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Puerto Rico en busca de solucionar crisis fiscal
SAN JUAN.- Puerto Rico se adentró oficialmente en la lista de los países y territorios que han decidido dejar de devolver el dinero que tomaron prestado de los mercados internacionales para financiar su crecimiento.
Su gobernador Alejandro García Padilla, que incluso abandonó sus aspiraciones a la reelección para centrarse en solucionar la crisis fiscal que sufre la isla, anunció ayer su decisión de aplicar una moratoria unilateral en el pago de los 422 millones de dólares que este domingo debía abonar a los titulares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Ejecutivo.
Aunque en meses pasados ya había dejado de pagar algún vencimiento puntual de deuda, el anunciado ayer es el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña.
«Ha sido una decisión muy difícil, que francamente hubiese preferido no tomar», explicó en un mensaje público a la ciudadanía en el que dijo que su prioridad es «proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente, mientras Puerto Rico continúa luchando para superar la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado en su historia».
Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de EE.UU. «un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes» y que «nos permitiría asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable».
«La mayoría de nuestros niños reciben la educación en las escuelas públicas. La mitad de nuestra población recibe su cubierta de servicios médicos del Gobierno, incluyendo las medicinas recetadas que necesitan para sobrevivir», explicó para resumir cuál es la situación actual.
Esa situación «es tan difícil», señaló, «que a duras penas podemos proveer los servicios que nuestros estudiantes de educación especial necesitan desesperadamente» o «pagar la gasolina que necesitan las patrullas de nuestros policías y los camiones de nuestros bomberos».
«Sencillamente no tenemos dinero suficiente para pagar todos esos servicios y a la vez pagarle también a nuestros acreedores», algo de lo que, según dijo, «tanto el Congreso (federal) como los acreedores son plenamente conscientes».
Sin embargo, «hasta el momento, no han tomado acción, y la crisis cada día se hace más profunda», lamentó el gobernador, quien recordó que hace ya casi un año anunció que Puerto Rico no podía pagar su deuda de más de 70.000 millones de dólares sin una reestructuración y la intervención del Congreso de EE.UU.
En su mensaje acusó a los «poderosos opositores del pueblo de Puerto Rico» de lanzar «una campaña brutal de discrimen racial» contra los puertorriqueños y convencer a algunos congresistas de que Puerto Rico no necesita «un proceso justo de reestructuración, sino un castigo colectivo».
«En una acción de pura codicia, algunos de los fondos buitres y sus cabilderos quieren privar a Puerto Rico» de poder declararse en quiebra bajo la protección de la legislación federal, lo que permitiría reestructurar la deuda de forma ordenada y sin tener que hacer frente a las demandas que un impago como el anunciado previsiblemente se agolparán en los tribunales estadounidenses.
El gobernador también dijo estar en contra de la condición que Washington quiere imponer a cambio de esa incorporación y que consiste en someter al Gobierno local al control de una junta externa.
Para García Padilla la imposición de una junta que esté por encima del Gobierno es una falta de respeto al derecho de autogobierno de este Estado Libre Asociado y solo la aceptaría si se limitara a brindar «asistencia» para «balancear el presupuesto y mejorar la disciplina fiscal».
«Nos oponemos firmemente a una junta de control fiscal con funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu Gobierno, decidiendo cómo se gasta tu dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, enmendar o derogar nuestras leyes a su antojo y sin ninguna responsabilidad de rendirte cuentas a ti», argumentó.
«Sería una vergüenza pública que los EE.UU. tuvieran que admitir ante la comunidad de naciones del mundo que, mientras se va a la guerra en la defensa de la democracia en tierras extranjeras, se la deniegan a los puertorriqueños en su propio patio», advirtió.
En ese sentido, señaló que los lazos entre Puerto Rico y EE.UU. «están basados en la ciudadanía común y en que estamos firmemente comprometidos con la justicia, la democracia y la libertad».
«Si el Congreso actúa de manera distinta, estaría restableciendo el poder colonial sobre Puerto Rico, y eso abriría una caja de pandora con consecuencias sumamente peligrosas», advirtió.
El mandatario apeló a la «sangre derramada» por los cientos de miles de puertorriqueños que han servido en las fuerzas armadas estadounidenses, incluso en unidades segregadas.
«Ahora, le toca el turno a EE.UU. de demostrar que ese compromiso que nosotros hemos demostrado con nuestra sangre es mutuo», apuntó García Padilla, quien afirmó seguir teniendo «fe» en la ayuda de Washington y se comprometió a «seguir trabajando para negociar con nuestros acreedores».
of-am