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En la anterior entrega se vieron los aspectos relativos a los Antecedentes, el Consorcio y la Licitación de la termoeléctrica de Punta Catalina. En esta se cubre el Precio, el Financiamiento y la Terminación de la Obra. Al finalizar se presentan los enlaces a una diversa documentación sobre el sistema eléctrico.
PRECIO
Uno de los expertos aseveró que la planta base no debe costar más de mil millones de dólares, pero que a eso hay que añadirle todo lo demás (incluyendo equipo para aminorar las partículas emitidas por la operación de la planta y el valor del puerto por US$90 millones, es decir, un 58% más). El contrato EPC debió ser del tipo ¨Suma Fija Llave en Mano¨ (Lump-Sum Turnkey en inglés), pero al no serlo da pie a que el contratista pueda hacer reclamaciones por gastos adicionales. Algunos analistas han afirmado que Punta Catalina esta subvaluada, pero eso no resulta ser cierto puesto que el sector privado, a quien el Presidente Medina le ofreció participación durante una comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, no se ha mostrado interesado y eso es señal de que no es un buen negocio al precio oficial.
El Comité de Licitación evaluó el precio ofertado comparándolo con el costo de otras plantas similares en EEUU. La comparación se hizo sobre la base de un precio final de US$1,945, después que el Presidente Medina pidiera una rebaja de US$300 millones al contrato EPC aprobado por el Congreso de US$2,040. (La rebaja de US$95 millones fue hecha a cambio de que se les exoneraran todos los impuestos.) La base de la comparación fue el precio nivelado de energía de una planta modelo en los EEUU. Pero eso no es comparable con la oferta de Odebrecht porque ese precio incluye todos los costos del dueño (terrenos, financiamiento, costos de los estudios, costos de la consultora que supervisaría la obra, seis meses de gastos pre-operacionales, etc.). Esa comparación espuria es el origen de la sobrevaloración, la cual un experto la estima entre un 15 y un 20% y otros la sitúan entre US$400 y US$600 millones. Por lo menos un experto visualiza un eventual costo total de la planta de US$3,500 millones.
La otra razón para sospechar sobrevaloración es que no hubo una valoración por partidas sino por el total del costo global y eso no procede por las razones antes vistas. Solo para hielo y comidas se presupuestó unos US$80 millones, algo inexplicable. Pero también se aduce que las comparaciones no incluyeron el costo unitario por mega sobre la base de una generación de 674.78 megas; la comparación es con el monto de placa (752 megas) y eso no debe ser así. En el Informe de la Comisión se cita que Proyersa (https://www.proyersa.cl/en/index.html), una empresa de mucho prestigio a nivel mundial, dice que una planta como la de Punta Catalina no debe costar más de US$2 millones por mega.
Un error que señalo la Comisión Especial es que los pagos de los hitos se hacían sobre la base de un costo total EPC de US$2,040 millones y no sobre el contrato de US$1,945. Según uno de los entrevistados, documentos solicitados a la CDEEE sobre los gastos dan cuenta de que se pagaron hitos no contemplados en el contrato EPC por más de US$220 millones, a lo que debe sumársele los ¨costos del dueño¨. Esos costos llevarían el costo total a unos US$2,500 millones.
En el caso de la sobrevaloración la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC) no ejerce sus funciones, el Procurador General de la Republica (PGR) dice no tiene competencia y la Cámara de Cuentas solo la hará después que esté terminada la obra. No es cierto que la Cámara de Cuentas tenga que esperar a la terminación ya que la Ley 10-04 la faculta a realizar la auditoria en cualquier momento del desarrollo de la obra. Aunque no tenga la independencia ni las capacidades técnicas para hacerlo, si puede hacer una licitación para contratar una firma que la haga. La institucionalidad en el país está secuestrada y por eso se evita que la más importante obra de Odebrecht sea investigada.
Por otro lado, Existen indicios de que hubo sobornos, sobrevaloraciones y financiamiento de la campana electoral, no solo en este país. La PGR debe profundizar sobre las sobrevaloraciones y el financiamiento ilegal de la campana electoral. Además, tiene que imputar a otros y no quedarse con los encartados hasta ahora. ¿Cuáles son los resultados del Acuerdo de Homologación? Uno de los compromisos de la empresa en ese acuerdo era identificar los que recibieron sobornos y los medios de pago. Se necesita un acompañamiento técnico para que el Ministerio Publico pueda hacer su trabajo cabalmente.
FINANCIAMIENTO
En el punto 14 de las Bases de Precalificación se especifica que el ofertante debía entregar los documentos que evidenciaran que había conseguido un financiamiento de un 80% del valor del contrato EPC, lo cual se preveía que sería suministrado por el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de Brasil. Aunque el deudor final sería el Estado Dominicano, Odebrecht gestionó un financiamiento con el BNDES por US$650 millones –el cual fue previamente aprobado por el Congreso Nacional mediante el soborno a dos legisladores, según reporto la PGR– y otro con un pool de bancos europeos (SACE) por otros US$650 millones condicionados por los desembolsos del BNDES.
Como posteriormente explotó en Brasil el escándalo de Lava Jato, el BNDES bloqueó los financiamientos comprometidos en todos los países involucrados en el escándalo de Odebrecht y, en consecuencia, no pudo suministrar los fondos asignados a la planta de Punta Catalina. También quedaron congelados los desembolsos de los bancos europeos.
Esta suspensión de estos contratos de préstamo sumió al proyecto en una indefinición que provocó una dilación de casi un año en vista de que el escándalo internacional impedía que Odebrecht consiguiera otros financiamientos. Odebrecht debió, ante tal situación, conseguir otros financiamientos para cumplir con lo especificado en las Bases de la Precalificación. Pero no lo hizo. Esto llevó a que el Gobierno exonerara a Odebrecht de la obligación de conseguir el financiamiento y, en el contrato EPC subsecuente, se especificó que el consorcio solo tenía la obligación de colaborar con el Gobierno en su búsqueda. De ahí que en lo adelante era el Estado Dominicano quien debía procurar ese financiamiento.
Se reporta que el Banco de Reservas ha abierto una Línea de Crédito por US$300 millones para la planta y que ha dado otros US$600 millones en créditos a Odebrecht. La garantía para este último crédito fue un ¨factoring¨.
La dilación que esto provocó ha acarreado altos costos al Estado Dominicano, pero los mismos no le han sido reclamados a Odebrecht. El Gobierno buscó posteriormente que el Congreso Nacional aprobara una autorización para vender bonos soberados en el mercado internacional por US$600 millones a fin de reemplazar los fondos que hubiesen provenido del BNDES. (De eso se ha colocado US$500 millones a la fecha.) La Comisión Especial que examinó la licitación y adjudicación de la planta señala en su Informe que el Gobierno deberá rescatar los US$6.5 millones que pagó de comisión del préstamo del BNDES puesto que el mismo no fue desembolsado.
TERMINACION DE LA OBRA
De acuerdo con las últimas declaraciones del principal ejecutivo de la CDEEE la primera de las dos plantas entraría en operación en diciembre del 2018. Dijo, además, que un 98% de las obras de ingeniería están completadas, un 96% de la procura y un 50% de la construcción, por lo que en promedio hay un 78% de la obra completada (lo cual implica una inversión ya hecha por el Estado Dominicano de US$1,500). Sin embargo, de acuerdo al contrato EPC la primera planta debió entregarse el 7 de agosto de 2017 y la segunda el 7 de octubre. Ante el predecible incumplimiento, el consorcio deberá pagar compensaciones al Estado Dominicano. Además, el Presidente Medina dijo ante el Congreso el 27 de febrero del 2017 que la entrada en operación de las plantas le ahorraría al Estado unos US$441 millones, por lo cual el consorcio puede ser demandado por el ¨lucro cesante¨ generado por la dilación en la entrada en operación.
Deberá, por otro lado, tenerse en cuenta que el contrato EPC establece la posibilidad de ¨reclamos del contratista¨ porque el contrato es ¨llave en mano¨ pero no ¨llave en mano, suma fija¨. De manera que Odebrecht puede tener bases legales para reclamar sobrecostos.
Existe unanimidad de criterio de que la planta hay que terminarla. Donde no hay consenso es en si el consorcio contratado debe ser quien la termine y algunas voces han recomendado una administración secuestraria. Pero según uno de los expertos, es riesgoso ir a los tribunales, aunque ahí la acusación se basaría en el cohecho y la violación al convenio de la Cámara de Comercio Internacional. La Comisión Especial, por su lado, especificó que cada mes de atraso del proyecto le costará al Estado unos US$25 millones. Otro de los expertos ha declarado que no debe contemplarse una reconversión a gas de la planta porque sería demasiado costosa y que la planta debe terminarse tal y como ha sido diseñada.
jpm