OPINION: La suspensión de Dilma Rousseff
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la corrupción se define como la “acción y efecto de corromper o corromperse. La alteración o vicio en un libro o escrito. El vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, (Corrupción de las costumbres). En las organizaciones, especialmente en las públicas: práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, en favor de sus gestores”.
Manipular cifras fiscales para obtener el beneficio de ser elegido o reelegido en una posición administrativa, es un acto de agravio contra el patrimonio institucional de cualquier nación o institución, sea esta pública o privada. Y no hay dudas de que ese tipo de acción delictiva es un acto de corrupción.
Son precisamente esos hechos que han querido presentar como inocuos actos de corrupción, los perniciosos vicios que hay que comenzar a combatir en este continente subdesarrollado, para poder avanzar realmente. Sin el respeto a las instituciones no vamos a alcanzar nunca el anhelado desarrollo económico, político y social.
El respeto a las normas institucionales es lo que va a garantizar la fortaleza de cualquier estado de derecho. Sin el debido respeto a esas premisas seguiremos transitando por el mismo derrotero errático por el que hemos deambulado dando tumbos, históricamente.
De manera que lo que ha ocurrido en Brasil con la suspensión de la presidenta, no debe catalogarse como una injusticia, por el hecho de que el delito cometido pueda ser considerado como un acto que no amerita su destitución, porque supuestamente no está siendo acusada de corrupción, según piensan algunos, que quizás ignoren como las leyes brasileñas tipifican el desliz por ella cometido, en forma recurrente.
Alegar que es un golpe de Estado lo que allí se ha cometido es descalificar a las instituciones legítimamente democráticas que tomaron la decisión de enjuiciar a la suspendida mandataria basadas estas en la constitución brasileña.
Fueron mas de las dos terceras partes de las cámaras del congreso las que votaron democráticamente para aprobar la histórica decisión, tomada como castigo a la acción ilegal de manipular las cifras del presupuesto para fines partidarios y personales, lo que constituye un verdadero acto de corrupción muy dañina para la democracia.
Tal acto conspiró abusivamente en contra de los demás partidos que participaron desventajosamente, por esa acción que permitió que la beneficiada se pudiera presentar como candidata y ser reelegida, con el beneficio de la alteración de datos financieros favorables a sus propósitos. De manera que la denuncia de que su suspensión es fruto de una conspiración, es a mi entender, una cortina de humo.
jpm