OPINION: El proyecto ley de partidos

Se ha empezado a consensuar una ley de partidos. Parece eso irá para largo y que quizás en el 2017, tendremos una ley, pero por fin, arrancamos diálogo.

 
Legislar para controlar con precisión todo el andamiaje electoral, el dinero envuelto y la publicidad en elecciones, es una mega tarea. Analizarla es crucial

Un Código Electoral que incluya una nueva ley electoral, más una ley de partidos y la ley de garantías electorales es condición del PRM, y es partido mayoritario de oposición, eso debe sopesarse.

Prometo en futuro entrega enfocar los controles necesarios durante el día de la votación y durante el escrutinio, que es donde la puerca tuerce el rabo y donde la oposicion saboreó la derrota. Dicen que le hicieron trampas los incumbentes de JCE y no pueden apelar ante la TSE.

Pero, por hoy, empecemos enfocando el control y auditoría instantánea a partidos y dejemos condicionantes para luego.

Mire esto: La financiación de las organizaciones políticas es el talón de Aquiles de los muchos proyectos sometidos y aplazados, nadie se pone de acuerdo para consensuar. Humildemente quiero tocar esos temas.

La aprobación y cumplimiento del “proyecto de ley, de partidos y agrupaciones políticas” que se ha sometido en 6 ocasiones en el Congreso será un buen comienzo, aunque no perfecto, ya no se puede postergar más, para enfrentar de manera eficiente y transparente el tema de la financiación de los partidos.


¿Cómo buscamos el consenso?

La Comisión especial designada por la Cámara de Diputados liderada por los legisladores oficialistas, Henry Merán y Marioti, ha sugerido prohibir el uso de fondos públicos para provecho de los candidatos y que los cargos altos políticos sean propiedad de los partidos y no de las personas, además de que se destine el 10% de los fondos que reciben los partidos para su financiamiento en la formación de sus miembros, es el plan del PLD.


Además se plantea que la renuncia como miembro de un partido implicará automáticamente renuncia al cargo de elección popular que tenga el renunciante en ese momento bajo ciertas condiciones, para evitar el transfuguismo, son temas a debatir.

Tenemos 5 versiones de proyectos a ley de partidos conocidos y solo el del PLD contemplaba eso. Debe volverse a introducir un proyecto global con aportes de todos los partidos, pues la nueva ley vendría a controlar el gasto excesivo de campaña, a regularizar la propaganda electoral y a impedir la compra de dirigentes, pues la degeneración del partidismo político en RD sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos presupuestales.

Los partidos políticos por falta u ausencia de democracia interna y por jerarquías vitalicias-monopolizadoras, se viven despedazándose.


Eso hay que tocarlo y mejorarlo, nadie trabaja para faraones que no agradecen nada.

En los años electorales el 0.5% de los ingresos generales de la Nación se reparten de la siguiente manera: un 25% en partes iguales entre los partidos políticos o alianzas de partidos que hayan presentado candidaturas independientes y el 75% restante se distribuirán en proporción a los votos obtenidos en las últimas dos elecciones generales de nivel presidencial y de nivel congresional y municipal, ambas partidas son entregadas a más tardar 10 días después de la fecha límite de presentación de candidatos.

En los años no electorales, el 0.25% de los ingresos generales de la Nación deben ser entregados en base a votación, pero ¿cómo se debe repartir internamente dentro del partido?
Él prorrateo es la forma en que se contabilizan, registran y acreditan los gastos de campaña, respecto a aquello eventos o mensajes que realizan de manera conjunta, dos o más candidatos a cargos de elección popular de un mismo partido, con fines promocionales durante el período de campaña electoral.

La Ley permite a los partidos políticos establecer arbitrariamente las cantidades acreditables a los gastos de campaña de dos o más candidatos a cargos de elección popular, lo cual generaba incertidumbre y afectaba los procesos de fiscalización y rendición de cuentas por parte de los candidatos. Por lo tanto, la innovación de la Ley General de Partidos Políticos sobre el tema de prorrateo es el hecho de que se deben crear en la Ley una serie fórmulas predeterminadas, las cuales establecen el porcentaje de gastos que debe contabilizarse a cada campaña en caso de que diversos candidatos realicen de manera conjunta actos o mensajes de promoción, lo cual abona en la certeza y equidad que debe observarse en toda contienda electoral.

Cada quien debe conocer de forma más clara las reglas del juego, lo cual permite que el ciudadano confíe más en dichos procesos. Además, ningún partido político debe recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior. Asimismo, para el caso de aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, éstos podrán financiar las campañas de sus candidatos hasta el equivalente del 10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.

Respecto a lo anterior, debe considerarse que las aportaciones de los simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.
Me parece que el flexibilizar los límites del financiamiento privado se debe al hecho de que los sistemas de fiscalización de los partidos políticos deben ser mejorados y renovados con la Reforma Electoral.

Todo cambio y toda reforma generan siempre una ilusión de mejorar la situación de nuestro país y espero que esta no sea la excepción, sin embargo, se necesita del compromiso de todas y todos los que estamos involucrados en la materia electoral. Como puede apreciarse, el tema de prorrateo y el de financiamiento privado tendrán una gran relevancia en el próximo proceso electoral de 2020.

Desde mi punto de vista, el objetivo final que pretenden las leyes electorales es blindar dichas elecciones y dotar de certeza al sistema democrático dominicano.

Como mencioné al inicio de artículo, innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla y con el inicio de la campaña electoral que empezó hoy y termina en el 2020, me parece que de lo único que ha pecado el Congreso, si es que puede llamarse pecar, es de haberse sentado a innovar, otra vez.

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