El congreso "Hermanos Suárez"

SANTO DOMINGO, República.- Muchas
personas hemos entendido durante años que en República Dominicana el Código
Procesal Penal era un invento más de esos que se buscan algunos
«guruses» del patio en países europeos, sin tomar en cuenta que
nuestra realidad es diametralmente opuesta a las de esos países de los cuales
se han extraído los modelos, para ajustan como una camisa de fuerza a nuestra
sociedad, reflejando de ese modo la incapacidad de redactar legislaciones
acordes a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de pensar y nuestra realidad
jurídica, y prefieren realizar «copy paste» de legislaciones que en
vez de ayudar a revolver nuestros problemas jurídicos, los empeoran.

En
momentos en que la sociedad señala al Código como uno de los principales
protagonistas de la desbordante delincuencia que nos afecta, a pesar de los
esfuerzos que desde el Gobierno Central se realizan, conjuntamente con la
Policía y el Ministerio Público, deciden realizar una modificación a la pieza.

Nuestro
Congreso me recuerda un circo que venía al país cuando era niñ el «Circo
Hermanos Suárez», por lo chistoso que resulta semejante
desfachatez. Pero como casi siempre ocurre en la mayoría de los países con
una sociedad poco educada como el nuestro, se hacen intentos de socavar aún más
la maltrecha democracia que viven nuestras naciones, en este caso en
particular, el Congreso inicia la tan esperada modificación del Código Procesal
Penal, y como nunca pueden hacer algo que beneficie a las grandes mayorías que
los eligen, que les pagan y que sostienen el Estado, aprovechan, de manera
«camuflageada», para introducir una modificación en el artículo 85,
en el cual los ciudadanos no podrán «querellarse» contra los
funcionarios públicos.

Y
uno se pregunta por qué? Para qué? Tal vez la presión que tienen los fiscales
para someter ex funcionarios de su mismo partido es muy fuerte, al igual que
las pruebas, y al no poder hacer nada, prefieren quitarle esa presión a los
fiscales. (Es una hipótesis que nos formulamos).

Si
bien es cierto que el ciudadano común nunca se querella contra estos
funcionarios, que regularmente están ligados a partidos de oposición, con
intereses políticos, no es menos cierto que es anti democrático, abusivo y
hasta inmoral pretender cercenar derechos de este tipo en pleno siglo 21,
cuando las tendencias mundiales son empoderar las sociedades. Hemos visto lo
que ha pasado en Egipto, Siria, Venezuela etc., cuando se trata de arrancar
conquistas que el pueblo ha logrado con ardua lucha y sacrificio.

Es
imposible hablar de aumentar penas a los delincuentes pobres y aumentar
garantías a los delincuentes de cuello blanco, cuando es bien sabido que los
pobres delinquen, muchas veces, por la presión del entorno y la falta de
oportunidades.

En
sociedades como la nuestra, donde las clases políticas y empresariales sólo
piensan en enriquecerse de manera desmedida, provocan una erosión lenta de los
menos afortunado, pero segura.

Por
más que me expliquen que es un asunto de «morfosintaxis», que en la
Constitución dice «denunciar» y en el Código «querellar»,
pero que seguirá todo igual, no me convence del todo el argumento que se ha
querido plantear. Sin importar que mi preferencia política sea hacia el partido
de gobierno, por el que he dado todo, tengo que reconocer que lo que está mal
lo está, es por ello que hago un llamado al presidente Danilo Medina para que
no permita que eso pase así.

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