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OPINION: Disposiciones constitucionales ante deuda de US$40 mil MM
Con la venta de US$500 millones en bonos soberanos, el endeudamiento llegaría a US$40,000 millones a fines de año. A abril/2017, sumados estos bonos, alcanzaba US$28.5 millones, faltándole para llegar a US$30,000, US$190 mensuales, inferior al promedio de los últimos meses. Sumándole la deuda del Banco Central con agentes económicos, aproximadamente US$10,000 millones, llegamos a la proyección citada.
Los US$40,000 millones equivaldrían al 53% del PBI y a un porcentaje similar de recaudaciones dedicadas al pago del servicio de deuda.
No visualizamos cómo el gobierno del Presidente Medina pueda dar cumplimiento al mandato del Artículo 233 de la Constitución, de administrar presupuestos “asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado”.
Encontrándonos a punto de terminar el primer semestre del año, vencido el cual el gobierno debe presentar un presupuesto complementario para reajustarlo en función del comportamiento efectivo de las finanzas, la estabilidad económica de la nación, también ordenada en la constitución (arts. 217 y 218), hace oportuno que el Presidente Medina exprese cómo piensa encarar amenazas que este endeudamiento supone.
Sobre todo al consumir el gobierno prácticamente todas las recaudaciones en cubrir las cargas fijas del Estado, haciendo que las amortizaciones de la deuda e inversiones sean cubiertas con nuevos endeudamientos.
Esta situación hace vulnerable nuestra economía ante cualquier contingencia procedente del orden internacional derivados del cambio de políticas avizorables ante un mundo tan incierto que hasta toca tambores de guerra.
O ante exigencias severas al combate de la corrupción, lavado de activos y tráfico de ilegalidades temas en los que las actuaciones gubernamentales han dejado que desear; por lo que pudiéramos vernos abocados a restricciones en el financiamiento internacional.
Y, lo que es peor, ante exigencias de cobro, tarde o temprana, de los acreedores.
Tan solo como ilustración de lo que significa para las finanzas dominicanas éste endeudamiento de US$40,000 millones, bastaría señalar que equivalen a RD$1,900 mil millones, similar a tres veces el presupuesto vigente.
Es decir, que ante una eventual exigencia total del pago de la deuda el gobierno tendría que ser cerrado por tres años para honrarla.
Este escenario, ciertamente prácticamente imposible, solo se justificaría ante condicionamientos políticos excusados en situaciones financieras.
En el remotísimo caso que sucediera, o si sucediera parcialmente, pudiéramos llegar a sufrir vicisitudes como las que atraviesan Puerto Rico y Grecia, o las amenazas que penden sobre Cuba y Venezuela. O la que sufrimos nosotros mismos a principios del siglo pasado que culminaron con la primera ocupación militar norteamericanos.
Resulta pues imperativo que el gobierno informe cómo va a cumplir nuestras disposiciones constitucionales para sacar al país del atolladero que nos ha sumido por violarlas.