Reorientar el PRD: prueba para el TSE

El Tribunal Superior Electoral, con caras nuevas, tiene una franca oportunidad de restaurar su debilitada imagen. Salir como salieron los predecesores no es la forma deseable para los recién posesionados jueces de esa alta corte. Un propósito  ha de ser satisfacer a la sociedad mediante acciones –y solo eso- justas y correctas. Así saldrán bien.

La instancia sometida por dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano para anular aspectos del estatuto hecho a su  medida por el presidente de ese grupo, Miguel Vargas, es una oportunidad para que el TSE  indique sus actitudes frente a los conflictos  en los que le corresponderá  tomar decisiones, sobre todo de los partidos políticos.

El ejercicio de la democracia tiene que  empezar por las organizaciones políticas. Es bien sabido que el señor Vargas ha estropeado la trayectoria democrática del PRD, fundado  antes de que él naciera. Fue un gran partido  y  jugó papeles estelares  en pro de la democracia dominicana, pero Vargas lo  disminuyó para perpetrar su  control unipersonal.

Dos vicepresidentes del  PRD -Andrés  Henríquez y Aníbal García Duvergé- depositaron  un amparo contra tres artículos del estatuto, en  los que el presidente  de la organización se  otorga poderes extraordinarios. Estos y otros dirigentes han emprendido la tarea de restablecer el orden institucional  en el más antiguo partido de República Dominicana.

 

 

Se pide al TSE declarar nulos  los artículos  55, 62 y 173   del estatuto que se hizo aprobar el señor Vargas por considerar que “liquidan el ámbito de actuación de los organismos y crean instrumentos revertidos de legalidad”.  El recurso fue introducido  a través de los abogados Guido Gómez Mazara y Homero Samuel Smith.

Vargas se ha   arrogado  el derecho a designar candidatos a cargos electivos  por encima de los escogidos en las convenciones  partidarias. Por igual, se ha concedido la facultad  de nombrar dirigentes  en adición a los investidos por los órganos regulares. Todo se ha acomodado al interés personal de Vargas. Y así no se construye la democracia.

Un artículo estatutario  indica que el PRD  tendrá cincuenta vicepresidentes, pero que el presidente tiene potestad para designar los que considere. Los reclamantes  indicaron que las acciones legales  procuran devolver al PRD el ritmo institucional capaz de activar los “circuitos de participación y apertura” limitados por una  actitud personalizada.

Pese  a algunos cuestionamientos, la  designación estos  nuevos  jueces ha  sido más saludable para nuestra democracia que la apetecida  permanencia de los anteriores. Tienen  suficiente  tiempo para  quedar bien con la sociedad y sus conciencias. Reorientar el PRD  es una   oportunidad para ello,   aunque  sea una  prueba para el TSE.

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