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Corrupción e institucionalidad
Por FRANKLIN BAEZ BRUGAL
La corrupción, ese mal que hace estragos en medio mundo, y que en América Latina se ha convertido en epidemia, ataca con particular virulencia aquellos países con una institucionalidad débil, pues los organismos encargados de combatirla y castigarla, no tienen la fortaleza para hacerlo.
La corrupción cuando hecha raíces, afecta todos los niveles de la sociedad, adentrándose en ella hasta corromperlo todo, afectando el clima de negocios y las oportunidades de desarrollo.
La República Dominicana sale muy malparada, en todas las mediciones que se hacen sobre transparencia, manejo de recursos públicos y rendición de cuentas, los gobiernos que hemos tenido no se han interesado en construir herramientas institucionales que fomentan la transparencia y la integridad en el Estado. Es una tarea que tenemos pendiente.
La justicia, ese importantísimo Poder del Estado, se ha convertido en pieza clave para dirimir aquellos problemas más graves, que las organizaciones políticas no han querido o podido resolver, como es el de la corrupción de sus integrantes.
Los jueces, a los cuales el sistema encarga poner coto a estos desmanes, en nuestro país terminan dictando sentencias en donde priman los compromisos políticos y personales más que el derecho. Con sus decisiones castran valientes iniciativas del Ministerio Público, que ve como expedientes bien sustentados, toman el mismo camino que otros han recorrido, que conducen a la impunidad, y a la burla descarada a la ciudadanía.
Las instituciones no sólo necesitan buenas leyes orgánicas y reglamentos adecuados para su correcto funcionamiento, también precisan de hombres y mujeres que además de estar profesionalmente bien formados, tengan la responsabilidady valentía necesarias para tomar las decisiones a que sus investiduras los obligan, y estas son las que escasean en este pedazo de isla en que nos ha tocado vivir. Pero qué podemos esperar de un grupo de personas que fueron seleccionados en medio de componendas y conciliábulos de todo tipo.
El principio de la separación de los poderes, brillantemente propuesto y defendido por Montesquieu y que se supone sea la principal defensa de la libertad y la protección de los ciudadanos en sociedades democráticas, se pone en entredicho en nuestro país, con una justicia que no dudo en condenar empresarios acusados de delitos similares, pero le ha temblado el pulso y se le han caído los pantalones, cuando de políticos se trata.
Alguien dijo, que en algunos países de la región, se estaba estableciendo una “cleptocracia” muy bien organizada, que había sobrepasado la etapa de los sobornos y comisiones, para constituirse en un entramado de intereses, en donde se mezclan iniciativas empresariales, tráfico de influencias, narcotráfico, etc. Me parece que quien lo afirmó, acertó plenamente.
De estos grupos emergen de vez en cuando, individuos que pretenden convertirse en benefactores de los pobres, repartiendo lo que no producen, con la esperanza de que al igual que lo ocurrido hace más de 2000 años con Barrabás, la turba clame que suelten al ladrón.
Es evidente que nuestras instituciones son débiles, el rastro que sus decisiones han dejado en su andadura así lo evidencian, mientras esta situación no cambie, los comportamientos ejemplares serán la excepción.