Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
JCE ultima detalles para el voto de los dominicanos en el exterior
Debate candidatos dominicanos
matizado por críticas y réplicas
Ucrania usa misiles largo alcance proporcionó EU para atacar Rusia
Candidatas vicepresidenciales expusieron planes este martes
Embajadora dominicana llama empresas RD a apoyar la ciencia
JCE: Tendrán derecho voto presos tengan nueva cédula y registrados
Duartianos ven “infame y falaz” informe EU sobre haitianos en RD
Amnistía Internacional también fustiga a RD por trato a haitianos
Toman posesión autoridades municipales elegidas en febrero
Dío Astacio asume como alcalde SDE y declara guerra a la basura
Democracia y representación ciudadana
Por EDWARD VERAS
La reforma constitucional y electoral contemplada como parte de la solución de la crisis pos electoral del 1994, nos arrojó como resultados la creación de las circunscripciones electorales, dividiendo en subregiones las grandes urbes y la implementación del voto preferencial para la elección de diputados. No fue hasta mayo 2002 que se puso en ejecución este sistema, ya que en 1998 se alegó la carencia de tiempo y recursos, por lo que se recurrió al antiguo esquema de listas electorales.
Con este cambió se apostó en el momento a una justa distribución de la representatividad, osea que regiones dentro de una provincia o sectores del antiguo Distrito Nacional, pudiesen presentar un mayor número de aspirantes a cargos en la cámara baja, obviando en la mayoría de los casos la bendición de las altas esferas partidarias.
La gran desventaja del nuevo sistema radicó en la pérdida de los valores ideológicos intrínsecos de los partidos en las posiciones del congreso, ya que las figuras que representan esa condición regularmente carecen de “carisma popular” para enfrentar candidaturas en una votación preferencial. Aunque la aplicación de la Regla de D´Hondt, (Victor D´Hondt, jurista y matemático belga) garantiza una justa distribución entre las entidades mayoritarias, el fenómeno antes descrito posee igual comportamiento en todas las agrupaciones.
Transcurridos tres procesos de votación preferencial, nos hemos dado cuenta que esa representatividad sectorial no ha sido tal como fue concebida, sino que sectores provenientes de los grupos económicos cuyas ganancias provienen de las fuentes más onerosas, oscuras y generadores de males sociales, se han alzado con el santo y la limosna en los repartos electorales de las elecciones congresuales y municipales. Por solo mencionar un ejemplo, sectores ligados directa e indirectamente a los negocios de bancas de apuestas y juegos de azar, poseen una abrumante mayoría de curules en el congreso, comparados con otros grupos que compiten por las mismas posiciones.
Para el próximo año no se vislumbra un cambio de panorama, ya que la coyuntura actual garantiza la totalidad de las plazas en la boleta a los actuales diputados y senadores. Estos a su vez llevan la ventaja de la experiencia o el “tigueraje” suficiente a aquellos que optan por la candidatura por primera vez o repiten en su aspiración tras una mejor suerte. Sin tener un resultado previo, el análisis matemático de D´Hondt plantearía que solo entre 35 y 50 diputados serían escogidos de los aspirantes que no ostentan la posición actualmente.
Las reformas consensuadas durante los años 2009 y 2010 sumaron la representatividad de la diáspora y la figura del congresista nacional, planteando esta última la posibilidad de las fuerzas minoritarias de obtener una curul. Esta opción se convierte en una trampa, en el hecho que solicita a la agrupación política no crear alianzas que garanticen su personería jurídica y que aspiren al 1% o más de la votación para acceder a un escaño. La experiencia del 2010 repartió los 5 diputados nacionales entre los bloques mayoritarios, ante la carencia de opciones minoritarias, por el riesgo que implica ir desatado de una opción gananciosa.
El sistema de reparto que plantea la ley electoral y la aplicación de la Regla D´Hondt contravienen con una justa representación alusiva a la votación. Un ejemplo que muestre este caso el de un candidato que podría obtener una cantidad considerable de sufragios en una circunscripción yendo como candidato en un partido pequeño, mas sin embargo no saldría ganancioso si su partido no obtiene la cantidad de votos suficientes para obtener un escaño. Los resultantes ganadores de partidos mayoritarios podrían ser electos con una votación menor a nivel preferencial. Este esquema no garantiza el deseo de la mayoría votante como principio universal de derecho.
Un sistema más justo, en una posible reestructuración de la ley electoral, sería eliminar el vínculo o arrastre mutuo que poseen actualmente las boletas de candidatos a senador y diputados de un mismo partido. Por igual, podría plantearse las candidaturas uninominales en los que los ciudadanos puedan acceder a una candidatura por la agrupación política a la que pertenezcan u optando a la figura de candidaturas independientes.
Si tomamos el esquema actual de la elección a la cámara de representantes (diputados) en Estados Unidos, tanto los partidos reconocidos como figuras independientes, se presentan por una única curul en un mismo distrito electoral. En estos casos la imagen del ciudadano candidato pesa más que la militancia irrestricta y el arraigo partidario.
En ese esquema propuesto, la circunscripción electoral podría reservar una cuota a la competencia individual, garantizando así que grupos empresariales, sindicales, gremiales, deportivos, culturales, religiosos, campesinos, de otra índole y ciudadanos de alta credibilidad, pudiesen optar por representación congresual, sin la necesidad de ir en boletas comprometidas con agrupaciones políticas que ideológica o moralmente no los representen.
Una fórmula similar podría ser contemplada a nivel municipal, tanto para elegir alcaldes, regidores, presidentes de juntas distritales y vocales. Esa representación resultante apartidista serviría de contrapeso a los acuerdos coyunturales, que en la mayoría de casos solo representan reparto de candidaturas, cargos en el tren estatal, contratos grado a grado de ofertas de bienes y servicios e impunidad ante casos de corrupción.
En el futuro, nuestra sociedad agradecería una reforma de esta índole que pondría cierto freno al avance desmedido de la desaparición de nuestras estructuras sociales, suplantadas por el reparto ignominioso del poder y los antivalores que emergen en la sociedad dominicana con el auspicio de la clase política actual y en contubernio con los poderes fácticos beneficiarios de las inequidades sociales.