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Madres dominicanas en Puerto Rico enfrentan pandemia ‘desde la sombra’
POR JOSÉ M. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ
SAN JUAN.- La falta de una política pública sobre asuntos de inmigración en Puerto Rico ha provocado que las madres dominicanas y sus hijos enfrenten necesidades que se multiplican con la emergencia del coronavirus. Esto se refleja en menos oportunidades de empleo, atraso en sus procesos migratorios y familias que no logran acceder a servicios esenciales, como educación para sus hijos.
Y es que los retos del fenómeno migratorio no se resuelven con vacunas, aunque se vivan tiempos de pandemia.
Carla, a quien identificamos con un seudónimo para proteger su identidad, tiene diecisiete años, cursa el duodécimo grado, es dominicana y en estos días se cuestiona qué será de su vida cuando complete el cuarto año de escuela superior “sin papeles”.
Carla dice que es parte de “una sombra”. Así define a la comunidad dominicana en Puerto Rico. Como muchos de los estudiantes de las escuelas de la Isla, no ha recibido la computadora que prometió el Departamento de Educación (DE). En lo que respecta a sus citas en la Corte de Inmigración, desde principios de año se han pospuesto una y otra vez, lo que le genera angustia y estrés en el contexto de una transición a la vida universitaria que está a la vuelta de la esquina.
Desde la sala de su casa, una de tantas residencias de alquiler que sobreviven entre el abandono del casco urbano de Río Piedras, se observa la diversidad. Río Piedras es una comunidad donde se mezclan dominicanos, haitianos y hasta palestinos, la mayoría en una situación de pobreza que se percibe en una caminata desde la avenida José Gándara hasta hasta la 65 de Infantería.
La Encuesta sobre la Comunidad que hace el Buró del Censo indica que para el 2018, la población en Puerto Rico de personas nacidas fuera del territorio nacional o estadounidense era de 85,348. De ese número, se reportó que 42,728 no contaban con ciudadanía americana. Sin embargo, no hay datos oficiales que ayuden a definir la población dominicana, a pesar de que organizaciones comunitarias como el Centro de la Mujer Dominicana hablan de que hay hasta 200 mil en la isla.
Carla se piensa invisible. No se siente reconocida por el gobierno dominicano ni por el de Puerto Rico.
Lo dice porque durante la pandemia se ha vuelto necesario reflexionar a diario sobre la incertidumbre, entre las responsabilidades académicas y los retos del hogar. Toca “manejar las presiones emocionales con cuidado”, dice.
Junto a la joven, que aspira a formarse como tecnóloga médica, están en el mueble de la casa sus dos hermanos. Ella es la única de los tres que no tiene ciudadanía. Recuerda cómo llegó a Puerto Rico hace tres años y medio, luego de que su madre — a quien llamaremos Carmen para proteger su identidad — supo que la pequeña niña de un año que había dejado bajo la tutela de la abuela en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, ahora tenía 13 años y había recibido una visa de estudiante para viajar a un congreso educativo en Nueva York.
Carmen escucha a su hija y la observa desde el comedor de la residencia. Repasa con cautela las memorias de aquel día que lo arriesgó todo en alta mar; un viaje de dos días en una vieja embarcación de madera. Se concentra en el capítulo más importante de la travesía: el reencuentro con su hija poco más de una década después.
La Carta de Derechos del Estudiante dice que todo alumno residente en Puerto Rico, independientemente su estatus migratorio, tendrá derecho a una educación pública gratuita y segura. La ley dispone que no se puede negar el acceso a la educación a ninguna persona, aún cuando no se pueda establecer que su estatus migratorio es regular. A nivel universitario, sin embargo, es requisito un seguro social para, por ejemplo, solicitar la asistencia económica que permitiría costear los estudios.
Según Carmen, durante este tiempo de pandemia, tanto ella como su hija son más vulnerables que nunca. Eso también afecta a sus otros dos hijos, por supuesto. Esta casa, como muchos hogares en la pandemia, se transforma en escuela. Y desde marzo, Carmen no ha generado ingresos como empleada doméstica. Pensar en un contagio de COVID-19, por ejemplo, es una preocupación adicional. A pesar de tanto esfuerzo y de tanta lucha, la madre y la adolescente de diecisiete años no tienen derecho a un seguro médico.
Doña Carmen se toma el tiempo de recordar el último trago amargo en un hospital de Puerto Rico.
La Ley de Tratamiento Médico y de Emergencia (EMTALA, por sus siglas en inglés) establece que los hospitales deben atender todas las emergencias sin identificar estatus migratorio. Cuando un paciente no cuenta con plan médico o no puede pagar por los servicios, suelen ser referidos a hospitales del Estado. En esa ocasión apareció ayuda para Carla desde la comunidad.
Solo respuestas comunitarias
El apoyo que recibe esta familia es producto de la autogestión de la sociedad civil. Cuando repasan los retos superados, hablan del Proyecto Aurora, un esfuerzo del personal docente y estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que coordina la profesora de la Facultad de Educación Gladys Capella Noya para ayudar a niños y niñas de escasos recursos y a sus familias en la comunidad. También, mencionan las aportaciones del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), un esfuerzo del recinto de la UPR para la revitalización del centro urbano y comunidades de la zona.
A pesar de una petición de información hecha hace un mes, el DE no proveyó al CPI información relacionada a estudiantes dominicanos en el sistema público de enseñanza. Tampoco ofreció datos que arrojen luz sobre los retos de estudiantes inmigrantes con o sin papeles dentro del sistema público, ni de esfuerzos de la agencia, si alguno, para atender estos casos.
El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) tampoco tiene datos concretos sobre este tipo de perfil. A pesar de que su misión es promover y ejecutar estrategias, programas y propuestas dirigidas a la comunidad dominicana residente en Puerto Rico, su director, Adalberto Bejarán, informó al CPI que como institución no tienen la capacidad de atender situaciones de esta naturaleza. Bejarán manifestó que su trabajo, en cuanto a estas problemáticas, consiste en referir “casos que tienen el mérito” al consulado dominicano o a organizaciones del tercer sector. No definió los elementos para lograr ese mérito. Solo habló de un estudio del perfil de los dominicanos en Puerto Rico que no se ha completado “por razones económicas”.
La familia de Carmen, casada con un puertorriqueño, lidia con sus necesidades, en parte, con las ayudas que ofrecen organizaciones comunitarias y desde la propia comunidad dominicana. No hay de otra.
El miedo en casa y los niños
En los alrededores del Residencial El Prado, también en la ciudad capital, doña Luz le ordena a Luisito, un amante del béisbol, que apenas tiene nueve años, que entre a la casa y se mantenga en silencio. Luz, quien también lleva un seudónimo para proteger su identidad, llegó hace veinte años a Puerto Rico y todavía no tiene la ciudadanía, “a pesar de los muchos esfuerzos y las múltiples orientaciones”.
Es sobreviviente de violencia doméstica. Explica cómo se divide para trabajar haciendo trenzas en su balcón y asistir a dos niños de educación especial.
Un estudio realizado en conjunto entre el Centro de la Mujer Dominicana y la Universidad de Puerto Rico en 2015 encontró que, de 900 mujeres inmigrantes consultadas, el 97% reportó haber experimentado violencia emocional y psicológica. Mientras, el 81% dijo haber sufrido violencia física y el 72% violencia sexual.
Fuente: CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO