Delincuencia y Derecho

Los teóricos del Constitucionalismo afirman que un Estado de derecho es aquel que se articula a través de normas jurídicas, es decir, en donde ha de prevalecer el imperio de la ley, y que descansa básicamente en el respeto a cuatro ideas fundamentales, es decir, al principio de separación e independencia de los poderes, al principio de independencia del Poder Judicial, al principio de legalidad, y a los derechos fundamentales.

 Sin embargo, cuando el Estado de Derecho en un país como el nuestro no es otra cosa que una mera ilusión de un grupo de neo idealistas llamados constitucionalistas, y que persiste en alardear que es el único con competencia para hablar y definir sobre el llamado neo constitucionalismo, muy a pesar que en la realidad esa concepción apenas llega a convertirse en un análisis formal de lo que debería ser, y que por lo tanto realmente solo encuentra cabida en las mentes de dichos ilusos, el Estado de derecho sencillamente es una simple aspiración que aún se encuentra muy distante de su concreción en el caso de nuestro país.

Es decir, cuando sencillamente éste no funciona, es claro que dicho Estado corre el riesgo que tal proyecto aspiracional, termine siendo suplantado por un Estado de Policía, como resultado de la incapacidad del propio Estado de dar respuesta a los ciudadanos frente a la creciente ola de crímenes y delitos que se registran cotidianamente en todo el territorio nacional, lo que confirma la ausencia del imperio de la ley, y que irremediablemente provoca que la gente termine indefectiblemente tomándose la justicia por cuenta propia.

 Ello podría, sin proponérselo el Estado, a lo mejor presionado por opinión pública o como consecuencia de una aclamación popular, a dar lugar a la probable implementación de un conjunto de medidas con vestigios claros de lo que conocemos como Derecho Penal del Enemigo, que aunque no debería ser la opción más idónea en la era de los derechos humanos, excepcionalmente podría irrumpir en el escenario del país, una política pública que dé una respuesta contundente a la creciente ola  delincuencial que en los últimos años se han desbordado de tal manera, que ya los ciudadanos afirman en los principales estudios de medición (encuestas), que la inseguridad es su principal problema, y que por lo tanto reconocen el tremendo temor que le provoca tener que salir a transitar a las calles de la República Dominicana, de las cuales la inseguridad es su principal característica.

 Hay quienes afirman que éste derecho (Derecho Penal del Enemigo), probablemente no es la panacea para enfrentar el fenómeno delictivo, pero todo luce indicar, que si la sociedad dominicana no percibe que la autoridad no logra detener la creciente delincuencia en las calles del país, tendrá entonces el Estado que perseguir selectiva y anticipadamente, a uno de sus más peligrosos enemigos, es decir, los delincuentes comunes, sin que esto excluya, por supuesto, los delincuentes de cuello blanco.

 Que vulnera eso (persecución selectiva y anticipada de delincuentes reconocidos e identificados) el Principio de Legalidad, sí, eso no está en discusión. Pero la pregunta que se hace por lo regular la mayoría de los ciudadanos es: ¿En nombre de ese Estado de derecho y del respeto al principio de legalidad y los derechos fundamentales, vamos a permitir que grupos delincuenciales hacinados en los sectores más marginados de la sociedad dominicana, logren formalizar como un empleo normal, el salir cada día a las calles de la República Dominicana a atracar y hasta a darle muerte a otras personas, ya sea por paga o para despojarlas de sus pertenencias?

 Es decir, ellos sí (los delincuentes) pueden operar dentro de un estado de ilegalidad, saliendo cada día a las calles a desempeñar lo que ya han hecho su oficio cotidiano, que no es otro que quitarle violentamente las pertenencias de los ciudadanos que en ellas transitan, o lo que es peor, por paga (Sicariato) dedicarse  a abreviarle la  vida a cualquier ciudadano, mientras el Estado no, porque éste último es garante también de los derechos tanto de víctimas como victimarios. Qué ironía!

Quiere decir, que si un sicario logra asesinar diez personas, y de repente es capturado por cualquiera de las agencias de seguridad del Estado, hay que garantizarle sus derechos, muy a pesar que éste (El Sicario) no lo hizo con sus diez víctimas. La vida es el bien más preciado del ser humano, y el Estado debe garantizarlo, pero los sicarios generan precisamente dinero con la afectación de ese bien jurídico, por lo que entiendo que la política del Estado frente al crimen, debe enfrentarse desde la misma óptica del delincuente, es decir, si éste no respeta dicho derecho humano, porqué tiene que hacerlo el Estado.

 Lo irónico de todo esto es, que tan pronto un delincuente termina siendo apresado, después quizás de haber asesinado una decena de personas y de haberle despojado de sus pertenencias a otras tantas, como su objetivo delincuecial no es precisamente salir de la pobreza, el Estado le facilita gratuitamente, para ejercer su derecho de defensa, un Defensor Público, el mismo que es pagado con parte de los impuestos que probablemente pudieron haber pagado sus propias víctimas, es decir, estamos admitiendo que las víctimas, les guste o no, terminan contribuyendo en la financiación de los costos de los procesos judiciales que se les lllevan a cabo a sus propios verdugos.