Manejo financiero de partidos
La financiación de las organizaciones políticas es el talón de Aquiles de los 5 proyectos sometidos hasta hoy, y nadie los quiere consensuar. Hoy me enfoco en el tema financiero del “proyecto de ley, de partidos y agrupaciones políticas” que cursa en el Congreso de la República, el cual será un buen inicio para enfrentar de manera eficiente y transparente el tema de la financiación de los partidos. ¿Cómo buscamos el consenso sobre ese tema? La Comisión especial designada por la Cámara de Diputados liderada por el diputado oficialista, Henry Merán, ha sugerido prohibir el uso de fondos públicos para provecho de los candidatos y que los cargos altos políticos sean propiedad de los partidos y no de las personas, además de que se destine el 10% de los fondos que reciben los partidos para su financiamiento en la formación de sus miembros, es en esencia, el planteamiento del PLD. Un punto en debate es que la renuncia como miembro de un partido, implicaría automáticamente renuncia al cargo de elección popular que tenga el renunciante en ese momento bajo ciertas condiciones, para evitar el transfuguismo. Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) cree aporte PLD es malo, pero creo entre todos, podemos revisarlo. Nada es perfecto, lo importante es empezar y por eso demandamos más. La sociedad demanda ir más lejos aún; por ejemplo, cambiar por completo las reglas de competencia entre partidos políticos, que modifican los temas relativos a los recursos con los que pueden contar para su financiamiento, así como su respectiva fiscalización con detalles. Me refiero a los temas del prorrateo y al del financiamiento privado a partidos. Vigente está este detalle: En los años electorales el 0.5% de los ingresos generales de la Nación se reparten de la siguiente manera: un 25% en partes iguales entre los partidos políticos o alianzas de partidos que hayan presentado candidaturas independientes y el 75%restante se distribuirán en proporción a los votos obtenidos en las últimas dos elecciones generales de nivel presidencial y de nivel congresional y municipal, ambas partidas son entregadas a más tardar 10 días después de la fecha límite de presentación de candidatos. Eliminar las especificaciones de en qué gastan los fondos públicos los partidos, así como, que no se lleve una nómina de contribuyentes para controlar la procedencia de fondos que reciben las entidades políticas del sector privado y de particulares, son enmiendas del PLD que sacan ronchas financieras. ¿Que haremos? Mire est En los años no electorales, el 0.25% de los ingresos generales de la Nación deben ser entregados en base a votación, a partidos, pero ¿cómo se debe repartir internamente dentro del partido? El prorrateo es la forma en que se contabilizan, registran y acreditan los gastos de campaña, respecto a aquello eventos o mensajes que realizan de manera conjunta, dos o más candidatos a cargos de elección popular de un mismo partido, con fines promocionales durante el período de campaña electoral. La Ley permite a los partidos políticos establecer arbitrariamente las cantidades acreditables a los gastos de campaña de dos o más candidatos a cargos de elección popular, lo cual generaba incertidumbre y afectaba los procesos de fiscalización y rendición de cuentas por parte de los candidatos. Por lo tanto, la innovación de la Ley General de Partidos Políticos sobre el tema de prorrateo es el hecho de que se deben crear en la Ley una serie fórmulas predeterminadas, las cuales establezcan el porcentaje de gastos que debe contabilizarse a cada campaña en caso de que diversos candidatos realicen de manera conjunta actos o mensajes de promoción, lo cual abona en la certeza y equidad que debe observarse en toda contienda electoral. ¿Que % doy a cada uno? Cada quien debe conocer de forma más clara las reglas del juego, lo cual permite que el ciudadano confíe más en dichos procesos. Dejar esas fórmulas a cargo de Unidad de Fiscalización JCE, es darles poder discrecional. Además ningún partido político debe recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior. Respecto a lo anterior, debe considerarse que las aportaciones de los simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. Ello abonará a la construcción de bases más igualitarias y equitativas entre los partidos políticos de cara a las próximas contiendas electorales. Independientemente de la postura a favor o en contra que se tenga sobre este determinado tema “financiamiento privado en campañas electorales”, la realidad es que dicha disposición es un voto de confianza por parte del legislador a la transparencia y equidad del sistema democrático nacional si tomamos en cuenta que todas y cada una de las aportaciones deben estar perfectamente acreditadas en su origen y destino. Me parece que el flexibilizar los límites del financiamiento privado se debe al hecho de que los sistemas de fiscalización de los partidos políticos deben ser mejorados y renovados con la Reforma Electoral. Todo cambio y toda reforma generan siempre una ilusión de mejorar la situación de nuestro país y espero que esta no sea la excepción, sin embargo se necesita del compromiso de todas y todos los que estamos involucrados en la materia electoral. Como puede apreciarse, el tema de prorrateo y el de financiamiento privado tendrán una gran relevancia en el próximo proceso electoral de 2016. Desde mi punto de vista, el objetivo final que pretenden las leyes electorales es blindar dichas elecciones y dotar de certeza al sistema democrático dominicano. Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla y con el inicio del proceso electoral a la vuelta de la esquina me parece que de lo único que ha pecado el Congreso, si es que puede llamarse pecar, es de haberse sentado a innovar. Lo dijo el maestro Miguel Guerrero, «Todos los cambios introducidos en las últimas décadas a las leyes relacionadas con el funcionamiento del sistema político dominicano han sido el fruto de los temores y sospechas mutuas de los partidos y las conveniencias personales del liderazgo de turno. No han sido concebidos para mejorar la vida de los ciudadanos como tampoco para perfeccionar las instituciones que sirven de base al juego político» Nadie aporta a los partidos sin esperar nada a cambio.