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En diciembre del año pasado, los diputados del Partido de los Trabajadores de Brasil anunciaron su disposición de votar a favor de la destitución del señor Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, y a su vez presidente de la comisión de Ética de la misma, quien ha venido siendo investigado por la Policía Federal, acusado de crimen de corrupción, lavado de dinero, así como de poseer cuentas no declaradas en Suiza, lo que ha sido confirmado por las autoridades de ese país.
Ante el conjunto de acusaciones irrebatibles presentadas en su contra, Cunha decidió acoger un pedido de Impeachment (Juicio político), solicitado por los representantes de la derecha Conservadora y las Multinacionales de Estados Unidos y Europa, en contra de la presidenta Dilma Rousseff, basado en una supuesta violación de la ley de responsabilidad fiscal, lo cual, no es más que un pretexto sin fundamento jurídico.
El pedido fue conocido por una comisión de la Cámara de Diputados, que decidió que la acusación tenía méritos suficientes para ser conocidas por el pleno de dicho hemiciclo, el cual, el pasado 17 del mes de abril aprobó el inicio del proceso contra la presidenta Dilma.
Ahora el proceso será conocido por una comisión especial del Senado de Brasil que debe decidir si aprueba la continuación del proceso de Juicio Político, que de ser aprobado, obligaría a la presidenta a apartarse del cargo por un periodo de hasta 180 días, mientras sea “juzgada”, sin nunca haber sido acusada de corrupción ni haberla nadie vinculado al caso Petrobras.
¿Quiénes son los “Patriotas” que han venido impulsando el Impeachment en contra de la presidenta, y quiénes están en la línea de sucesión?
Michael Temer, vicepresidente en funciones y sustituto natural de la presidenta, contra quien la Corte Suprema ha ordenado que la Cámara de Diputados inicie los trámites para un Juicio Político, por estar implicado en la trama corrupta de Petrobras. Según las últimas encuestas, su nivel de aceptación en la población no supera el 8%.
Eduardo Cunha, acusado de recibir soborno por más de $40 millones de dólares, lavado de dinero y de mantener cuentas no declaradas en el exterior.
Renan Calheiros, que está siendo investigado por haber recibido sobornos millonarios en relación al escándalo Petrobras, también ha sido acusado de evasión de impuestos.
Paulo Maluf, prominente miembro del Congreso de Brasil, activista del Impeachment y enemigo jurado de la presidenta, enfrenta cargo en Estados Unidos por el robo de más de 11.6 millones de dólares, en un esquema de soborno. Además, hace una década pasó semanas en la cárcel por lavado y evasión de impuestos. Actualmente es perseguido por la Interpol, lo que le impide salir del país.
De los 38 diputados que integraron la Comisión que aprobó el impeachment, 35 están siendo investigados por acto de corrupción, el 60% de los miembros del Congreso de Brasil, órgano encargado de juzgar a la presidenta Dilma Roussef, tiene acusaciones pendientes que van desde soborno, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro, homicidio, lavado, según ha sido establecido por Transparencia Brasil, un grupo que vigila los hechos de corrupción en el País.
Hay que destacar, que la campaña electoral de la mayoría de los integrantes del Congreso de Brasil ha sido financiada con donaciones millonarias de empresas que están siendo investigadas en la operación Lava Jato.
Hoy, la alianza de los grupos conservadores internos y los intereses de las Multinacionales, especialmente de Estados Unidos y Europa, proponente del Impeachment, pretenden debilitar el proceso de integración de los gobiernos progresistas expresado en UNASUR, MERCOSUR, CELAC; desintegrar el BRISC y garantizar a las grandes empresas locales volver a las ganancias que tenían con la política Neoliberal aplicadas anterior a Lula y así poner fin al modelo de democracia social implementada por Lula y Dilma.
En la segunda semana de este mes de mayo, la presidente Dilma Rousseff será “juzgada y condenada”, y en consecuencia, separada de la presidencia. Los principales medios de comunicación, al servicio siempre de los peores intereses, tratarán de justificarle al mundo la decisión, lo que creará en Brasil un proceso de inestabilidad política y social que tendrá sus repercusiones en toda la Región Latinoamericana, porque en Brasil no sólo están en juego las conquistas sociales alcanzadas por el pueblo en los últimos años; sino también el sistema de democracia social y participativa y en última instancia, la paz y la soberanía de los pueblos de toda la Región.
grullonmanuel@hotmail.com
wj/am