Proponen crear una procuraduría especial contra los delitos electorales

Santo Domingo, 18 abr (EFE).- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) propuso hoy la creación de una procuraduría especial contra los delitos electorales, entre otros cambios planteados ante una Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudia los proyectos de ley sobre el Régimen Electoral y de Partidos Políticos.

La entidad vincula ambas piezas y, además de numerosas modificaciones, plantea la necesidad de un gran pacto político social para superar los problemas institucionales, la corrupción y la impunidad que afectan a la nación.

Las propuestas de Participación Ciudadana sobre el proyecto de Ley de Partidos pasan por que los estatutos de las formaciones garanticen «la democracia interna, con mecanismos antifraude, tanto para la elección de dirigentes como de candidatos, y con sanciones específicas a las violaciones».

Asimismo, «que cada partido organice y procese sus procesos de elección internos, con garantías democráticas, con asistencia técnica, supervisión y fiscalización de la JCE».

«Es fundamental la renovación periódica de los dirigentes y la elección de candidatos a las elecciones nacionales por voto universal de los militantes, limitando al 10 % la cuota para postular dirigentes y aliados, por decisión de los organismos pertinentes», agregan desde PC.

También, propone establecer «límites de tiempo y de gasto en las precampañas y campañas electorales, sin que se pueda pagar promoción antes de tres meses de la elección, ni pegar afiches, ni vallas, ni realizar actividades en vías públicas fuera del período reglamentario, y que la propaganda sea en la jurisdicción correspondiente al cargo».

«Una distribución menos desproporcionada del financiamiento estatal a los partidos, reduciendo del 80 al 70 % el destinado a los que obtengan más del 5 % de los votos, y el resto en proporción a los votos obtenidos en los distintos niveles de elección y al número de ciudadanos que apoyan un nuevo partido», es otra de sus propuestas.

Además, «que la extinción definitiva de un partido sea después de un tercer reconocimiento, en vez de los dos que plantea el proyecto de la JCE».

En cuanto al Proyecto de Ley Electoral, plantea la creación de una Procuraduría Especializada para la Persecución de los Delitos Electorales, «integrada por profesionales sin militancia partidista ni vínculos con el Gobierno.»

Sugiere, asimismo, «eliminar la condición de abogado para ser miembro titular de la JCE, que ya no es un tribunal contencioso y reducirle el presidencialismo acentuando su condición de organismo colegiado, integrado por personas que no hayan tenido militancia política en los dos años anteriores.»

Pretenden «mantener el voto preferencial por los diputados y ampliar las facultades del elector para escoger senador y diputados de diversas listas, así como alcaldes y regidores, sobre todo cuando las elecciones municipales sean separadas de las presidenciales y congresuales.»

«Limitar el gasto y el tiempo de las campañas electorales a 90 días máximos, con prohibición de promover candidaturas fuera de ese período. Con regulación de la publicidad para hacerla equitativa, y que sea igualitaria en los medios del Estado», apuntan desde PC.

La publicidad de los organismos del Estado en el período de campaña a los asuntos institucionales y legales sería otro elemento a limitar, así como el gasto social de los órganos estatales y la contratación de empleados fijos o temporales al promedio de los tres años anteriores.

Plantean prohibir las inauguraciones de obras durante el período de campaña, «aunque las mismas podrán ser puestas en servicio, y que todos los candidatos a la reelección tomen licencia de sus cargos ejecutivos o municipales.»

Con respecto a las candidaturas a senadores y todas las demás posiciones electivas y cargos directivos, debe «garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular.»

Por último, sugiere «eliminar los fondos para asistencia social de los legisladores, por carecer de fundamento constitucional y por promover un clientelismo que les otorga ventajas competitivas cuando buscan reelegirse.» EFE