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SAN JUAN.- Luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, los tres policías acusados de secuestrar y robar a un ciudadano dominicano se declararon culpables la tarde del viernes en una vista celebrada ante el juez Alberto Pérez Ocasio, del Tribunal de San Juan.
El guardia municipal Gabriel Rivera Pagán y los policías Raúl Rivero Ruiz y Joaquín Torres Cortina renunciaron a la celebración del juicio por jurado y presentaron una alegación de culpabilidad después de que la fiscal Wanda Casiano Sosa rebajó los cargos que originalmente les imputó.
Inicialmente la fiscal acusó a cada agente del orden de un cargo de secuestro, un cargo de robo y un cargo de allanamiento ilegal.
Los cargos de secuestro y robo contemplan una pena de 25 años de cárcel sin el privilegio de sentencia suspendida, mientras que el allanamiento ilegal conlleva una pena de 3 años, permite extinguir la pena bajo el régimen de probatoria.
Pero mediante el acuerdo, el cargo de secuestro se redujo a tentativa de restricción a la libertad con agravante para una pena recomendada de cinco años de cárcel con el beneficio de la probatoria y el cargo de robo se rebajó a un cargo de apropiación ilegal de $1,000 para una pena recomendada de tres años de prisión con derecho a la sentencia suspendida.
El cargo de allanamiento ilegal permaneció inalterado.
Los acusados también acordaron restituir $1,000 a la víctima Rey Reyes, quien recibió hoy $340 de parte de Torres Cortina.
Como parte del acuerdo, el Ministerio Público y la defensa recomendaron que las penas se cumplieran de forma concurrente para un total de cinco años de prisión, pero con el privilegio de la sentencia suspendida.
Ante este escenario, los tres imputados aseguraron al togado que se declaraban «culpables» y que habían tomado la determinación de forma libre y voluntaria.
«La recomendación no nos obliga, pero tomaremos en consideración la recomendación», apuntó el juez tras declarar culpable y convicto al trío.
Pérez Ocasio refirió el caso para la elaboración de un informe presentencia para cada convicto y fijó la vista para dictar sentencia para el 19 de octubre a las 10:00 a.m. Ese día Reyes recibirá la otra parte de la restitución.
Pero antes de aceptar las alegaciones de culpabilidad, el togado entrevistó a Reyes en corte abierta para asegurarse de que consentía al acuerdo y que entendía su alcance.
Reyes afirmó que la fiscal le había explicado el acuerdo y que entendía que las acusaciones se enmendarían para imputar un delito menor al originalmente alegado.
Pérez Ocasio también aprovechó la ocasión para aclararle al hombre que el acuerdo solo cobijaba los cargos criminales y que el asunto no «era cosa juzgada» a nivel civil, dejando entrever que el hombre tenía la posibilidad de demandar a los ahora convictos por daños a nivel civil.
De acuerdo a la versión de Reyes, los tres imputados supuestamente se le acercaron mientras cerraba el baúl de su carro el 7 de abril pasado cerca de la parada del Tren Urbano de Las Lomas en Guaynabo y comenzaron a revisarle el vehículo sin darle explicaciones.
Luego, según el hombre, lo subieron al vehículo y lo llevaron a un área desconocida, donde lo dejaron tras despojarlo de cerca de $1,000 en efectivo.
Luego de la presentación de cargos, el Municipio de San Juan suspendió de empleo y sueldo a Rivera Pagán, un guardia municipal que laboraba en destaque en la División de Vehículos Hurtados de San Juan.
La Policía también suspendió de empleo y sueldo a Rivero Ruiz y a Torres Cortina, dos guardias estatales.
Durante la vista de hoy Reyes estuvo acompañado por varios miembros de la comunidad dominicana, quienes lo han apoyado durante el proceso.
«Entendemos que se ha hecho justicia y que se le envía un mensaje a los 14,500 policías, que no todos son, como he dicho anteriormente, no todos usan el uniforme para abusar de su poder, que no deben violarle los derechos civiles a nadie, ni por ser negro, ni por ser pobre, ni por vivir en el caserío. Que deben respetar los derechos civiles de todos y todas», afirmó José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos.
«Este es un mensaje que se le envía para que no vuelva a ocurrir algo como esto. La Policía está para hacer cumplir la Ley y el orden, no está para subvertir la Ley y el orden. Entendemos que se envía un mensaje de que no se va a permitir esta conducta en la Policía de Puerto Rico», agregó.
Fuente: PRIMERA HORA