Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Entidad derechos humanos pide RD parar deportaciones masivas
Juan Soto y Karl-Anthony Towns son el rostro del deporte de NY
Licey vence a los Leones; Aguilas apalean a Gigantes en beisbol RD
San Juan gana campeonato nacional superior shiai de judo
SFM obtiene el primer lugar en gimnasia Estrellas del Futuro
Estrellas de Rubí revalidan título de softbol en el Clásico Navideño
RD y Haití: ayer y hoy
Mecanización del campo y la construcción
Día internacional contra la corrupción
Activismo permanente contra la violencia hacia las mujeres
Entidad estima Odebrecht debería pagar US$346 millones al Estado dominicano
SANTO DOMINGO.- La empresa brasileña Odebrecht debería pagar US$346 millones al Estado dominicano más el valor de las sobrevaloraciones en las obras que construyó en la República Dominicana entre 2001 y 2014, estimó la entidad Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM).
Afirmó que «las leyes dominicanas obligan al sobornador, en este caso Odebrecht, a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían 184 millones de dólares, a lo que deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato y los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos».
En ese sentido, manifestó que «el Estado dominicano debe reclamar por lo menos 346 millones de dólares más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y el costo financiero de estos valores».
Alegó que «los sobornos a funcionarios con al menos 92 millones de dólares ya han sido confesada por Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos, por lo que este no debe ser el punto a probar, sino quiénes fueron los destinatarios finales de esos fondos, sus intermediarios y el daño económico a la República Dominicana».
Opinó que «el sistema de impunidad prevaleciente en el país sólo comenzará a ser revertido en la medida en que la ciudadanía, las organizaciones sociales y los medios de comunicación mantengan un firme reclamo sobre un sistema político, atrapado por la corrupción, el clientelismo y el rentismo».
«La práctica generalizada de sobornos establecida por Odebrecht en 12 países, incluida relevantemente la República Dominicana, obliga a los poderes públicos, particularmente al Poder Judicial, el Congreso y los demás órganos de control, a investigar todos los contratos suscritos y ejecutados por esta empresa en el país, identificar a los que distribuyeron y recibieron los sobornos, reunir las pruebas pertinentes y someterlos a la justicia para que se aplique sin contemplación alguna el régimen de consecuencias correspondiente», subrayó en un comunicado.
Agregó que «la pretensión de ocultar los pagos por sobornos bajo el concepto de honorarios profesionales recibidos por representación comercial obliga a las autoridades a identificar en qué cuentas se recibieron tales valores y cuál fue su destino final».
«Sería absurdo que si la Odebrecht pagó comisiones legítimas, lo admita ahora como soborno, una práctica condenada en las legislaciones y tratados internacionales, y que, más aún, acepte pagar por ello una multa tan elevada como la acordada con la justicia de EE.UU», indicó.
Dijo que «las autoridades de la República Dominicanas deberían seguir el enérgico curso marcado por otros países donde ya la empresa brasileña se ha comprometido a devolver las sumas involucradas, y en el caso de Colombia, además, han sido identificados y apresados los receptores de la coima, que allí fue de 11 millones de dólares».
La IDEM está integrada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM-DR), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo (AEIH), la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), el Centro Bonó, Participación Ciudadana, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, Inc. (PROFAMILIA), el Centro Juan XXIII y la Fundación Probono, entre otras entidades.
jt/am