Militares de EUA, más refugiados

¡Inquietante!

La coherencia y transparencia alisa como piedra filosofal para generar credibilidad y confianza, más en el buche de una fórmula secreta que en cada clarear se ha hecho más latente en lo atinente a la mudanza de la población haitiana a territorio dominicano. Cuando se aplica el clásico refrán “A Dios rogando y con el mazo dando”, niebla de confusión a los de la estancia, más desde el 2016, año de la nefasta firma del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”, que contiene un anexo que pretende conceder a Estados Unidos la tutela de la política de refugiados y asilo de República Dominicana. 

¡Amenaza!

Esa doblez pendula más complicada que la intervención armada norteamericana de 1965, que mancilló a una limitada zona geográfica y no -como se procura ahora- en las estratégica esferas aeroportuarias y los alojamientos a forásteros. Esta llave rueda aprovechando los mentores el adormecimiento de una multiplicidad de ciudadanos naufragados en la ignorancia, la desinformación y la búsqueda individual para la sobrevivencia. Y si no reaccionan con fervoroso patriotismo, a esta Nación pronto le cantarán el réquiem.   

Decir una cosa y hacer otra fue una dualidad estratégica por lo menos en los ocho años de mandato de Danilo Medina, con el aparente propósito de que prosiguiera la emigración desde Haití. Por su emancipación, desde el siglo XIX la República Dominicana ha lidiado en dos escenarios: para consolidar la independencia nacional, los nativos maniobraron con armas blancas y de fuego entre 1844 (batallas Fuente de Rodeo, Neyba, y 19 de Marzo de 1844, Azua), y batallas de Sabana Larga, 1856, en Dajabón, y Las Hicoteas, Puerto Plata.   

Y, a casi dos siglos, pululan masivamente en todos los cantones nacionales, amparados en la compasión, la generosidad y el consentimiento monetario de los dominicanos, los del Oeste de la isla traspasan la frontera sin pasaportes ni visados; por la alta fecundidad de la vagina u órgano genital femenino de sus nativas, los “refugiados” resguardados por organismos internacionales y el entreguismo solapado de la anterior administración gubernamental. 

Sólo los incautos y lacayos, encorbatados veletas que les importan los caudales metálicos y no el terruño donde les cortaron los ombligos, y tránsfugas buscavidas, no se preguntan por qué en un acuerdo supuestamente para aumentar el flujo turístico se incluye un anexo sobre refugiados y asilados. Tampoco se percatan que, ante el cataclismo socio-político del vecino de esta terraza isleña, en el túnel del tiempo renuevan el proyecto de juntarlos a todos en la franja Este. 

El anexo al acuerdo en apoyo a las obligaciones internacionales, suscrito el primero de diciembre del 2016 por el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado y el embajador estadounidense James Walter Brewster, manda a “designar puntos de contacto con relación a todos los asuntos tratados en este Anexo (que se correspondan con los puntos de contacto designados por los Estados Unidos) y participar en consultas periódicas sobre la implementación”. ¿? 

Durante la campaña electoral de 2020, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) juró ratificar la soberanía dominicana más íntegra, aplicar la Ley 285-04, que regula el ingreso/salida de personas del suelo patrio, y resguardar la frontera física y jurídica, para la integridad territorial y la supervivencia de la sociedad dominicana. Ese punto de su programa de gobierno lo aplaudimos prolongadamente. 

En una reunión efectuada el 10 de enero/2021 en la frontera con Elías Piña, los presidentes dominicano Luis Rodolfo Abinader y haitiano Jovenel Moisé acordaron trabajar en el registro civil de todos los vecinos en territorio nacional, la construcción de hospitales en la riba haitiana, delimitar las fronteras marítimas; desplegar tecnologías de vanguardia para eliminar la migración irregular, el tráfico y otras actividades ilícitas; reforzar la seguridad y la vigilancia divisoria; fomentar los productos biodegradables y fortalecer la cooperación y el desarrollo. Otra vez tuvimos que vitorear, aunque con reservas por el incumplimiento y fragilidad en Haití. 

Posteriormente fue difundido un informe del Instituto Nacional de Migración relativo a un “Plan de contingencia para flujos masivos Inmigrantes en República Dominicana”, en el que se establece que en cada una de las cinco provincias fronterizas serán instalados por lo menos un campamento para refugiados con cupo de hasta 90 mil haitianos. Afortunadamente, el canciller Roberto Alvarez aclaró que ese documento fue elaborado en el gobierno de Danilo Medina, y que carece de fuerza jurídica, porque no fue sancionado por el Consejo Nacional de Migración. 

Como si algún espantajo anti-nacional ronde en aceche para dar un zarpazo, cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional –Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez- sostuvieron que el ordinal 9 del up supra anexo citado precedentemente, “compromete a la República Dominicana a designar puntos de contacto que se correspondan con los pautados por los norteamericanos, para así consensuar las políticas internas en materia de refugio”. Y matizaron que “se trata de una tutela de facultades soberanas que es a todas luces inadmisible, humillante y propias de una etapa colonialista teóricamente superada”. 

Su comunicado se extendió en impugnaciones: “los preclearance se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud. El ámbito de aplicación de la normativa de protección internacional suele estar sujeta al territorio, no siendo consideradas como tal por los EE UU las áreas de preautorización…la Constitución dominicana también rechaza todo acto que tienda a vulnerar la soberanía, razón por la cual resulta improcedente que la República Dominicana permita que los Estados Unidos tutelen sus políticas de asilo y refugiados contempladas en el anexo”. 

En la caldera de la exposición de esos cuatro árbitros jurídicos, curtidos en el conocimiento de la Carta Magna y movidos por sus sentimientos auténticamente nacionalistas, altos funcionarios públicos mandan señales confusionistas y controversiales. Promueven el respaldo al resistido acuerdo, en el chasco de un sano interés por el turismo, y en una desconcertante coincidencia con la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Minamird). Esta organización, que opera sin dificultades en la tercera planta de un edificio de la calle El Conde esquina José Reyes, está solicitando al gobierno dominicano que, “ante la inminencia de una avalancha de inmigrantes desde Haití motivada por la crisis política y económica”, trace “una ruta humanitaria” en la frontera para viabilizar que esas oleadas crucen la línea limítrofe y penetren a República Dominicana. 

¿Serán turistas los refugiados? ¿Los que lleguen a República Dominicana y se proclamen refugiados, qué tiempo durarán en el proceso de definición de esa condición? ¿Si no progresa su exigencia, serán devueltos o se quedarán por sécula seculorum…? ¿Acaso será este un mecanismo para romper la soberanía en un sainete fusionista? 

Hasta ahora, promesas del gobierno se han estado cumpliendo, coyunturalmente en el lance de una retórica confusionista en el túnel del Anexo del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”. Su promoción entreabre un riesgoso frente antagónico, en el vórtice de un clima peliagudo engendrado por la pandemia y los subsecuentes apuros económico-financieros. En vez de ayudar, metiendo una camisa de fuerza los gringos prefabrican otras hostilidades 

Tenemos la confianza de que las anteriores preguntas, que subyacen en el imaginario colectivo, más en los de engrandecidas fibras patrióticas, no serán apenas hilachas semánticas o canciones angelicales en este affaire por la preservación de la patria de Duarte, que vale más que una vida miserable bajo el yugo de una superpotencia neocolonialista que busca expandir su dominio geopolítico, para imponer su poderío a las naciones más endebles.