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Los partidos engañan, desvían fondos e incumplen ley
El financiamiento de los partidos en RD desde el inicio de la supuesta democracia de 1966 hasta 1997 por más de 30 años correspondía en secretos a los sectores empresariales privados y la intervención economica del estado en los partidos fue a partir de la ley electoral 375-97.
De dos partidos grandes PRSC y PRD durante más de 3 décadas, evolucionado por corto tiempo a tres partidos mayoritarios incluyendo al PLD y tras la crisis del PRSC y del PRD y con la aprobación de recursos para los partidos, hemos regresado otra vez a dos partidos PLD y PRM y hemos aumentados los grupos pequeños.
Más de 57 auditorías han sido realizadas por la Cámara de Cuentas a los 35 partidos y movimientos legalizados por la JCE, las cuales han resultado con las mismas irregularidades de falta de soportes, desembolsos sin documentos ni facturas, y en el pago de sus nóminas a empleados y colaboradores sin las retenciones impositivas.
13 de estos partidos han sido auditado una sola vez, 14 dos veces, tres 3 veces, al PRD 4 veces y al PDI no se le ha hecho auditorias. Tampoco se le ha fiscalizado a Opción Democrática porque es de reciente creación y todavía no ha recibido recursos de la JCE.
En esas 4 auditorías al PRD, en el 2008, 2012, 2014 y 2016, estando primero junto a dirigentes del PRM, se encontraron omisión de concursos y licitaciones, adquisición de vehículos sin previa selección, compras sin cotizaciones, pagos sin documentos y falta de registros contables.
A pesar de la experiencia administrativa y financiera del PRM en la única auditoria que se le realizo en el 2016 quedo muy mal. Recibió de parte de la JCE más de $ 8 millones en el 2015 y $ más de 8 millones en el 2016 para un total por más de $ 16 millones.
En una auditoria de la CC a sus estados financieros en el 2016 se encontró que tiene una nómina de empleados por $ 4, 688,781 millones y que no funge como un agente de retención de sus funcionarios con salarios porque no hace deducciones.
Este partido, emitió cheques sin evidencias, cheques nulos que se incluyeron en los registros contables, y realizo desembolso sin documentos. Tiene un monto por $ 113,151 en la cuenta aumento de activos y retenciones sin documentos que lo vinculen a esa cuenta.
Pagó a 37 colaboradores $ 7, 666,092 millones sin evidencias ni documentos de soportes. Pagó sin firmas de autorización $ 7, 157,479. Realizo desembolso sin especificar el tipo de servicio prestado. Pagó a proveedores sin proceso de selección. Ejecutó pagos con nombre diferente al beneficiario de los documentos.
Otras auditorías realizadas al PLD en el 2009 y en el 2016 a los fondos del estado bajo la dirección de Leonel Fernández, Reynaldo Pared Pérez y Víctor Díaz Rúas se encontraron gastos de campañas por más de $ 236 millones sin comprobantes justificativos.
Emitió cheques y realizo desembolso sin soportes justificativos por más de $ 245 millones. Hizo pagos de bienes y servicios sin cotizaciones y pagos por más de $ 239 millones con facturas sin RNC.
En el 2008 el PRSC tras un arqueo y según el dictamen de auditores este partido emitió cheques por más de $ 7 millones sin facturas a nombre de la entidad. Se compraron más de $ 5 millones en motores y alimentos en un negocio vinculado a Rogelio Genao en la Vega.
Los partidos reciben los dictámenes de los auditores, critican algunos y subsanan otros y al final aceptan las recomendaciones de la CC pero vuelven y repiten las mismas irregularidades de años anteriores sin ningún tipo de consecuencias.
Hay que regular este financiamiento para que los partidos que sean reincidentes en desvíos e incumplimientos legales, se proceda a la suspensión parcial o definitiva de estos recursos y quitar el 2% al tope electoral para mantener la personería jurídica y llevarlo a un 5% y el que no lo logre también los pierdas.
Los viejos partidos, a pesar del derroche, el desvío y el incumplimiento, no se oponen a la entrega de estos recursos pero somos muchos los dominicanos que no estamos de acuerdo con la contribución de los partidos de parte del estado del ½% en los años electorales y mucho menos con el ¼% en los años no electorales.
Aunque se aprobó la reforma a la ley electoral y la nueva ley de partidos, no hay disposiciones que regulen estos recursos ni tampoco los recursos de los empresarios y peor aún se legalizo la entrega de recursos de empresas extranjeras para beneficiar Odebrecht y a otras que sobornan en secretos.
Según la nueva ley electoral 33-18 en su artículo 42 hay un tope de gastos de la precampaña presidencial de 70 pesos por cada elector lo que obliga a un gasto de alrededor de 500 millones pero lamentablemente no hay un límite para los gastos de campañas.
De seguir este desorden político y económico, estos partidos pasaran de la manipulación a la desaparición y la población debe estar preparada politicamente para favorecer nuevas opciones con el fin de darle un giro a la democracia para sanear las instituciones políticas y entidades del estado, regular los aportes del sector privado, limitar las alianzas parasitarias que buscan lucros y quitar los aportes del estado.
of-am