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Fueron 3 las querellas llevadas a la CIDH contra R. Dominicana
SANTO DOMINGO.- En vez de una, fueron tres las querellas contra la República Dominicana ventiladas este lunes en Washington por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La primera se refiere a la «Situación de derechos humanos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias». Se trata de una denuncia presentada por los señores Genaro Rincón, Gregoria Corporán, Reemberto Pichardo Juan, Josefina Juan Vda. Pichardo, Manuel de Jesús Dandre y María Martínez.
La segunda, trató sobre la «Situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por política de desnacionalización». La querella fue presentada por el Centro Pedro Francisco Bonó, Solidaridad Fronteriza, Centro de Acción Social y Agraria (CEFASA) y Fundación Étnica Integral (FEI) / Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH) / Movimiento Socio-Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA), Colectiva Mujer y Salud , y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La tercera, versó sobre la «Situación de derechos humanos de las mujeres en la República Dominicana», Fue llevada a la CIDH la Colectiva Mujer y Salud, Red Mundial de Mujeres por los derechos Reproductivos (RMMDR), Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la Mujer (CLADEM), Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC).
Caso Juliana Deguis Pierre
Es una descendiente de haitianos supuestamente afectada por la «desnacionalización», el cual dio origen a una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que establece que no son ciudadanos de este país los hijos de extranjeros ilegales.
Tres abogados viajaron este domingo a los Estados Unidos a representar a Deguis Pierre en la audiencia de la CIDH. Son ellos Genaro Rincón, María Martínez y Manuel de Jesús Dandré.
Aunque la propia Juliana intentó viajar, las autoridades se lo impidieron argumentando que carecía de pasaporte.
La semana pasada el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, consideró que el Estado dominicano no debe asistir a dicha audiencia. En una comunicación que envió al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, señaló que en ese juicio se «estará montando un nuevo espectáculo ó escenario de presión en contra de la República Dominicana, para que el Estado ceda ante las pretensiones de varios organismos internacionales, que tienen orquestada una campaña de difamación en contra del país».
Pese al pedido del Presidente de la JCE, la Cancillería informó que la representación del país en la audiencia estará a cargo de la embajadora encargada del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rhadys Abreu Polanco, quien para tal fin viajó el viernes en la tarde hacia Estados Unidos.
Caso Medina Ferreira
En octubre de 2013 la CIDH celebró en México una primera audiencia contra la República Dominicana, basándose en una acusación hecha en esa oportunidad por un inmigrante haitiano que dijo llamarse William Medina Ferreras, de 47 años.
Medina declaró ante el organismo que vivía en el fronterizo municipio Oviedo, en la provincia Pedernales, y que a su casa llegaron a su casa militares y una supuesta funcionaria de Migración y lo detuvieron, acusándolo de «haitiano». Dijo que, pese a ser dominicano, junto con su familia, fue repatriado a Haití, donde tuvo que mendigar para sobrevivir.
Posteriormente, sin embargo, la Junta Central Electoral demostró públicamente que los padres y hermanos citados por Medina Ferreras ante la CIDH no eran tales. Por tal motivo meses después lo sometió a la Justicia y exigió una reparación de daños y perjuicios, provisionalmente evaluada en un monto total de RD$1 millón, así como la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
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