Procurador dominicano cree trascendental sentencia contra imputados Odebrecht

Santo Domingo, 7 jun (EFE).- El procurador general de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, calificó hoy de «trascendental para la lucha contra la corrupción» la imposición de medidas de coerción contra 13 exfuncionarios, políticos y empresarios imputados por los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país.

La sentencia emitida hoy por el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, declara complejo el caso y dispone penas de prisión preventiva, que van de los tres meses a un año, para ocho de los imputados, incluyendo el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de los fundadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, se dispuso arresto domiciliario para dos de los encausados y fianza de cinco millones de pesos (105.700 dólares) para dos senadores del PLD y para un diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición).

Para Rodríguez, la decisión de imponer medidas de coerción contra los implicados «evidencia que existen suficientes elementos preliminares que comprometen la responsabilidad de cada uno de ellos» y que «la actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido correctos».

Según un comunicado de la Procuraduría, la sentencia fue emitida después de que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El procurador reiteró que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa Odebrecht como las personas a las que sobornó con el fin de obtener contratos de obras del Estado.

Según Rodríguez, «esta es solo la primera fase de este proceso» y la acusación está bien preparada, lo que permitirá establecer «en un juicio de fondo una nueva era en la lucha contra la corrupción».

El juez impuso seis meses de prisión preventiva para el ministro Montás, igual pena para el presidente del PRM y extitular del Senado, Andrés Bautista García, y un año para el empresario Ángel Rondón, acusado de ser el distribuidor de los sobornos.

Para el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, alto dirigente del PLD, el juez impuso 9 meses de prisión, mientras que el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González deberá cumplir 6 meses de cárcel preventiva.

Ortega dictó 9 meses de cárcel para el abogado Conrado Pittaluga, y 3 meses para el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez, asó como para el exfuncionario de esa dependencia Máximo De Óleo.

En tanto, ordenó arresto domiciliario para el extitular de la Cdeee Radhamés Segura, miembro del influyente comité político del PLD, y para el exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez.

Para los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y para el diputado Alfredo Pacheco, que tienen inmunidad parlamentaria y cuyas respectivas cámaras ya han iniciado el trámite para decidir si les retira la inmunidad, el juez Ortega dispuso el pago de 5 millones de pesos (105.700 dólares) e impedimento de salida del país.

Otro de los imputados es Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado de que regresará para afrontar las acusaciones, aunque esto no se ha producido.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004) del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.

Las detenciones se practicaron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014. EFE