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Indefendibles pensiones de altos funcionarios
Voy a referirme a las megapensiones que reciben los ex funcionarios de la JCE desde el 2007 tras aprobarse el Reglamento de las Pensiones contrario a la ley 87-01 porque hay alguien allí a quien admiro y respeto por su conducta intachable en la vida pública y privada que la recibe, pese a que dijera hace un tiempo que esas pensiones era un robo.
Aunque esta persona nos honra como parte de los grupos progresistas, decir que estas pensiones eran parte de la corrupción pasada y hoy que disfruta de estos privilegios justificarla porque está aprobada por un reglamento es un rompimiento ético y moral que está haciendo mucho daño.
Como decimos que no hay privilegios cuando para conseguir una pensión de miseria se requiere de 30 años laborales y tener 60 años de edad. Mientras que los ex titulares tienen pensiones millonarias con el 50% de su sueldo por 4 años, el 70% por 8 años, el 85% por 12 años y el 100% por 16 años.
Estas pensiones no solo se están dando en la JCE sino también en la LMD, el Banco Central, el Banco de Reservas, la UASD, la SCJ, y el Congreso. El presidente ordenó su eliminación a través del decreto 616-12 pero o no le hicieron caso o los intereses economicos se impusieron al ejecutivo.
Tanto el funcionario como el empleado son dos servidores públicos y la ley es igual para todos. Las condiciones de las pensiones están fijadas por la ley 87-01. Aprobarse un reglamento para quitar las restricciones de ley y aumentarse el monto de las pensiones en forma excesiva, es ílegal.
En la lista de las megapensiones de la JCE está, la Dra. Ana Teresa Pérez, $112 mil, Dr. Ramón Hernández Domínguez $112 mil, Dr. Nelson Gómez Arias $112 mil, Dr. Manuel Ramón Morel Celda $134 mil, Dr. Luis Nelson Pantaleón Gonzales $134 mil, Dr. Rafael Días Vásquez, $134 mil.
Asi como también la Dra. Rafaelina Pérez Arias $134 mil, Dr. Luis Arias Núñez $183 mil, Dr Salvador Ramos $183 mil, Dra. Aura Celeste Fernández $201 mil, Dr. Manuel Ulloa Achecar $120 mil, Dr. Servio Tulio Almaizar Botello $148 mil,
y la Dra. Carmen Compres Gómez con $207 mil.
Hay 43 pensiones de sobrevivientes que la reciben familiares. Tambien, tenemos 184 pensiones de empleados y 14 megapensiones de los ex titulares. No dude que ya estén en trámite de sus pensiones, los ex miembros Eddy Olivares, Jose Angel Aquino, Cesar Felix Felix y Roberto Rosario.
Si comparamos la nómina de las 14 megapensiones con la nómina de los 227 pensionados podrán comprobarse las pensiones de miserias que tienen unos con relación a otros. El 95% de las minipensiones están entre $ 2 mil y $ 30 mil.
Los pasados titulares como se aumentaron el salario de $ 240 mil a $ 360 mil, se incrementaron automáticamente sus pensiones. Los tres que duraron 10 años recibirán el 85% de su salario igual a $ 300 mil pero Roberto Rosario quien duró 14 años podrá pensionarse con el 100% que es de $ 360 mil.
Lo que hay alrededor de las pensiones es un completo desorden que ni el CNSS, ni la SIPEN ni el gobierno han podido resolver. Ahora la JCE tiene los pensionados de la institución y las megapensiones. Otras instituciones aún tienen las pensiones de la ley 379 y 1896 y también cotizan para las pensiones de la nueva ley. Y todavía hay pensiones del IDSS.
La ley no se cumple para los empleados de ingresos tardíos porque ni le dejan hacer aportes ni el gobierno complementa sus pensiones, además le devuelven los recursos a los empleados pero permiten pensiones a los altos funcionarios que no han acumulado lo suficiente para merecerlas.
Ningún reglamento sea de la JCE o de otra institución puede contradecir la ley 87-01. La constitución prohíbe los privilegios. De ahí que el TC no puede permitir esta ilegalidad. Hagamos como la Corte Constitucional de Colombia que prohibió las megapensiones que se daban a los Magistrados, Congresistas y Altos Funcionarios por violar la ley.
Todavía hay tiempo para corregir estos entuertos en la futura reforma de la ley o en la jurisprudencia constitucional. Hay que acabar con la injusticia y los privilegios. También hay que eliminar todos esos mecanismos burocráticos. Y garantizar pensiones dignas para los trabajadores en su vejez.
Pero para lograr esto, debemos vigilar a este Congreso porque desde ya se denuncia que en la modificación de la nueva ley 87-01 en vez de aumentar los bienes de la salud se pretende hacer otro mamotreto en favor de empresarios.
Ojalá que los grupos progresistas y los ex titulares honestos y honorables reflexionen sobre la desigualdad de estas megapensiones y las pensiones y la rechacen como parte de la corrupción porque en buena justicia resultan indefendibles.
jpm
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