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El INTRANT
El populismo jurídico está de moda en nuestro país. Todos los problemas sociales quieren resolverse mediante leyes que se copian de otros países y se aprueban en el Congreso sin ser “aplatanadas” y sin los recursos económicos y humanos necesarios para su correcta aplicación. El problema de la República Dominicana no es de leyes, es de su aplicación rigurosa, es de la falta de voluntad política para implementarlas con todas sus consecuencias.
El mejor ejemplo es la ley 63/17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial que crea el “Instituto Nacional de Tránsito Terrestre” (INTRANT), con funciones extraordinarias y complejas para lo cual requiere de muchos recursos humanos y económicos.
La ley, sin embargo, aunque parezca inverosímil, no da esos recursos. Por el contrario, se los niega al entregarle el 75% de lo recaudado por las multas a la Procuraduría, algo insólito, y el otro 25% al Instituto. Nada para las alcaldías.
Sin personal bien preparados, con equipos modernos, salarios decentes, no 7 y 9 mil pesos como gana un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, (Digesett). Los antiguos “amemaos”, que siguen siendo lo mismo, no podrán hacer cumplir la ley. No tienen los recursos.
La directora del INTRANT es la ingeniera Claudia Franchesca de los Santos, con gran experiencia en el Estado, tiene la mejor disposición de hacer lo correcto, pero no tiene lo indispensable.
El INTRANT sólo tiene tres mil agentes en todo el país. Oigan bien: ¡Tres mil agentes! Imposible cubrir desde el “Gran Santo Domingo”, Santiago, San Cristóbal, Jimaní, Pedernales, Barahona, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Nagua, San Pedro, etc. ¡Una insensatez! ¡Una locura! Tres mil agentes mal pagados, peor entrenados. ¿Y a quién diablos se le ocurrió? ¿En que pasaban los vagos que aprobaron una ley que pretende regular el tránsito en un país con más de diez millones de habitantes y un parque vehicular superior a los 4 millones, incluyendo más de dos millones de motocicletas, la mayoría sin matrícula, seguro, licencia, etc.?
El INTRANT no tiene ni siquiera un presupuesto adecuado. El Estado le asigna -¡asómbrense!- menos de mil millones de pesos al año, mientras derrocha mil 500 en canastas navideñas y más de cinco mil millones en propaganda y bocinas. El Congreso, que tiene dinero hasta para echarlo al zafacón, se asignó para el año venidero otros mil millones de pesos. Pero para resolver el problema del tránsito no hay recursos. ¡Qué barbaridad! ¿En qué país vivimos?
La Policía Nacional tiene más de 34 mil miembros, la mayoría le sirve a funcionarios, congresistas, terratenientes, empresarios, periodistas, abogados, generales, coroneles, “segunda y tercera base” de esos señores, etc.; el Ministerio de Defensa registra 64 mil de los cuales el 50% trabaja en labores “no militares”. Un porcentaje muy alto de esos cien mil hombres y mujeres deberían estar al servicio exclusivo del INTRANT, para que sean útiles.
La ley 63/17 tiene que ser sustancialmente modificada; adaptada a la realidad dominicana.
Las alcaldías tienen que tener planes territoriales y de transporte para evitar la ausencia de parqueos en un trabajo mancomunado con el INTRANT. El ayuntamiento de la capital, por ejemplo, tiene que poner en marcha un plan que impida el doble parqueo en las calles, vías sean en una sola dirección, como en otras metrópolis. David Collado, como los demás alcaldes, tiene que recibir dinero de las multas. Los intereses de comerciantes, generales y funcionarios públicos no pueden ser un obstáculo al ordenamiento del tránsito.
La ingeniera Claudia Franchesca quiere hacer el trabajo que le han asignado; tiene planes muy ambiciosos y concretos que de aplicarse podrían resolver en gran medida los graves problemas del tránsito y la seguridad vial, pero no puede. Por más que quiera, no puede. No sin el personal adecuado, sin los recursos económicos indispensables, sin un régimen de consecuencias para los infractores, y sin la colaboración de la ciudadanía.