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El contubernio eléctrico
El Ministerio Publico ha reiterado que la licitación de la termoeléctrica de Punta Catalina estuvo libre de sobornos, aunque no así los prestamos aprobados para ella por el Congreso. Tal afirmación resulta dudosa porque las delaciones de los altos cargos de Odebrecht han establecido que hubo sobornos y sobrevaluaciones en las otras 17 obras construidas por esa empresa. Tal vez nunca se sepa la satánica verdad ni se castigue a los huidizos culpables. Pero en el sector eléctrico existen múltiples oportunidades de corrupción que conviene desvelar por los enormes costos que implicarían. El ciudadano podrá así decidir si el cacareado Pacto Eléctrico será suficiente y/o si procede la despolitización del sistema mediante su total o parcial privatización.
De una lectura de la Ley General de Electricidad No.125-01 y su Reglamento de Aplicación (https://www.sie.gob.do/images/sie-documentos-pdf/leyes/LeyGeneraldeElecctricidadNo.125-01.pdf) se pueden derivar las oportunidades de contubernio entre los funcionarios del sistema eléctrico y los agentes privados. Por falta de espacio, sin embargo, aquí solo identificaremos las reportadas por el rumor público en la interacción entre los organismos estatales y la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico. También otras instancias en que la administración de activos eléctricos estatales se presta a ilícitos (https://acento.com.do/2011/economia/3414-pelegrin-ve-contubernio-e-irreponsabilidad-en-sector-electrico/). Mientras el sistema eléctrico continúe siendo de propiedad mayormente estatal, la ciudadanía tendrá una imperiosa necesidad de supervisar y dar seguimiento a estas operaciones.
La aprobación de los proyectos privados de generación de electricidad por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) ofrece chances para los ilícitos. El rumor público ha reportado que en el pasado algunas aprobaciones de nuevos proyectos involucraron contubernios y, a pesar de que los controles han mejorado mucho, siempre será posible la manipulación de las aplicaciones para favorecer determinados intereses a cambio de coimas. En la CDEEE, por su lado, las oportunidades de ilícitos comienzan con los acuerdos a largo plazo de compra de la energía (los llamados PPA). La Ley 125-01 establece que se deben licitar esos acuerdos (Art.110), por lo cual el precio de compra no puede ser fijado discrecionalmente. Pero la CDEEE recién anunció que ofrecerá un PPA sin concurso para facilitar la conversión a gas de la planta antiguamente conocida como Cogentrix (https://www.diariodominicano.com/economia/2019/02/06/285498/cdeee-dara-contratos-a-plantas-que-se-conviertan-a-gas-natural y https://acento.com.do/2019/economia/8653590-la-fallida-convocatoria-firma-del-pacto-electrico-perseguia-legitimar-contratos-sin-licitaciones-dice-sector-social/). En los casos en que las distribuidoras (EDES) compran la energía en el “mercado spot” la competencia entre generadores es más transparente, siendo orquestada por el Organismo Coordinador (OC).
Respecto a los ilícitos de la generación/transmisión se ha reportado en el pasado que algunos generadores facturaban la energía a la CDEEE sin que tuvieran medidores. Hoy día la medición esta en manos del OC y se desconoce si todos los generadores están sujetos a medición y cuan adecuados son los medidores y su supervisión. Por otro lado, se dan oportunidades de contubernio en la concesión de permisos para la instalación de subestaciones de alto voltaje y en la concesión de tarifas especiales de la energía consumida. En la colocación de los transformadores para servir la energía residencial pueden también existir malos manejos para favorecer ciertos usuarios o territorios, aunque la misma naturaleza de las instalaciones no se presta para eso.
Poco conocido es el potencial fraude que significa el uso de ciertas líneas de transmisión para favorecer a determinados distribuidores o comercializadores privados de la electricidad. Aunque esa practica no es frecuente, su puesta en uso puede perjudicar a otros usuarios (https://listindiario.com/economia/2008/09/18/74132/ege-haina-tiene-planes-de-llevar-150-megas-para-el-este). Sobre el pago de los peajes correspondientes hubo controversia en la discusión del Pacto Electrico.
En materia de distribución existen múltiples oportunidades de contubernios donde hasta jueces se han visto implicados (https://www.7dias.com.do/portada/2015/02/09/i182006_procuraduria-electrica-presentara-querella-contra-jueces-santiago-por-obstruir-justicia.html#.XGnoU-hKiK8). Las pérdidas de energía de las EDES se clasifican en técnicas y no técnicas, siendo las primeras atribuibles al proceso de transformación, medición y transporte de la energía a través del uso de materiales y equipos y las segundas por deficiencias administrativas (https://egehaina.com/las-perdidas-de-energia-y-su-impacto-en-el-deficit-electrico-2/ y https://www.cne.gob.do/wp-content/uploads/2016/04/informe-nreca-analisis-tarifas-subsidios-sector-electrico-republica-dominicana.pdf). El presidente Medina recién dijo que las tres EDES pierden en promedio un 28.4% de la energía que distribuyen por diferentes razones (https://www.eldinero.com.do/49732/perdida-de-energia-el-eterno-rompecabezas-de-las-distribuidoras/). Una fuente consultada reporta que hoy día aproximadamente un 14% se debe a perdidas técnicas por posible deterioro de líneas y equipos, otro 10% por robo y el resto por falta de cobro. Es poco probable que en la atención a las perdidas técnicas pueda haber contubernio, pero siempre podrán cobrarse comisiones en la compra de equipos y materiales para subsanarlas.
En cuanto al robo de la energía el rumor publico reporta que las conexiones ilegales de los segmentos empobrecidos no son la mayor causa de los apagones a que estos se ven sometidos. De hecho el expresidente Fernandez una vez dijo que los pobres no eran responsables de los apagones sino los grandes consumidores (https://www.diariolibre.com/actualidad/leonel-acusa-empresarios-de-robarse-luz-elctrica-AYDL71345). Los mayores culpables serian algunos grandes usuarios que tienen conexiones ilegales toleradas por las autoridades (https://www.elcaribe.com.do/2014/05/20/sin-categoria/revelan-robo-energia-causa-deficit-1200-ano/ y https://desdelarepublicadominicana.blogspot.com/2012/09/barletta-corripio-y-vicini-implicados.html). Lo mismo sucede con la energía servida que no se cobra debido a una pobre gestión o por una confabulación entre el usuario y las EDES. También por los manejos de los subcontratistas de las EDES al no leer bien los contadores para favorecer a un usuario en particular.
En materia de comercialización lo más importante es la fijación, por parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE), de las tarifas por kilovatio hora para los diferentes usuarios. Hay básicamente tres segmentos de consumidores residenciales: de menos de 200 kvh de consumo, el de 201 a 700 kvh y el de más de esa cantidad. Hay otras segmentaciones para los sectores comercial e industrial, siendo este último el de mayor consumo. La fijación de la tarifa para los grandes consumidores es lo mas susceptible de propiciar algún contubernio con las autoridades de la SIE (o sus mandantes políticos). El otro renglón donde puede haberlo es en el establecimiento de planes de pago y en las condonaciones a los morosos.
También pueden darse contubernios en otras decisiones administrativas de las entidades que regulan y/o gestionan el sistema eléctrico (CDEEE, CNE, FONPER y SIE). El escandaloso caso de robos al FONPER, la entidad que gestiona los activos estatales de generación (https://hoy.com.do/fiscalia-investiga-denuncia-contra-dos-generadores-electricos/), permite suponer que una negligencia benigna de parte de esa entidad –en el cobro de los dividendos que le tocan al Estado por parte de las generadoras de propiedad mixta– podría ser muy bien recompensada. Otro caso de malsana administración se refiere al pago de altas tasas de interés por los atrasos en los pagos a los generadores por energía servida. Resulta escandaloso que se pague un 10 o 12% cuando los retornos a la inversión en dólares andan entre el 7 y el 10%. Pero algunos contratos de compra de energía incluyen estas provisiones. Por otro lado, las nóminas excesivas de empleados y los altísimos sueldos de algunos funcionarios y miembros de consejos de administración son otras formas de corrupción de parte de la clase política.
El subsidio eléctrico le costó al Estado la friolera de US$665 millones en el 2018. ¿Qué proporción de ese elevado costo se debe a la presencia siniestra del contubernio? ¿Es la propiedad estatal en el sistema eléctrico lo que más se presta al contubernio? ¿Se podría evitar con la privatización de la CDEEE? ¿Ayudaría la privatización a que el Estado cumpla mejor su rol normativo y de promotor, fiscalizador y regulador que le asigna el Pacto Eléctrico? ¿Podríamos confiar que después de la privatización de los activos los órganos reguladores actuarían con mayor pulcritud y honestidad? Estas con las interrogantes que el ciudadano común deberá responderse para, si deseamos acabar con el contubernio eléctrico, tomar una posición sobre la propuesta de privatización del sistema eléctrico.