PC pide aprobación de leyes Electoral y de Partidos en la nueva legislatura

Mediante una carta remitida al mandatario, PC manifiesta si opinión de que ese día, al comparecer ante la Asamblea Nacional, sería «una buena oportunidad para colocarse por encima del inmediatismo y las simples conveniencias partidarias y coyunturales.»

En relación a la Ley de Partidos, PC considera vital contar con «plenas garantías de la democracia interna, con igualdad de derechos y deberes, y cuotas que favorezcan la incorporación de las mujeres, no sólo a los cargos electivos, sino también a los de dirección de los partidos»

Estos «deben renovarse periódicamente mediante votación de todos sus miembros empadronados, o apelando al voto universal, si así lo establecen los estatutos y las asambleas legalmente constituidas.»

PC pide también «absoluta transparencia del financiamiento público y privado de los partidos, campañas electorales y candidatos, con obligación de rendir cuentas sobre sus donantes ante sus miembros y cualquier ciudadano interesado, como condición para recibir el subsidio anual del Presupuesto Nacional.»

«Establecer límites al financiamiento de empresas y personas, prohibiéndolo a las instituciones extranjeras de todo género» salvo determinadas excepciones, así como «poner topes de gasto para todos los niveles de precandidaturas o candidaturas, a fin de abaratar el alto costo de la política y reducir el poder del dinero en la selección de dirigentes y candidatos.»

Asimismo, PC hace en la carta una serie de sugerencias relativas a la elección de dirigentes y candidatos en periodos de precampaña, y sobre sanciones por la obtención de votos de forma fraudulenta.

En cuanto a la Ley del Régimen Electoral, Participación Ciudadana señala como aspectos fundamentales que se derogue «la condición de abogado para ser titular de la Junta Central Electoral (JCE), puesto que ya no es un tribunal contencioso.

También cree que para ser electo como miembro de la JCE «es imprescindible no haber tenido militancia política por lo menos en los dos años anteriores» y sugiere «establecer regulaciones de tiempo, contenido y financiamiento de las campañas electorales nacionales».

PC plantea la «estricta prohibición del uso recursos ilícitos, provenientes del Estado, de actividades ilegales, como de lavado de activos y de fondos provenientes de instituciones extranjeras de cualquier naturaleza en las campañas electorales de los partidos y candidatos.

Para la organización se debería «obligar a todos los directores de campañas electorales a tomar licencia de los cargos públicos que pueden estar desempeñando.

«Prohibir inauguraciones de obras públicas o anuncios de nuevas obras durante el período de la campaña electoral, a no ser las que puedan derivarse de situaciones de emergencia imprevistas», también está entre sus planteamientos.

Además de otras consideraciones relativas al voto preferencial, del sistema de distribución de los diputados, o de la publicidad en medios PC cree que «debe prohibirse pagar la asistencia a actos de campañas electorales y las dádivas o compras de votos en todas las elecciones».

Sugiere, por último, «establecer una procuraduría especializada para perseguir los delitos electorales, cuyas sanciones deben ser realmente disuasorias y de inmediata implementación.» 

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