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Razones de desazón
La desazón con la que ha sido recibida la acusación del caso Odebrecht tiene distintos motivos, y, cada grupo de intereses sangra por los suyos. El más activo y bullicioso, es el que siente que nueva vez ha fracasado el objetivo de propiciar un colapso del establecimiento político para emerger de las cenizas del sistema de partidos, como redentores con el abanderamiento de la anticorrupción.
Comparten responsabilidad en el fiasco, porque la sanción de los sobornos admitidos por Odebrecht era su instrumento de cohesión, pero no la meta, que era limpiar el terreno electoral arrastrando con prueba o sin ella, al presidente de la República y varios de los principales líderes al expediente, sencillamente porque así había ocurrido en otros países.
Junto a la frustración de los que vieron en este caso la oportunidad de ostentar un liderazgo que no han conquistado, está la de los que movían los hilos y financiaban por distintos mecanismos las movilizaciones, con un objetivo que tampoco se logró: la paralización de las termoeléctricas de Punta Catalina, que a finales de año han de empezar a propiciar un panorama menos perjudicial para las arcas públicas en la industria eléctrica.
Aunque desde el principio hicieron campaña con el tema de las posibles sobrevaluaciones de las obras ejecutadas por Odebrecht en el país, resulta que ese no era el objeto de la investigación inmediata, sino el soborno, porque si se determina que hubo sobrevaluaciones sería materia de otro expediente, pero con la politización del tema, distrajeron de una investigación sin sesgos sobre la admisión de Odebrecht.
Este que escribe tuvo la responsabilidad desde el principio de hacer dos advertencias, que ahora algunos comprueban: con la admisión de un soborno de apenas 92 millones de dólares Odebrecht, en un país donde se habían realizado obras por más de seis mil millones de dólares, contribuía a dar alimentos a la escandalización, pero no a la instrumentalización de un expediente porque el monto presentado era inferior al de los pagos que de forma legítima y bajo contratación tenía que hacer a su representante en la República Dominicana; y sus delaciones premiadas no aportan pruebas ni señalamientos directos.
La otra fue insistir hasta la saciedad que consorciación implica compartir ganancias y pérdidas, costos transparentados o no, pero eso poco les interesó a los que estaban obsesionados en ver caer a políticos, como es el caso del doctor Guillermo Moreno, que en su denominada denuncia penal sobre Odebrecht, menciona por sus nombres y apellidos a decenas de políticos contras los que entiende debió presentarse acusación, incluyendo a los presidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, pero no incluye nombres ni apellidos de ningún empresario.
Advertí desde el principio sobre la carencia de pruebas contra encartados que fueron dejados fuera de la acusación por la Procuraduría General de la República y pienso lo propio de algunos que permanecen en el expediente y del que fuera incluido de último momento.
Siempre sostuve que, si la empresa admitió que en el país se otorgaron sobornos, alguien los recibió y alguien los distribuyó, pero eso nunca se iba a poder determinar a partir del bobo de los 92 millones, pero toda la presión de montó en torno a eso y al tema de las sobrevaluaciones, que no están cubiertas en el acuerdo de colaboración que el Ministerio Público suscribió con la empresa, por lo que no son tema cerrado.