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La República Dominicana podría sufrir un severo daño ecológico de autorizarse la explotación de fósiles mineros en el entorno de la Cordillera Central en la provincia de San Juan, donde se han encontrado dos importantes minas de oro.
El gobierno otorgó el permiso de exploración de 6,452 hectáreas a la multinacional canadiense Precipitate Gold Corp, que opera con el nombre de Corporación Minera San Juan. La superficie está ubicada en Juan de Herrera, Maguana Arriba, Maguana Abajo, Maguana en Medio, Hato Nuevo, Los Cercadillos y El Coco, todos situados en la parte Norte, en la margen izquierda del río San Juan.
Esta empresa descubrió en Loma Jengibre, en la Maguana, un yacimiento consistente “en una columna de 18 metros de mineral conteniendo en promedio 4.5 gramos por tonelada de oro, incluyendo una sección de 5 metros en dicha columna con 13.4 gramos por tonelada de oro, mineral localizado a una profundidad entre 84 y 102 metros por debajo de la tierra. Adicionalmente se encontraron valores de plata, cobre y zinc”.
Asimismo, hace faena de exploración de metales en la cuenca alta, la también canadiense GoldQuet, que ya develó el hallazgo de 3.7 millones de onzas de oro y cobre. Esta transnacional minera trabaja en las proximidades del Río San Juan, en la comunidad de Hondo Valle, en plena Cordillera Central y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez.
Conforme la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe) la GoldQuet “podría iniciar en tres años la extracción de oro, plata y cobre de la mina que tiene cinco millones de onzas de oro y en una primera etapa se extraerían tres millones de onzas en El Romero”. Es decir, Camipe eleva a cinco millones de onzas la reserva del yacimiento, refutando los 3.7 millones de onzas que había informado en 2014 la empresa extranjera.
La normativa medioambiental prohíbe la explotación de yacimientos mineros en áreas protegidas, pero estas influyentes empresas son atrevidas, todopoderosas, y no le hacen caso a ese obstáculo. Asimismo, para una explotación minera hace falta una licencia social, es decir, que la provincia esté de acuerdo, cosa que no ocurre con ese oro maldito.
Pero estas corporaciones ya tienen instalados sus campamentos in situ y han procedido a adelantarles jugosos salarios a los comunitarios. Asimismo, en Juan de Herrera y San Juan de la Maguana desarrollan una estrategia de “ablandamiento” de líderes de la provincia, cabezas de grupos organizados de camioneros y comerciantes; convencen a religiosos y deslumbran con obsequios a líderes de opinión pública, directores de medios de comunicación locales. Sus ejecutivos prometen falsamente que la explotación de estas minas será la panacea. La realidad es que solo dejarán miseria, enfermedades, muerte y un irreparable daño ambiental.
La explotación de oro obliga a la utilización de cianuro y otros químicos, cuyos efectos comprobados dañan la salud humana y animal. La realidad es que extraer esas “riquezas” auríferas provocará la muerte de los ecosistemas, -la flora, la fauna- y toda la vida humana de este valle sureño.
La luz al final del túnel es que está templado un vigoroso movimiento social de oposición a la explotación de oro en zonas contiguas a importantes acuíferos, el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, y viene dando pasos firmes en la concienciación social sobre este problema que se nos viene encima.
Explotar estos yacimientos dañarían las aguas, afectarían la principal actividad socioeconómica de la zona -que es la agropecuaria- y provocarán enfermedades perennes a la población que se abastece de las aguas del río San Juan y sus afluentes.
Inverosímil que al Sur le quieran dar un regalo envenenado con cianuro en la gestión de un presidente sanjuanero.
jpm