OPINION: La mala administración política corroe el desarrollo

Desde su instauración como república semi presidencialista y tras aprobar su primera Constitución en 1987, Haití ha sido victimizado por una mala administración gubernamental que corroe las esferas política, dejando en el umbral de la pobreza más del 80% de su población, dos tercios de estos, dependientes de la agricultura y la pesca, pero torpedeados por una audaz explotación, fragilizada por la pobreza, la falta de oportunidades e inversiones sostenidas.

La isla, con superficie total de 27 mil 750 kilómetro cuadrados y una población de 10 millones 33 mil habitantes, según el último censo poblacional del 2009, se apresta a celebrar sus elecciones para elegir un nuevo presidente, sin embargo, la campaña se avisora en medio de violencia política, dejando una secualas de muertos y heridos, aparentemente para traumatizar los comicios y garantizar el continuismo del actual ejecutivo, Michael Martelly.

Los gobiernos haitianos, además de centralizar sus recaudaciones en proyectos sin importacia, generalmente corren el riesgo de no terminar la fiesta política en paz y armonía con los habitantes de las diferentes provincias que comprenden geográficamente la isla, no por adecentar su administración, sino más bién, por el tráuma de una mala administración, siendo el principal obstáculo del desarrollo.

Los gobiernos haitianos han estado salpicados por infaustos golpes de estado desde que se  proclamó su independencia el 1 de enero de 1804, segundo país del continente americano en hacerlo y primero de América Latina, luego de un singular proceso revolucionario – abolicionista- que desembocó en una prolongada lucha armada contra Francia, la potencia colonizadora desde finales del siglo XVII.

Aún con el apoyo de los Estados Unidos, el presidente Marthelly ha sido el centro víctimizante de diversos acontecimientos negativos, entre los que se destacan protestas, intento de golpes y la más elemental y oportuna decisión del gobierno dominicano puesta, quien puso en marcha del proceso de regularización de extranjeros que ha devuelto cientos de miles de haitianos a su país de orígen.

Como respuesta, Haití ha impuesto la veda a unos 23 artículos comestibles, vitales para el sustento de la empobrecida población.

Tras un proceso electoral impuesto por la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), en el 2006 se sentaron las bases para transparentar las elecciones y darle el derecho a los haitianos de elegir y ser elegido, pero ese proceso no ha llegado a su su final, esto, por la ambición de poder y las intenciones reeleccionistas de sus gobernates.

La violencia política ha sido el principal problema para la democracia haitiana, visto que los conflictos e intereses no han permitido que los gobiernos culminen de acuerdo con la decisión de los votantes y las reglas de la constitución, lo que data desde tiempos inmemoriales, ejemplo, el segundo mandato presidencial del entonces presidente, Jean-Bertrand Aristide, en el 2001, electo en medio de unas elecciones cuestionadas.

Durante ese gobierno, apenas con cuatro años en el poder (2001-29 de febrero del 2004), Aristides fue obligado a renunciar, debido a la devacle económica y la corrupción, las cuales provocaron manifestaciones y disturbios desmedidos en contra del gobierno.

En el 2006 se convocó a elecciones presidenciales para sustituir al gobierno interino del presidente Boniface Alexandre y el primer ministro Gérard Latortue, quienes obtuvieron sus cargos después del golpe (2004) a Jean-Bertrand Aristide, las que se destaron por la vigilancia y el montaje de la ONU (Organización de Naciones Unidas), sin embargo, quien obtuvo el triunfo fue René Préval, seguidor de Aristide.

Luego de esta gesta antidemocrática, el país haitiano ha sido administrado con imposiciones de los Estados Unidos, a través de la forzosa intervención de la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), impidiendo la participación de sus ciudadanos en los procesos electorales y ejerciendo presión para que se mantenga la inmigración de nacionales hacia República Domicana, en busca de unir ambas islas, sin tomar en consideración que los haitianos deben vivir de su propio esfuerzos y crear estrategias para mejorar continuamente.

Hoy día Haití, situado en la parte occidental de la isla La Española, que limita al norte con el océano Atlántico, al sur y oeste con el mar Caribe, en las Antillas y al este con la República Dominicana, sufre de la carencia de inversiones sostenidas por culpa de la inestabilidad y la violencia, lo que torpedea a la mayor parte de la población, con un inestable sector industrial textil, el más importante, que representa más del 75% del volumen de las exportaciones y el 90% del PIB (Producto Interno Bruto), fuertemente dependiente de la demanda y ayudas arancelarias exteriores.

La economía haitiana – según los expertos- es la más pobre del continente americano y la menos favorecida del mundo, con un Producto Interno Bruto (PIB), al 2009 de 6.908 millones de dólares y una renta per cápita de 772 dólares, lo que todavía en pleno siglo XXI tiene en cuidados intensivos la estabilidad de la economía, por lo que hace falta un gobierno que dirija su estrategia a trabajar para romper de cuajo la pobreza, la destrucción del medio ambiente y trabaje por la estabilidad y el desarrollo de este país.

Las elecciones previstas en Haití debieran servir para sentar las bases y llevar al nuevo gobierno a crear estrategias y alternativas que superen la crisis, mediante inversiones que destaquen la sostenibilidad de la mayoría, que son los haitianos, y que se creen planes dirigidos a reducir al máximo la inmigración.

jpm