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Problemas estructurales agravados
Pese a la construcción de túneles y elevados en diversos puntos del gran Santo Domingo, así como del Metro de Santo Domingo a un costo multimillonario en dólares y euros, el problema del tránsito vehicular en los últimos años, lejos de apalearse, adquiere hoy por hoy características de caos, sin que se observe la implementación de medidas efectivas que tiendan a organizarlo.
La vida de todos los ciudadanos que tenemos que cumplir un horario de trabajo, llevar y buscar los hijos al colegio, y cumplir una serie de tareas y diligencias cotidianas como ir al supermercado, pagar los servicios básicos, echar combustible, etc., se hace cada vez más estresante, angustiosa y mucho más costosa por el gran entaponamiento de vehículos que afecta prácticamente a todas las avenidas y calles de Santo Domingo.
Movilizarnos de nuestros hogares hoy en día significa un gasto cada vez más oneroso, no sólo por el elevado precio que los dominicanos pagamos por cada galón de combustible, sino porque hace unos años gastábamos un galón de gasolina para recorrer unos kilómetros, pero en la actualidad consumimos por lo menos dos galones para recorrer igual distancia, dado los tapones que padecemos diariamente y casi a todas horas.
El problema del tránsito ha devenido pues en estructural y mayúsculo, por lo que requiere de soluciones e inversiones inmediatas, a mediano y largo plazo, así como de un cambio de visión para la solución del mismo. Y es que, por ejemplo, mientras no hay prácticamente un sólo semáforo «inteligente» funcionando en la capital dominicana, la mayoría de los ciudadanos estamos consumiendo miles y miles de pesos innecesariamente, en detrimento del presupuesto familiar.
Ese consumo excesivo e innecesario de combustible no sólo afecta la economía familiar y empresarial, sino también afecta las finanzas públicas y la economía del país, porque evidentemente demandamos mucho más petróleo y combustibles, y por lo tanto, mucho más divisas para pagar dichos productos importados.
Esas consecuencias del problema del tránsito nos conduce a otros dos problemas importantes que también se pueden considerar «estructurales», y que de alguna manera se relacionan entre sí.
Uno es el problema de los bajos salarios que devenga la inmensa mayoría de los trabajadores y profesionales dominicanos, tanto en el sector público como en el privado, lo cual revela la inequitativa distribución de la riqueza que existe en la República Dominicana, reconocido tanto por los organismos internacionales como por el propio presidente de la República en su momento. Y el otro grave problema es el de la deuda pública externa.
En cuanto al primero, justo es reconocer que el Presidente Danilo Medina hizo un esfuerzo por mejorar un poco las retribuciones de algunos sectores laborales, como en el caso del aumento de los salarios de los maestros, de los médicos y de una parte de los miembros de la Policía Nacional, pero lamentablemente esos aumentos fueron parciales, y en el caso de los agentes y miembros de la Policía, insuficientes.
No obstante el incremento en los sueldos que efectuó el presente gobierno a una parte de los integrantes de la Policía Nacional, los salarios actuales de la mayoría de los agentes, miembros, docentes y pensionados de dicha institución en modo alguno guardan relación con el costo de la llamada «canasta familiar», y en muchos casos, inexplicablemente, sus ingresos son mucho menores que sus pares en el Ejército.
En ese orden de ideas, no puede hablarse de distribución equitativa de la riqueza y de una mejoría en la calidad de vida de los trabajadores y de los dominicanos en general cuando se incrementan constantemente los precios de las viviendas, de los combustibles, de la energía eléctrica, de los alimentos, de los útiles escolares y la matrícula educativa a nivel preuniversitario y universitario, de los servicios médicos, etc., y por el otro, los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores y servidores del Estado se mantienen congelados por años y su poder adquisitivo se corresponde con el costo de la vida de principios de los años noventa.
En la República Dominicana no sólo se paga uno de los más altos porcentajes del Impuesto sobre la Renta en América Latina, sino también del ITEBIS, del Selectivo al Consumo y de los aranceles de importación, así como de impuestos indirectos como el impuesto a los combustibles que se emplea esencialmente para amortizar el pago de la creciente deuda externa.
La carga impositiva que paga la clase media dominicana de manera directa e indirecta es enorme y la mantiene asfixiada por cuanto sus ingresos no se corresponden con el alto costo de los servicios y de los impuestos que debe de pagar.
Acerca del preocupante problema de la deuda externa, la cual aumentó en un 13.6% en un año, desde abril de 2016 a abril de 2017, es decir, en unos cinco mil y tanto millones de dólares, alcanzando el 51. 2 % del PIB, entendemos que de seguir esa tendencia se convertirá en un asunto inmanejable, lo que conllevaría a nuevos incrementos impositivos, ya sea a través de paquetes fiscales aprobados mediante leyes dictadas por el Congreso, o a través de medidas administrativas que incrementen las tasas por servicios, como de hecho se ha venido haciendo en varias instituciones del Estado, como el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de Migración y muchas otras.
Sin ánimo de ser pesimista, sino más bien realista, y mirando un poco «más allá de la curva», entiendo que los tres problemas señalados, el caos en el transporte y el tránsito vehicular, el problema de la distribución de la riqueza a través de una política salarial justa y equitativa, y el problema de la deuda pública externa, constituyen una especie de espada de Damocles para el progreso y el bienestar de la mayoría de la población dominicana, por cuanto es la clase trabajadora y la clase media la que, en definitiva, paga por la falta de solución y el agravamiento de los mismos.
of-am