La ambigüedad estratégica del imperio haitiano

POR NILO V. DE LA ROSA

Existe consenso sobre el origen estadounidense del concepto de “ambigüedad estratégica”. Por un lado, se refiere a la política detallada para relaciones comerciales, consulares, migratorias, económicas e incluso académicas entre Estados Unidos y la República de China (Taiwán). Por otro lado, hace referencia a la política deliberadamente confusa de los vínculos militares entre ambos Estados. 

Esta política se fundamenta en la Ley de Relaciones con Taiwán (TRA, por sus siglas en inglés), promulgada por Jimmy Carter en 1979, cuatro meses después de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. En síntesis, el “sí pero no”, el “no pero sí” y el “vamos a ver” de Washington con respecto a la defensa de Taiwán frente a una invasión china, crea una incertidumbre que disuade a Beijing de una aventura militar, y al mismo tiempo disuade a Taipei de una imprudencia política.

El gobierno de facto de Ariel Henry en Haití ha adoptado una especie de ambigüedad estratégica en sus relaciones exteriores, particularmente con la República Dominicana. A diferencia de la ambigüedad estadounidense basada en la ley, la haitiana se fundamenta en lo contrario, es decir: 1) Ruptura constitucional desde antes del magnicidio de Jovenel Moïse; 2) Carácter fallido y forajido del Estado y; 3) Hegemonía territorial de las pandillas. Cuando se invita al diálogo con Haití surgen estas interrogantes: ¿Diálogo con quién? ¿Acuerdos con las firmas de quiénes?

Se genera así una situación favorable para las autoridades haitianas, haciéndose acreedoras de todo y deudoras de nada. Beneficiarias de todo y responsables de nada. Sujetos de todo derecho y de ningún deber. En fin, una obra repulsiva a los ojos de la Convención de Montevideo de 1933 sobre derechos y deberes de los Estados y que facilita la imposición de la voluntad de la corte burocrática del Dr. Ariel Henry.

Las nuevas tensiones con República Dominicana, a raíz de la construcción ilícita de un canal de riego sobre el Río Dajabón, desvela la estrategia de ambigüedad de Puerto Príncipe. Primero, se declara “incapaz” de intervenir, supuestamente porque la obra es realizada por empresarios y personajes “incontrolables” a través de una constructora vinculada al régimen cubano. Segundo, tropas de la Policía Nacional Haitiana (PNH) encabezada por Frantz Elbé se presentan, no para detener la obra sino para custodiarla.

Tercero, el ministro de agricultura, Bredy Charlot, publica un informe técnico considerando “inapropiado” este canal, dando razón al gobierno dominicano. Cuarto, el ministro de relaciones exteriores, Jean Généus, instruye a sus talentosos y avispados diplomáticos para que defiendan el derecho de Haití a desviar el afluente y a denunciar las reacciones “unilaterales” y “hostiles” dominicanas ante el avance de la obra. Quinto, el mismo Bredy Charlot, da un giro y declara el compromiso “inquebrantable” del primer ministro Henry con respecto al desvío del afluente fronterizo.

Pasan los días y como un pequeño imperio, Haití hace y deshace a sus anchas con impunidad. Un Estado que sólo ha conocido la expansión territorial desde sus orígenes coloniales franceses en la isla Tortuga. Un Ariel Henry que, en medio de la anarquía y la ambigüedad, ya equipara su rango de poder a los emperadores haitianos Jacques I (Jean-Jacques Dessalines), Henri I (Henri Christophe) y Faustin I (Faustin-Élie Soulouque).

¡Ojo al Cristo!

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