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Haití abre quinta semana de protestas en contra del gobierno
PUERTO PRINCIPE (Prensa Latina).- Aunque con menos ruido que en jornadas anteriores, Haití abrió hoy su quinta semana consecutiva de protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise, en una de las crisis sociopolíticas más extensas.
Los manifestantes en la capital bloquearon algunas arterias, prendieron fuego a neumáticos, y como se ha hecho habitual paralizaron el funcionamiento de negocios, empresas, escuelas, administración pública y servicios.
Sin embargo, en otros departamentos las movilizaciones fueron más intensas, con las mismas demandas de dimisión del mandatario, en el poder desde febrero de 2017, y que en el último año enfrentó masivas protestas.
La víspera, artistas reunieron a decenas de miles de personas en Puerto Príncipe, en una multitudinaria marcha con ambiente festivo, al compás de la música tradicional haitiana, pero con un rotundo mensaje contra el actual gobierno.
«Hoy la oposición es toda la población: tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada», dijo el reconocido rapero Izolan, sobre un carro de carnaval donde alternó con otros cantantes y músicos.
Este lunes, sectores opositores divulgaron un nuevo calendario de movilizaciones para esta semana, que incluye levantamientos populares el jueves y viernes, además de jornadas de solidaridad con las víctimas.
Insisten además en rechazar el diálogo convocado por Moise, así como la reciente creación de una comisión mediadora.
Haití vive una fuerte crisis sociopolítica, que se ha radicalizado en el último mes, cuando cerca de dos millones de niños se mantienen lejos de las aulas en medio de los disturbios.
Los que están en las calles piden un cambio de sistema que vele por los intereses de las mayorías, y atienda urgencias graves como la inseguridad, desempleo, acceso a salud y educación, entre otros reclamos.
También acusan a Moise de estar implicado en supuesta malversación de fondos públicos, según un reporte del Tribunal de Cuentas, además de exacerbar la crisis económica del país.
Hasta el momento, cifras oficiales dan cuenta de unos seis muertos, aunque organizaciones de derechos humanos registran una veintena de víctimas fatales y cerca de 200 heridos.