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Los procónsules
Posiblemente con algodones en los oídos, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y acompañantes escucharon las explicaciones que ofrecieron por separado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) sobre los conflictivos temas de apátrida y discriminación racial contra ciudadanos haitianos.
Esa comisión de la CIDH, encabezada por Luis Ernesto Vargas Silva, a cargo del portafolio de República Dominicana, vino en función de equipo interventor, con la expresa misión de interactuar principalmente con voceros de organizaciones que forman parte del entramado que promueve infamia contra el gentilicio nacional.
El presidente de la JCE, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, revelo a los comisionados que como consecuencia de la aplicación de la ley 169-14 sobre regularización de indocumentados, de 61,049, inscritos irregularmente en el Registro Civil, un 93% ha sido beneficiado con la legalización de su situación migratoria.
En esa gente no se puede creer ni en el saludo que ofrecen porque representan a un órgano de fisonomía imperial que de manera arbitraria y abusiva incluyó a República Dominicana en el Capítulo IV referido a países que promueve apatridia, discriminación o exclusión racial o que violentan derechos humanos de manera sistemática y grave.
La sentencia del Tribunal Constitucional que estableció una correcta interpretación del Constituyente dominicano en relación al alcance de la nacionalidad, no despojo a ningún ciudadano de su gentilicio, sino que ordenó regularizar las inscripciones fraudulenta ante el Registro Civil, lo que acato el Poder Ejecutivo mediante una ley.
Lo que procura reparar ese edicto fue un mayúsculo desorden migratorio alentado por potencias extranjeras que desean que se convierta en insalvable y en fuente de unión forzosa de Haití y República Dominicana, aun sea dentro de 50 años.
Ningún ciudadano ha sido despojado de su nacionalidad, ni aun en los casos de fraude en la inscripción con documentos falsos en el Registro Civil; lo que se ha ordenado es que toda persona en situación migratoria irregular debe regularizarse, para lo cual el Estado puso al alcance de los afectados todas las posibilidades jurídicas y administrativas.
La condición de racista y de promover apatridia debería ser aplicada por la CIDH al gobierno de Estados Unidos por decretar la deportación dentro de 18 meses a 59 mil haitianos o al de Las Bahamas por disponer la repatriación de todos los niños haitianos en condición de indocumentados.
Hay que rogarle al Grupo Bono, que organizo el baile de gagá ante las tumbas de los forjadores de la nacionalidad, como recibimiento a los procónsules de la CIDH, que hable bien de nuestro país, aunque se adelanta que a los dominicanos nos importa un comino lo que digan o hagan esa gente.