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La Ley 63-17 y el ordenamiento de las motocicletas
La República Dominicana es el segundo país en el mundo con la mayor ocurrencia de accidentes de vehículos de motor y con la mayor tasa de muertes y heridos. Estos accidentes de tránsito le cuestan al país miles de millones de pesos al año. En el 60% de estos accidentes según datos estadísticos está involucrada una motocicleta.
Recientemente se aprobó ley 63-17 que crea el Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre-INTRANT, la cual tiene unos 40 reglamentos para su aplicación. La misma contiene una serie de normas para la organización del tránsito vehicular, estableciendo un sistema para la conducción de las motocicletas pero lamentablemente no existe un sistema para su ordenamiento y control.
El parque vehicular del país es de alrededor de unos 4,500,000 vehículos, de los cuales el 54% son motocicletas (2,430,000), la mayoría de las cuales carece de registros y de matrículas.
El uso de las motocicletas como un medio de transporte particular y de pasajeros, en un país carente de un transporte masivo suficiente (metros, autobuses articulados, teleféricos), se ha convertido en un mal necesario, en una fuente de empleo, aunque muy informal.
La Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el INTRANT urgentemente deben propiciar un mecanismo que dote y facilite de matrículas, registros y de licencias a los propietarios y conductores de motocicletas, pues además de organizar el tránsito, facilitaría importantes labores que son imprescindibles para la seguridad ciudadana del país, como es la identificación de las personas accidentadas, las motocicletas que son sustraídas y deshuesadas; el ordenamiento en distintas paradas y cooperativas de motoconchistas, así como para perseguir a los actos delincuenciales y criminales, pues muchos de estos son realizados en motocicletas, por la facilidad de escapar.
La DGII, así como hace con las agencias de vehículos, que les otorga marbetes provisionales hasta tanto se gestionen las placas originales, luego de una rigurosa inspección física, así también debe hacerse con las motocicletas. La DGA debe otorgar los registros de las motocicletas importadas, pues muchas de las agencias que las distribuyen no los otorgan, ya que estas ingresan al país como piezas. Se deben crear facilidades para motivar la obtención de estos documentos, a un costo mínimo, lo que le generaría importantes ingresos al estado dominicano. Los propios sindicatos o gremios de motoristas deben colaborar para la agilización de estos trámites, lo que iría en su beneficio.
Todos los vehículos que circulan en las calles deben pagar un impuesto para poder hacerlo. Hasta la década de los años sesenta, una bicicleta se consideraba como un vehículo y pagaba un impuesto para poder transitar, por lo que en este aspecto hemos retrocedido.
Se debe iniciar una intensa campaña de orientación y concientización ciudadana a través de las distintas alcaldías, las gobernaciones provinciales y el INTRANT, por radio y televisión, para reducir la cantidad de accidentes de tránsito que diariamente ocurren, los cuales les cuestan al estado dominicano, todos los años, miles de millones de pesos en atenciones médicas en los distintos hospitales a los que resultan con traumas severos y heridos de gravedad, pues no podemos continuar con este desorden mayúsculo.
En nuestras escuelas y colegios se debe impartir a los estudiantes la asignatura de Educación Vial. El INTRANT, de manera sistemática, no esporádica, debe mantener los operativos de cumplimiento a la ley. Si así lo hacemos contribuiremos a reducir drásticamente las estadísticas de accidentes y la pérdida de vidas, sobre todo, de jóvenes valiosos, en nuestro país.