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Cuando suponíamos que la comidilla sobre el caso Odebrecht estaría ocupada en la insólita decisión del juez Francisco Ortega Polanco, de enviar a juicio de fondo a seis de siete de los imputados por el Ministerio Público, validando hasta las pruebas cuya absurdidad fue harto evidenciada en el juicio preliminar, surgieron nuevas revelaciones sobre pagos, no siempre ortodoxos, realizados en presuntos sobornos para la consecución de las termoeléctricas de Punta Catalina.
Aferrándose en forma forzosa a la imprecritibilidad contemplada para ciertos tipos penales en el que el producto de la infracción beneficie a lo largo del tiempo al imputado, el juez se justificó para desconocer el artículo 110 de la Constitución que declara la irretroactividad de la ley: “La ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena…’’, y, de manera contraria envió a juicio de fondo a varios imputados que han violado una ley de soborno que no existía en el momento que se le atribuye haber delinquido, aunque como en el caso del ingeniero Roberto Rodríguez, ex director de Inapa se demostrara ante el país y el juez que la prueba que lo mostraba como beneficiario de recursos generados de forma ilícita era un falso depósito de 100 millones de pesos.
Validó sin la menor depuración el fiasco jurídico más conocido de la justicia dominicana, el expediente Odebrecht, sustentado en una delaciones premiadas, acogidas sin los interrogatorios de rigor a sus sustentantes, y desconociendo garantías básicas del debido proceso, con el agravante de que en ninguna de ellas se sustenta una imputación precisa contra los acusados.
El único alegato en que se amparó el Ministerio Público fue en tratar de evidenciar que los imputados registraron crecimiento patrimonial en el período que abarca la investigación, lo que justifica que el senador Tomy Galán haya sido objeto de una acusación no con pruebas de recibimientos de sobornos, sino por enriquecimiento ilícito, a pesar de haber demostrado que el valor de los bienes que les hacen sospechoso frente al Ministerio Público representan apenas el 39% de sus ingresos como senador de la República en el período evaluado.
Pero a pesar de las falencias del expediente nadie esperaba que el caso cerrara con un No Ha Lugar, pero sí cuando menos, que en el tema de las pruebas hubiera depuración.
Prima el criterio de que el caso Odebrecht no es jurídico, sino político y mediático, con un carácter extra nacional que no la ha tenido ningún otro caso, y es evidente que los que movieron la cuna de este caso en el plano internacional, no quedaron complacidos con los resultados de la acusación en nuestro país, razón por la cual han hecho liberar informaciones para evidenciar el sesgo que caracterizó el expediente.
Como ha dicho en un comunicado Odebrecht, no se trata de nuevos descubrimientos, o de datos que ocultó en sus negociaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con la justicia brasileña, sino de informaciones que están en su poder desde hace más de tres años.
Con Odebrecht, ramal del Lava Jato, lo que menos han buscado sus manejadores es perseguir la corrupción, han apuntado hacia un sacudimiento que se lleve de cuajo la clase política que ha protagonizado las últimas décadas en la región con una agenda independiente, cosa que no se ha producido en la República Dominicana.