La OEA, RD y el diálogo del gobierno y oposición venezolana

La Asamblea General es el órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se creó como parte de la reestructuración de la OEA, la cual tuvo lugar tras la adopción del Protocolo de Buenos Aires,[1] que sería firmado el 27 de febrero de 1967, y entraría en vigor a partir del 12 de marzo de 1970 (aunque posteriormente sería modificado). Con anterioridad a estos cambios, el órgano superior de la OEA fue la Conferencia Interamericana, que a su vez fue la sucesora sucesor de la Conferencia Internacional de los Estados Americanos.

La Asamblea General debe convocar una vez al año un período ordinario de sesiones. En circunstancias especiales, y con la aprobación de las dos terceras partes de los estados miembros, el Consejo Permanente puede convocar un período extraordinario de sesiones.

La sede de la Asamblea General es rotativa, y la forma de participación de los estados miembros es democrática, estando representados los miembros mediante los delegados escogidos, que generalmente son ministros de relaciones exteriores o cancilleres.

Se han creado expectativas sobre esta Asamblea porque por mandato del Consejo Permanente se iniciará el diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición política, por medio de un comunicado el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó por consenso una declaración en la que los Estados miembros ofrecen a Venezuela “identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre los actores políticos y sociales del país para preservar la paz y la seguridad en Venezuela con pleno respeto a su soberanía”.

Esta declaración avala la iniciativa de los de los expresidentes  de España José Rodríguez Zapatero, de República Dominicana Leonel Fernández, y Martín Torrijos de Panamá, quienes serán el conducto para iniciar un diálogo entre el Gobierno y la Oposición. No debemos soslayar que la solución al problema venezolano no es tarea fácil por lo rispida que están las relaciones entre los principales actores políticos.

La iniciativa tiene como objetivo fundamental encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de Venezuela, que se agota en medio de una lucha sin cuartel gobierno y oposición. Este te puente comunicacional busca apoyar el diálogo siempre  apegados  a la constitución y el respeto de los derechos humanos para «la solución de las diferencias y la consolidación de la democrática representativa”.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el informe que presentó expresa que Venezuela atraviesa una crisis multidimensional que “desde la precariedad de la situación económica y financiera, compromete su futuro social y político”. “La situación de un país con las reservas más grandes de petróleo del planeta es crítica desde el punto de vista económico, social y humanitario”, dice el informe. “Se estima que la inflación es del 700%, el déficit fiscal del 17% del PIB y la deuda externa es de 130 mil millones dólares o 6 años de exportación de petróleo”.

Debemos consignar que la decisión del Consejo Permanente de la OEA, acordada por consenso de los 34 países, a favor del diálogo, sin sanciones ni amenazas de ningún tipo y que reconoce la plena soberanía de Venezuela.  Podemos asegurar que se impuso la sensatez.

Escuché por TV las declaraciones del presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno se va a mantener en la mesa de diálogo de República Dominicana.

Ahora bien, esperamos que el diálogo traté aspectos medulares de la crisis política, económica y humanitaria que tiene ribetes de urgencia que no permiten dilación, las partes deben ceder y ponerse de acuerdo en un cronograma de actividades que tiendan a bajar los niveles de presión. El presidente Nicolás Maduro debería mejorar el clima democrático y abrir las puertas a los presos políticos, eso no debe estar en discusión y la oposición a través de la Asamblea Nacional colaborar con la gobernabilidad y sumarse a buscar fórmulas para resolver la crisis económica y de desabastecimiento que afecta al pueblo venezolano.

Se han levantado voces calificadas en todo el hemisferio, entre ellas la de el embajador de EE.UU. Michael Fitzpatrick, quien en tono crítico al gobierno venezolano, expresó: «Reiteramos el llamado al gobierno venezolano para liberar a aquellos que han sido perseguidos o encarcelados por sus creencias políticas, incluyendo los líderes de la oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos, la jueza María Lourdes Afiuni, los manifestantes estudiantiles y muchos otros».

El presidente Danilo Medina apuesta a que el diálogo entre el gobierno y la oposición política venezolana, espera que contribuya a que las partes superen sus diferencias y descubran coincidencias que hagan posible una convivencia próspera y democrática.

De igual manera reaccionó el ministro de relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, dijo que la cancillería acoge con satisfacción la resolución en cuestión. La comunidad intelectual dominicana que siempre ha sido militante de la paz  y democracia de América, hace votos porque de esa mesa del diálogo surjan soluciones que alivien las tensiones y sufrimientos del hermano pueblo venezolano.