El gran negocio de venta de impuestos y sellos judiciales

EL AUTOR es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

Por DOMINGO PEÑA NINA
Fecha: 05/11/2020
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A raíz del cierre de los Tribunales del país debido a la pandemia del Covid-19 también se cerró la oficina de venta de impuestos y sellos judiciales ubicada en el llamado Edificio de las Cortes, detrás del Congreso en el Centro de los Héroes, también conocido como La Feria, que según entiendo pertenece a la DGII.

Pero después del reinicio de las actividades judiciales presenciales en los Tribunales, dicha oficina, inexplicablemente, permanece cerrada, a pesar de que el local que ocupa es suficientemente amplio y las empleadas están adecuadamente aisladas del público por un cristal grueso y bien elevado.

Este cierre ha dado lugar a una terrible complicación para los abogados que necesitan realizar cualquier trámite judicial que requiera, como casi todos, el pago de un impuesto y sellos judiciales.

Cuando se acude a depositar cualquier documento en la ventanilla de recepción general habilitada para recepción en todos los tribunales del país, después de examinar el o los documentos a depositar, el empleado solicita al abogado el impuesto y los sellos. Si el abogado no los posee le indican que debe llevarlos para poder recibir sus documentos, pero ante la pregunta sobre dónde se compran, el empleado dice ignorarlo, lo remite a una oficina de la Dirección General de Impuestos Internos o al vendedor que se encuentra en la acera.

Resulta, que para poder comprar estos impuestos y sellos en una oficina de la Dirección General de Impuestos Internos hay que hacer una cita por internet y esperar la fecha que se le conceda. Pero ese tipo de situaciones no cuenta para los Tribunales, que siguen aplicando la máxima de que “los plazos en justicia son fatales” y quien los viola, sencillamente pierde, porque sus acciones se declaran extemporáneas.

Ante esa situación al abogado no le queda más remedio que ir a la acera y llamar al vendedor que se encuentra allí y oferta los impuestos y sellos de manera cuidadosa y discreta, al igual que hacen los vendedores del mercado negro fuera de los estadios deportivos.

Normalmente, se necesita comprar un impuesto de veinticinco pesos (RD$25.00) y dos sellos de treinta pesos (RD$30.00) cada uno para cualquier solicitud de sentencia o depósito de alguna instancia. Pero el vendedor sin ninguna pena multiplica por diez (10) el valor del impuesto y de los sellos. De manera, que lo que normalmente cuesta setenticinco (RD$75.00) con el vendedor sale en la friolera suma de setecientos cincuenta pesos (RD$750.00).

Hay que sentarse para apreciar lo que esto representa cuando se requiere hacer muchas solicitudes de actos judiciales o depositar muchas instancias. Y lo peor del caso es que los clientes no saben ni entienden estas cosas, y los jueces menos. Cada acto exige el depósito de un impuesto y dos sellos y punto. Mientras no se presentan con los documentos no se ha depositado nada, y el tiempo sigue su curso.

Con una situación de ese tipo quise negociar con el vendedor callejero y pedir algún descuento, dado el número de impuestos y sellos que debía adquirir, pero el vendedor me dijo medio apenado, a manera de excusa: “Excúseme doctor, pero no puedo ayudarlo. Este negocio no es mío, yo solo cobro un sueldo. Yo soy solo el vendedor y tengo que vender al precio que me han establecido de antemano”. Ante una negativa tan rotunda no me quedó más que pagar la totalidad que me exigió el vendedor.

Estando ya en mi casa me dije: Pero ese es el negocio del 2020. Multiplicar por 10 lo invertido en solo segundos. ¿Y cuántos abogados por día se ven obligados a comprarle los impuestos y sellos a ese vendedor del mercado negro diariamente? ¿Y a quién pertenece dicho negocio? ¿Por qué el individuo no es apresado si ofrece sus productos abiertamente fuera del Edificio de las Cortes, si lo que hace es ilegal y con seguridad no paga ningún impuesto por sus grandes ganancias?

Y lo más triste del caso es que la misma historia se repite diariamente en las afueras de los tribunales en todo el país. Lo que no he podido establecer es si en cada ciudad surge un negociante independiente, o los “empleados” de las ciudades responden al mismo comerciante, cuyo negocio tiene ramales en todo el país.

Otras preguntas que me hice fueron: ¿Y qué pasará si alguna otra persona decide hacerle competencia? ¿Se lo permitirán? ¿Acaso no están enterados de esta irregularidad los jueces? ¿Lo ignorará el Presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Y si lo saben, por qué no hacen nada? ¿No es esto hacerse cómplices de esta tremenda irregularidad?

Tristemente comprendí, tras esta amarga experiencia, cómo las grandes desgracias sonríen a algunos que se enriquecen rápidamente con ellas a expensas de la explotación de los muchos, mientras que a otros, la gran mayoría, los llevan al extremo de la necesidad acorralándolos hasta doblegarlos y obligar a los más débiles, sintiéndose totalmente derrotados y hambrientos, hasta a quitarse la vida.

JPM

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ELVIA

4 Años hace

uff; esa practica es viejisima trabaje ennla procuraduria general de republica por varios años y eso existia; eso es una confabulacion y cadena empleados dgii y justicia y buscon. y nadie hace nada.

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