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¿Estado de derecho o Estado de privilegios?
Decía el gran novelista y dramaturgo sueco Henning Mankell, que por lo regular los escándalos judiciales que se producen en las sociedades, al menos sirven para destapar el invisible sistema de túneles construidos en los sótanos de la organización estatal, y para que lo que antes habían sido sospechas o imaginaciones sectarias, finalmente se pongan al descubierto. Que en realidad el poder real se ejerce en gran parte desde unos pasillos secretos, poco iluminados, lejos del control que se suponía que era la característica básica de un Estado de derecho.
El profesor alemán Claus Roxin, uno de los más importantes exponentes del derecho penal, se fue un poco más lejos, y dijo que cuando un Estado actúa delictivamente, sencillamente se convierte en otra forma de organización criminal, colocándose irremisiblemente de espaldas a su propia legalidad.
Es frecuente escuchar, ver y leer en la radio, en la televisión, en la prensa escrita dominicana y hasta en las redes sociales, un grupo de idealistas, ingenuos soñadores, a pesar de estar algunas de esas personas ligadas a las academias, pero sumergidas en su propio mundo platónico, de nobles intenciones que solo pueblan en su imaginación, afirmando que en nuestro país vivimos en un verdadero Estado de Derecho.
Para colocar en contexto el tema objeto de este artículo, veamos que dicen algunos expertos en otros países como México, acerca de lo que es o debería ser un verdadero Estado de derecho.
El Dr. Pedro Salazar Ugarte, investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), dice que un Estado de derecho es aquel que debe articularse a través de normas jurídicas, las cuales sirven tanto para organizar el Poder, como para articular las relaciones del Poder con los ciudadanos.
Otro investigador de la misma alta casa de estudios, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas, es de opinión que existen cuatro ideas claves que están detrás de la noción de un verdadero Estado de derecho, a saber: El Principio de división de Poderes, es decir, un Poder Legislativo como primer poder del Estado, un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial; Un Principio de Legalidad, por medio del cual todas las personas y las autoridades, deben estar sometidas a normas jurídicas; El Principio de independencia del Poder Judicial: Y finalmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos, porque, según el Dr. Gutiérrez Rivas, no se puede entender un concepto de estado de derecho, sin una concepción amplia de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, es decir, no solo reconocidos y garantizados para su protección.
Basta con tomar las cuatro ideas que propone el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas, para hacernos cuatro simples cuestionamientos a la realidad dominicana, e intentar subsumir esa realidad al concepto de Estado de derecho.
¿Tenemos efectivamente una división de los Poderes del Estado o una simple división formal reconocida en la Constitución Dominicana? La pregunta viene al caso, porque en plena campaña electoral del 2016, uno de los candidatos pedía el voto a sus seguidores no solo a él como candidato a la presidencia, sino también a sus Senadores y Diputados, pues la idea era lograr formar su Congreso, es decir, tener lo que se supone es el primer poder del Estado, al servicio del Poder Ejecutivo.
¿Vivimos en un Estado regido por el Principio de Legalidad, es decir, en donde todas las personas y las autoridades, están sometidas a normas jurídicas? Si así fuera, les recuerdo a los idealistas y soñadores, que por solo citar algunas, he aquí varias disposiciones legales (leyes), que pasan los años y el Poder Ejecutivo no cumple con ellas: La Ley que le asigna el 10% a los Gobiernos locales (alcaldías); La Ley que le otorga un % del Presupuesto al Poder Judicial: Y la Ley que le otorga otro % a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Sobre la independencia del Poder Judicial, la pregunta obligada sería: ¿Puede ser independiente un Poder Judicial, presidido por varios políticos haciendo las veces de jueces? ¿Puede haber independencia del Poder Judicial, cuando las altas cortes están repletas de otros políticos de reconocida trayectoria políticas, haciendo las veces de jueces? ¿Puede haber independencia del Poder Judicial, con un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) compuesto por seis activistas políticos, que junto con dos jueces de la SCJ, son los que nombran los jueces de la SCJ, del TC y del TSE? ¿Puede haber independencia del Poder Judicial, si el Procurador de la República, aunque el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, pero si es parte del sistema de Justicia, es nombrado por un compañero del partido, en este caso, el Presidente de la República?
Y, finalmente, en cuanto a los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿Se respetan irrestrictamente los Derechos Humanos (DDHH) y los Derechos Fundamentales en República Dominicana? Si fuera así, basta preguntarse si lo que le ha ocurrido al Peregrino de Moca y los jóvenes que fueron desplazados violentamente del frente de la Procuraduría General de la República, son signos de respeto a los derechos humanos. Sea usted el jurado.
Tomándole las palabras a Krufman, hay que estar deliberadamente ciego, para que alguien que viva en República Dominicana, observando el estado de cosas actual, pueda atreverse a decir que aquí sí vivimos en un verdadero Estado social democrático y de derecho. Claro, soñar no cuesta nada.
JPM
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