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Haitianismo, crímenes, corrupción e impunidad
Decidí no escribir una sola palabra sobre el tema haitiano, porque el PLD ha demostrado que por conveniencia política lo mantiene sobre el tapete, cuando lo que tiene que hacer —porque está en el gobierno, no en la oposición— es aplicar la Constitución y las leyes en asuntos migratorios, respetando derechos humanos universales y la dignidad de las personas. Y punto.
Lamentablemente, el segundo líder en importancia en el Partido Revolucionario Moderno, lo vi defender a Danilo Medina y condenar los ataques que desde el exterior dirigen al gobierno dominicano y al partido en el poder por el inadecuado manejo de la problemática haitiana, contribuyendo a fortalecer, quizás sin darse cuenta, a una deliberada política que viene desde la famosa sentencia 168-13 emitida por un grupo de tránsfugas políticos que conforman lo que se conoce como Tribunal Constitucional. Caballero: ¿Usted es oposición o es gobierno?.
Ningún dominicano debería dejarse manipular y desviar su atención respecto a la rampante corrupción pública, la falta de instituciones democráticas, los problemas de salud, educación, agua potable, pobreza, desempleo, inflación y falta de seguridad social, así como el enorme crecimiento del narcotráfico y la criminalidad en los gobiernos de esta corporación mafiosa denominada PLD.
Del año 2004 a la fecha, el PLD ha multiplicado por cinco la deuda externa. Y manteniendo casi los mismos salarios ha sabido, después de cada proceso eleccionario, de carácter nacional o de medio término, meternos múltiples reformas tributarias. Ha manejado más dinero que todos los gobiernos que de forma conjunta les antecedieron en la administración de las cosas públicas.
Pero el PLD no ha dado solución a un solo problema de los tantos que afectan a la sociedad. ¡Qué me señalen uno! Siempre hablan de las sobrevaluadas obras físicas construidas, que no han sido más que una fuente de enriquecimiento ilícito de los todopoderosos funcionarios y miembros del Comité Político, que hoy exhiben fortunas superiores a la de los Vicini y a la de los Corripio.
Mientras tanto la población se mantiene alarmada por la criminalidad y las constantes mentiras de la Policía Nacional, la cual ejecutó esta semana a un joven que supuestamente había robado una computadora portátil al periodista Marino Zapete, “al destruir con explosivos” la seguridad de una puerta de la residencia del comunicador.
¿Un ladrón de computadora usando explosivos? ¡Está raro eso! ¿Y por qué se le mata, cuando lo que procedía era apresarlo y escuchar su versión? Todo indica que, precisamente, se evitó su versión al eliminarlo físicamente.
¿Y está la Policía Nacional facultada constitucionalmente hablando para decidir sobre la vida de un ser humano? ¿Para qué el PLD elabora una Constitución que en su Art. 37 reza: “…el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Lo bonito del caso es que el presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no dice nada, pero tampoco el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, máximo líder de la Iglesia Católica y hombre que siempre llevó la voz cantante para oponerse, inclusive, al aborto terapéutico.
Estamos en un país donde se ejecuta a un infeliz por el robo de un salami o una computadora y la justicia (¡maldita justicia!) no dice nada, pero si sabe declarar inadmisibles expedientes acusatorios contra miembros del PLD que han cometido grandes desfalcos estatales. Los ejemplos están a la vista de todos.
El que le roba al Estado, hipoteca el país, muestra indiferencia ante la corrupción pública y toma dinero del Ministerio de Educación para hacerse un traje a su medida con la reforma constitucional no puede ser patriota. Tampoco puede ser patriota el que con su silencio se hace cómplice de la criminalidad policial y ha contribuido, en mayor o en menor medida, con el secuestro de las instituciones o poderes públicos.
La oposición tiene que concienciar a la población dominicana en torno a los problemas nacionales y atribuir la responsabilidad correspondiente, que es del PLD y el presidente Medina, que hábilmente traen por los moños el tema haitiano y culpan del mismo a Participación Ciudadana, a ONG y a la comunidad internacional.
La Constitución de la República es muy clara y hay leyes en materia de migración que el gobierno puede aplicarlas. Que no busque chivo expiatorio, porque particularmente la oposición, entiéndase el Partido Revolucionario Moderno, no ha metido al país a un solo haitiano, por lo que no debería permitirse la manipulación y la imposición de una agenda al margen de la verdadera problemática nacional.