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Seguridad pública y Policía
Por FRANKLIN BAEZ BRUGAL
Más de una vez nos hemos referido a este tema, el mal preocupa de manera creciente a la población, que sufre las consecuencias del deterioro de la seguridad.
La República Dominicana ha tenido en los últimos tiempos una expansión económica notable, pero en medio de su bonanza económica, los ciudadanos perciben, que la delincuencia y criminalidad en lugar de disminuir, crece.
Esta situación que vivimos, se repite en casi todos los países de América Latina, en donde pese a la mejoría en cobertura social que algunos han logrado, la inseguridad se hace insoportable.
En esta región, la tasa de homicidios no para de crecer, y los robos y asaltos se han convertido en epidemia, ocupando nuestro país lugares destacados en todos estos renglones.
Parece que algo se está haciendo mal.
En medio de este conflicto, la Policía de esta Nación, una organización que por su estructura y rangos más parece una fuerza militar que una entidad encargada de mantener el orden público e investigar, aparece cada vez más “embarrada” y desacreditada, por el constante involucramiento de sus miembros en delitos de todo tipo.
Desde hace tiempo se viene discutiendo la necesaria reforma policial, la cual incluye una nueva Ley Orgánica, pero además de los cambios administrativos e institucionales, es imperativo que a sus miembros se les pague salarios que les permitan vivir decentemente. Esta es la única forma de poder atraer personas con verdaderos deseos de servir.
Es evidente que el crecimiento económico por sí solo no soluciona los problemas de seguridad, a menos que éste sea incluyente, mejore la distribución del ingreso y propicie la movilidad social.
Si esto no se logra, el tráfico y consumo de drogas, la facilidad para conseguir armas de fuego, el hacinamiento, la marginalidad y la desigualdad, continuarán impulsando indeteniblemente la delincuencia.
Este es un problema complejo pero no es insoluble, siempre y cuando se establezca una Política de Estado, que le dé la importancia que amerita una situación que ya de por sí es delicada y peligrosa, en donde la postergación del inicio de las medidas adecuadas, convertirán la convivencia pacífica en un anhelo imposible de lograr.
Otro factor que complica el asunto, es la impunidad existente y el exhibicionismo descarado de riquezas mal habidas y acumuladas en tiempo récord. En medio de ese derroche, no es de extrañar que quienes nada tienen traten de emular a esos magos.
Se escuchan insistentes reclamos para que la justicia no sea tan permisiva con los delincuentes, se hace muy difícil comprender la facilidad con que vuelven a la calle, o no son juzgados reconocidos criminales y ladrones.
Creemos que, tanto el Ministerio Público como los jueces deben cumplir con su deber y ejercer mas responsablemente su rol, enviando un claro mensaje de que el que viole la Ley, tendrá que pagar las consecuencias, sin importar sus vinculaciones políticas, ni su relevancia empresarial.
Para que las cosas funcionen correctamente, no sólo la Policía tiene que cambiar, también tiene que hacerlo el Poder Judicial.
Como hemos dicho otras veces, creemos que es preferible tener una Policía eficiente, honesta y bien pagada, que una numerosa, mal pagada, ineficiente y corrupta.