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Encuestas y manipulación
Cada vez más dependientes de las encuestas, los líderes políticos, tan pronto pasan las elecciones, retornan al mercado electoral cargados de propaganda, con el objetivo de aparecer en los primeros sondeos que publican los medios de comunicación.
La viabilidad de un político, para ser candidato, ahora la determina la lucrativa industria de las encuestas. Ella es la que certifica, sobre la base de sus posibilidades de competir y ganar las elecciones, si el candidato es rentable para recibir el financiamiento privado. Tanta es su influencia que cuando publican un sondeo, crean la falsa espectativa de que los comicios se celebran en ese momento y no cada cuatro años como establece la Constitución. Esa realidad convierte este negocio en el principal motivador y promotor de las campañas a destiempo que alteran la tranquilidad de la ciudadanía.
Cuando los sondeos se realizan con mucha anticipación de las elecciones, sin importar que los resultados sean producto de la manipulación, las firmas encuestadoras no arriesgan, necesariamente, su credibilidad, debido a que se escudan en su propia frase, que dice: “Los estudios de opinión son un retrato del momento en que se realizan”.
Del mismo modo, cuando definitivamente los sociologos no aciertan en sus pronósticos, como señala Del Rey Morató, recurren al concepto de la reflexibidad de las situaciones sociales, consistente en que el conocimiento de que es posible el triunfo de tal o cual partido, produce un efecto movilizador del voto a la contra, que termina por favorecer al que figuraba como perdedor. Es decir, la encuestadora nunca pierde, el que pierde es el candidato.
Debido a que nuestra anacrónica Ley Electoral no la regula, todos hemos sufrido la incertidumbre informativa de la guerra de las encuestas. La capacidad de inducción al voto de estos modernos actores de las campañas electorales, hace necesario que las encuestas sean reglamentadas, para evitar que afecten la integridad del sufragio.
En ese sentido, en una futura reforma se debe requerir que las firmas encuestadoras de los eventos políticos tengan la obligación de registrarse en la Junta Central Electoral y, en consecuencia, de actuar con transparencia al realizar sus sondeos, tomando en consideración la representatividad de las muestras, la calidad del cuestionario, el margen de error y, sobretodo, la neutralidad del encuestador.
La otra encuesta política importante es la que se hace a boca de urna, que pemite conocer los resultados de unas elecciones antes del escrutinio, al preguntársele al elector, al salir del colegio electoral, a quien favoreció con su votó. Este útil sondeo, que previene cualquier intento de vulneración de los resultados expresados en las urnas, se encuentra prohibido por el artículo 122 de la Ley Electoral que, para garantizar el secreto del voto, dispone que a nadie le es lícito bajo ningún pretexto, averiguar por cuales candidatos o en que sentido ha votado el elector, quien cuando da a conocer su voto, se hace reo de la comisión de un delito electoral castigable con prisión correccional de tres meses a un año y multa de dos a cinco mil pesos.
Transparentar los sondeos de opinión y permitir las encuestas a boca de urna, deben ser disposiciones imprescindibles en la esperada reforma electoral que algún día se producirá.