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La política-delincuencia dominicana
Parafraseando al escritor y reportero mejicano Diego Enrique Osorno, el crimen organizado por los partidos políticos, en realidad se origina, sostiene y nutre desde las propias estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia.
En República Dominicana, como en la mayoría de países de la América Latina del Simón Bolívar, los partidos políticos tradicionales están totalmente convencidos que sin cuantiosos recursos económicos, sin asociarse a ciertos poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, sin sumar los pocos pero no menos importantes votos de los llamados partidos parásitos, sin un control del Poder Judicial y sin constituirse en una asociación para delinquir, difícilmente se pueda acceder al poder, y lo que es peor, mucho más complicado será mantenerse con él.
Para lograr el primer requerimiento (los recursos económicos), los partidos- gobiernos en América Latina, han identificado como fuente primaria de la obtención y acumulación de grandes cantidades de dinero, el propio Estado, el cual han convertido, en un vulgar medio para hacer todo tipo de negocios.
Para ello nombran en los ministerios más estratégicos, es decir, aquellos que manejan las mayores partidas del presupuesto nacional, a un puñado de funcionarios con vocación delincuencial, cuya principal misión es agenciarse la firma de todo tipo de contratos de obras de infraestructura físicas, y de la adquisición de necesidades propias del Ministerio, con socios y patrocinadores de sus campañas, por medio de los cuales perciben extraordinarios recursos por concepto de comisiones por la compra, y por la tradicionalmente amañadas adjudicaciones, de unas licitaciones públicas camufladas de legalidad, para luego obtener otras altas sumas de dinero, a través de las sobrevaluaciones deliberadas con que son infladas dichas obras. Un negocio redondo, pues gana el partido- gobierno, y se benefician sus patrocinadores.
A diferencia de Corea del Sur, que bajo un esquema de asociación público-privada lograron convertir ese país en la cuarta economía más grande de Asia y la 13va más grande en el mundo, aquí (en RD), como en la mayoría naciones latinoamericanas, los partidos-gobiernos se han asociado con el sector privado, que son los propietarios de los principales medios de comunicación, para repartirse las grandes obras de infraestructuras que requiere el Estado, y para convertirse en sus principales proveedores del Estado en lo relativo a las compras y contrataciones públicas, a cambio de favores como el control mediático por parte de algunos medios, y por supuesto, para financiar los proyectos políticos de particulares y de los propios partidos.
Han pactado con la iglesia católica y algunas iglesias protestantes, que en su momento han amenazado con retirarle su apoyo electoral, a cambio de mantener inalterable la prohibición absoluta del aborto, y para lo cual ya han eliminado del proyecto de Código Penal, las excepciones morales y terapéuticas, que permitirían con excepcionalidad la práctica de aborto, en situaciones muy especiales, y con lo cual, se respetarían los derechos de las mujeres. Un pacto que hasta Dios lo reprobaría.
Como elemento adicional a la financiación de los partidos-gobiernos, estos se han cobijado en la contratación de grandes obras públicas por medio de empresas internacionales, algunas de las cuales se han sumado a la práctica tradicional de las empresas nacionales, de sacarle una jugosa comisión a la dirigencia política que hace posible que estas logren su adjudicación, y sumas importantes de dinero por algunas sobrevaluaciones de las obras en perjuicio de Estado Dominicano, bajo el amparo de la propia administración. Una verdadera asociación público-privada para delinquir.
Para redondear el propósito, los partidos-gobiernos, utilizan su influencia en el Congreso Nacional, donde por lo regular tienen mayoría, y legislan para mantenerle su personería jurídica a un numeroso grupo de partidos parásitos en la JCE, que viven del presupuesto nacional, a cambio de sumarle insignificantes cantidades de votos, que al final de cuenta salen más costosos que sus propios votos. Una especie de asociación empresarial, que lo único que hace es desangrar al pendejo Estado Dominicano.
Sin embargo, es importante reconocer, que los partidos-gobiernos, no están ajenos o exentos a la posibilidad de que sus prácticas delictivas generen escándalos de todo tipo, en especial los de corrupción e impunidad, y para enfrentar esa eventualidad, han estratégicamente prostituido el único Poder del Estado que podría sancionar y/o castigar sus infracciones, nombrando allí jueces políticos, con lo que se aseguran una perenne impunidad.
No sin antes, los partidos-gobiernos se reservan constitucionalmente la facultad de nombrar al que podría perseguir los delitos, es decir, al Procurador General de la República, descansando esa función, en un compañero de partido-gobierno, que por lo regular no es otro más que un peón que habrá de encubrir todas estas indelicadezas.
Como consecuencia de este estado de delincuencia estatal, y su bien estructurada protección judicial con la que se garantizan impunidad, los políticos delincuentes terminan satisfactoriamente salvaguardando su patrimonio robado, y lo que es peor, nos lo enrostran en las calles sin el menor pudor.
jpm
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