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Por el rescate de los habitacionales públicos
La política de construir proyectos habitacionales por parte de los gobiernos en la República Dominicana, hay que fortalecerla debido a que una vez concluidos y entregados a ciudadanos de medianos recursos económicos, con el tiempo caen en el olvido y esos importantes proyectos se van deteriorando sin que exista una definición clara de quienes son los responsables de dar mantenimiento a sus calles, aceras, contenes, energía eléctrica, agua potable y de las edificaciones e instalaciones.
La ley de Bienes Nacionales número 242 del 24 de junio del año 1950 establece en su acápite g) de sus funciones que la Dirección Nacional de Bienes Nacionales debe velar por la conservación de los bienes inmuebles del Estado y mantener al día los inventarios de dichos bienes así como también la salvaguarda y control de los títulos que avalan su pertenencia.
Por otro lado el Instituto Nacional de la Vivienda fue creado en virtud de la ley 5892 de 1962 para fines de crear planes de viviendas de acceso a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan mejorar sus condiciones de vida y con financiamiento blando, pudieran adquirir una vivienda. Esta institución comparte la función de recaudo y cobro de las viviendas financiadas con Bienes Nacionales.
El papel que viene jugando el Estado Dominicano a través de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales se ha quedado rezagado en el tiempo, a tal punto que no se lleva un control adecuado de los pagos que realizan los ocupantes y futuros propietarios pero mucho más, se hace muy difícil conseguir una carta de saldo para tener constancia de que ya sea concluido con el pago de la deuda, por parte de los ciudadanos.
En el área de propiedad y tenencia de la tierra, algunas instituciones del Estado están llevando a cabo un programa muy importante de titulación de tierras con el propósito de dar capacidad de financiamiento de aquellos propietarios que no tienen los recursos frescos para financiar la siembra de productos que van a engrosar la oferta en el mercado.
Es importante que las autoridades de Bienes Nacionales e Invi busquen el apoyo del Ministerio de Obras Publicas, hagan un relanzamiento del programa de remozamiento de esas propiedades y viviendas financiadas por el Estado, para que se recupere el costo de construcción invertido, que se inicie el proceso de adjudicación de todas las propiedades que han sido saldadas por sus propietarios y que inicie el plan de adecentamiento de esos proyectos habitacionales.
Tanto en Europa como también en algunos países de Latinoamérica existen planes de mantenimiento de edificaciones que son propiedad del Estado y podemos observar que son rehabilitados con frecuencia de cinco años, en sus calles, aceras, embellecimiento ambiental, pintura, restructuración de los sistemas de agua potable, drenaje pluvial, energía eléctrica y pintura que mantenga la armonía y diseños originales.
Pasado un tiempo observamos cómo se van transformando esos residenciales, donde se realizan modificaciones a sus estructuras sin previo permiso, se instalan colmadones, discotecas, bancas de juego, dándole un uso inadecuado a esas edificaciones, las que se hicieron para viviendas de familias y entornos no compatibles con ese tipo de uso.
No estamos responsabilizando a la Dirección General de Bienes Nacionales, ni al INVI, sino que nuestros comentarios van en el sentido de que se pueden aunar esfuerzos con el Ministerio de Obras Públicas para rescatar aquellos residenciales cuyos deterioros en términos de estructura vial, de edificios, ambiental, limpieza y de ornato, están a la vista de todos.
Si las instituciones que tienen la responsabilidad de recuperar el valor invertido en esas edificaciones velaran por el mantenimiento y vigilancia al uso, los ciudadanos que fueron favorecidos con una vivienda financiada con el presupuesto del Estado, estamos seguros que cada beneficiario realizaría el pago de manera sigilosa de ese importante activo que se llama vivienda.
Esperamos que estos comentarios sirvan como chispa que encienda la luz de la razón, a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales y se aboquen a cumplir con las facultades que les otorga la ley y los ciudadanos puedan recibir el apoyo para el mantenimiento y recuperación de su esplendor, recuperar los espacios perdidos, así como recibir la ayuda para que no se sigan deteriorando estos importantes activos nacionales.