad civil, unidas en un solo propósito contra la criminalidad, asumiendo un liderazgo con responsabilidad, que nos permita hacer efectiva la investigación y la persecución de los crímenes y delitos, y que culmine con el logro de ver algún día un sistema de administración de justicia, capaz de evitar que una buena parte de los crímenes que desafortunadamente terminarán inevitablemente produciéndose en toda sociedad del silgo del XXI, con el castigo que cada uno de ellos se merece.
La lucha contra la criminalidad y el cambio de paradigma, para poco servirían en una sociedad democrática, sino hay un cambio en la actitud colectiva, ya sea el Estado asumiendo su rol de garante de los derechos de los ciudadanos, ya sea con un órgano persecutor independiente, ya sea con un sistema de justicia eficaz y que garantice la no impunidad de los delitos, o ya sea con una ciudadanía dispuesta a castigar en las urnas, las incompetencias de los gobernantes.
El problema no es conceptual, no es tan difícil describir e identificar el problema del fenómeno criminal desde una aula universitaria u otro centros del conocimiento, lo importante es saber si la clase política dominante, esto es, los que hacen las leyes (los congresistas), los que están obligados a investigar y perseguir el crimen y los delitos (MP y organismos de seguridad del Estado), los que administran justicia (jueces), y el Estado per se, están dispuestos a sacrificar su interés particulares por el colectivo.
El crimen, en especial el organizado, no es una realidad que ha caído del cielo, sino un fenómeno que ha sido concebido, aupado, patrocinado y protegido desde las distintas instancias del poder, por lo que, si ese poder que lo protege no está dispuesto a deshacerse de él, todo cuanto se diga de política de control de la criminalidad y de necesidad de cambio de paradigma, no será otra cosa que otro mero discurso politiquero.
JPM
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