Inexperiencia, contradicciones y populismo

     Al cumplirse los primeros 60 días del gobierno PRM-Abinader, en un mensaje de tres minutos, el Presidente insistió en promocionar “el cambio”, su interés por satisfacer las expectativas populares,   en su altruismo personal y en una motivación para “llegar a la meta juntos”.

Previamente, en su discurso del pasado jueves 8, el Presidente, desde el tribunal que montó en el Palacio, dictó, sumariamente, dos “sentencias”:

En dichas “sentencias” el Presidente condenó y estigmatizó la alta dirección del PLD por el delito penal de la  corrupción; mientras “inducía” la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas de la R. Dominicana (CCRD) por ser cómplices y blindar la corruptela e impunidad de los gobiernos peledeistas.

Ambas “sentencias” revelaron inexperiencia y desconocimiento de las atribuciones y limitaciones constitucionales del Primer Mandatario de la Nación.

En contradicción con una de esas “sentencias”, tres días después,  la Directora de la Dirección General de Ética Gubernamental, públicamente, “solicitó” al Presidente de la CCRD que “no renuncie porque se atrasarían las investigaciones sobre las declaraciones juradas de bienes de los nuevos y salientes funcionarios”.

Mientras el Presidente y el Ministro de la Presidencia “renunciaban” al usufructo de los honorarios de sus respectivos cargos, en otras dependencias gubernamentales se realizaban sustanciosos aumentos de sueldos, evidenciando populismo y contradicciones.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el PEPCA están cumpliendo con sus funciones al investigar y preparar los expedientes para judicializar diferentes casos de posible corrupción. Por otro lado, el Consultor Jurídico de la Presidencia hace tres altisonantes anuncios:

a).- Anulación de todas las contrataciones con Odebretch y consorciados dominicanos, b) licitaciones para contratar oficinas de abogados para representar al Estado en los casos de corrupción y c) rescisión de los contratos relacionados con la adquisición del asfalto caliente que hizo el pasado Ministerio de Obras Públicas.

Esas tres acciones, directa e indirectamente, colinden con los procedimientos y gestiones institucionales que está realizando la PGR y el PEPCA, que podrían obstaculizar los propósitos de llevar a los tribunales a los responsables de posibles actos de corrupción, lo cual evidencia improvisación e incoherencia.

Mientras el Presidente proclama la independencia de la PGR y  le estimula a la eficacia ante la manoseada impunidad que favorece la corrupción, en el proyecto de Presupuesto para el 2021 se le hace una significativa  reducción al presupuesto de la PGR que, sin lugar a dudas, afectaría la calidad y rapidez de sus labores anticorrupción.

Todavía se desconocen los principales detalles y criterios (transparencia… ¿pa`cuándo?)  para negociar  (nuevas deudas) con el sector financiero y la Barrick Gold el pago por adelantado de sus impuestos.

Esa apresurada negociación la dispuso el Presidente para enmendar el provocador “paquetico” de impuestos que, subrepticiamente, se pretendía aplicar a través del Presupuesto para el 2021, lo cual evidenció una peligrosa improvisación del equipo económico del gobierno.

De acuerdo a unos miembros de ese equipo económico, el pago de estos impuestos permitiría dis­poner de los recursos equivalentes a la abortada carga impositiva que se incluyó en el proyec­to de Presupuesto, por lo cual para el 2021 no habría nuevos impuestos. En oposición, el Director General de Presu­puesto informó, recientemente, que “será obligatorio establecer nuevos impues­tos para poder cubrir el Presupuesto del 2021”.

Provocando confrontaciones con grupos de poderes fácticos e importantes sectores de la sociedad dominicana, dos viceministras están promoviendo la “inclusión” para ciertas preferencias sexuales, utilizando plataformas gubernamentales,  sin especificar si esa acción es personal o implementando una “política pública oficial” del  gobierno.

Pendiente de la decisión del Tribunal Superior Administrativo se halla la solicitud de medida cautelar que interpusieron Directores Regionales y Distritales de Educación contra la politizada ordenanza del MINERD que los convirtió en “botellas” mediante el sambenito de “asesores”.

En torno a las plantas de Punta Catalina se ha montado una difusa campaña mediática desde diferentes ámbitos del gobierno. Unos funcionarios hablan de “venta”; otros de investigación para judicializar los pagos que se realizaron, las presuntas sobreevaluaciones y sobornos. Otros niegan la intención de venderlas mientras acusan a exfuncionarios de recibir las plantas con cuantiosos defectos de fábrica que impiden su operatividad, evidenciando  improvisación y contradicciones.

El tsunami político que le dio el triunfo al PRM-Abinader, en gran medida, por acción de la clase media descontenta por ejecutorias erráticas del gobierno del ex presidente Medina,  en tan pocos días se está alborotando. Esa clase media sensible, empoderada de sus derechos, exigiendo transparencia y gobernanza, “está atenta”, al igual que la Primera Dama.

Esta reflexión sobre los primeros 60 días, es para exhortar al gobierno a superar la inexperiencia, improvisaciones y contradicciones de sus funcionarios para inspirar confianza y facilitar que el pueblo le acompañe en “el camino largo, para conseguir llegar a la meta juntos”, como aspira el Presidente Abinader.