Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Julia Álvarez: Veto a libros sobre minorías es porque ‘tienen poder’
FLORIDA: Asesinato dominicana podría estar vinculado a pandillas
Leonel: «El PRM anda de cacería, sabe no podrá ganar elecciones»
Empresario se querella contra DM y Jean Alain; exige US$580 MM
Cierran otros 6 comercios, suman 11, por violar Código Tributario
Industriales RD apoyan medidas contra establecimientos chinos
Dólar baja otros once centavos; se cambia este jueves a RD$59.21
Fundación Socialdemócrata Chile otorga membrecía a Luciano
Candidato a diputado PRD apoya Omar Fernández a senaduría DN
Israel elogia a EEUU por vetar el ingreso Palestina miembro ONU
P. RICO: Todo el rigor cae en un dominicano
SANTURCE, Puerto Rico.- Un modesto negocito de recolección de metales para poder pagar los gastos de la enfermedad de su mamá, sin depender del Gobierno, se convirtió en la pesadilla de una mujer y su esposo dominicano, quien fue deportado.
Aunque apenas tenía dos pequeños motores de abanico y unos cuantos cables de enseres eléctricos para vender a un centro de acopio, un batallón de 14 patrullas con agentes llegó hace un año a casa de Luz N. Sánchez Rojas en un operativo gigantesco en el que hasta cerraron la calle.
Ella los dejó entrar porque había ido a la Torre Municipal de San Juan a orientarse de todo lo que necesitaba para continuar sus labores.
Pero allí solo le dieron un permiso provisional sin hablarle de todos los demás requisitos, alegó Luz.
Por eso dejó entrar a los agentes sin pensar que minutos después la arrestarían frente a sus cuatro nietos, su biznieto y su madre, quienes se tuvieron que quedar solos.
A su esposo, Darmasio Valdez, natural de la República Dominicana, y quien llevaba 20 años viviendo en Puerto Rico, también lo arrestaron aun cuando Luz les insistió en que él no tenía nada que ver con el negocio.
A eso le siguió una mala representación legal en que nunca le advirtieron que si se declaraban culpables la deportación de Darmasio podía ser inminente.
“Yo soy hija única, tengo que cuidar de mi mamá que no se puede valer ella sola. Si salgo a hacer otro trabajo entonces el Departamento de la Familia me acusa de maltrato. Mi esposo era quien me ayudaba, pero al estar deportado ya no sé qué hacer”, lamentó tratando de aguantar las lágrimas.
Para abonar al asunto de discrimen indicó que a ella le impusieron $600 de fianza mientras que a su esposo, que no manejaba la venta, le espetaron $3,000 y lo refirieron a las autoridades de Inmigración.
José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, no descartó presentar una querella ética en contra de los agentes que diligenciaron el arresto. Contó que en una ocasión él presenció una intervención contra el dueño de un almacén repleto de metales, a quien nunca arrestaron.
Los nuevos abogados de Luz, Antonio Figueroa Rodríguez y Melissa López Rosado, recordaron que hay un caso que sentó precedente en que se determinó que el Gobierno no puede ser selectivo a la hora de imponer la ley, y de así hacerlo, se exponen a que se desestime el caso judicial.
“Aquí hubo un proceso selectivo de aplicabilidad de la ley. Eligieron a una víctima como su conejillo de Indias y hasta allí fueron con 14 patrullas. Eligieron a quién le aplicaría”, denunció Figueroa.
Según López Rosado, la práctica de las autoridades es de orientar a los negociantes para que tengan sus permisos al día, y casi nunca hacen arrestos, mucho menos con tanto despliegue de agentes.
Aunque Primera Hora solicitó las estadísticas de cuántos arrestos y enjuiciamientos se han realizado por la Ley 41, que busca detener el robo de metales, en la Policía no tenían los datos concretos para ofrecerlos.
jt/am