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PERU: Keiko Fujimori será investigada con ley crimen organizado
Lima, 29 sep.- Un fiscal peruano dispuso que una investigación que se sigue contra la líder opositora Keiko Fujimori y su esposo, el estadounidense Mark Vito, se haga en el marco de la Ley de crimen organizado, informó hoy el Ministerio Público.
«Fiscal José Pérez dispone que investigación contra Mark Vito y Keiko Fujimori se adecúe a la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077) y el NCPP (Nuevo Código Procesal Penal)», señaló un mensaje publicado en la cuenta oficial en Twitter de la Fiscalía.
La ley mencionada establece que promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal de tres o más personas es considerado un agravante en un grupo de delitos, entre ellos el lavado de activos.
El Ministerio Público agregó que el fiscal Pérez ha solicitado «vía cooperación judicial internacional, recabar información sobre la sociedad LVF Liberty Institute», una organización con sede en Estados Unidos que supuestamente transfirió 65.000 dólares al partido fujimorista Fuerza Popular en 2015.
Pérez, titular de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos, fue designado a comienzos de este mes para investigar las denuncias sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El diario La República recordó hoy en que en febrero de 2016, reveló que LVF Liberty Institute, cuyo apoderado es el peruano Juan Carlos Luna Frisancho, transfirió 65.000 dólares a Fuerza Popular y desde entonces «no consignó ningún otro movimiento bancario».
«Si bien la entidad reconoció haber sido la aportante, no se dio datos de quienes fueron las personas que proporcionaron el dinero. Luna Frisancho, apoderado de LVF Liberty Institute, sostuvo que los aportantes son «personas allegadas» que desean mantenerse en el anonimato porque «no quieren nada a cambio de su donación»», remarcó el diario en su portal en internet.
El Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, también confirmó a fines de agosto que una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje «Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita» (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita) estaba en poder de los fiscales peruanos.
Odebrecht pidió al entonces director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que aumentara el apoyo a la candidatura de Fujimori durante la campaña presidencial peruana de 2011, según las declaraciones que dio a fiscales peruanos en mayo pasado y que fueron publicadas en julio por la revista Caretas.
Tras conocerse esa información, la líder de Fuerza Popular escribió que ni ella ni su partido recibieron dinero de Odebrecht y manifestó su intención de colaborar con la Justicia porque, según dijo, tiene la certeza de que el proceso «confirmará» su posición.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales. EFE
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